‘Lawfare’, palabra nueva para idea vieja

Políticos y periodistas usan en estos días el anglicismo lawfare haciendo ver que lo conocen de toda la vida. Esta palabra se forma mediante una contracción de law (ley) y warfare (guerra), por lo que alguna vez se ha traducido —mal— como “guerra legal”.

Nunca se había mencionado en EL PAÍS hasta 2014, cuando se citó un blog jurídico de EE UU que se llamaba así. Reapareció en 2016, con 3 referencias al proceso contra Lula da Silva; 2 de ellas, en portugués (edición de Brasil). Y se definía como “el uso de leyes y procedimientos jurídicos como arma de guerra”.

En todo 2017, lawfare aparece 4 veces, todas ellas sobre Lula y en la lengua portuguesa. Los registros bajan a 2 en 2018, en sendos artículos de opinión, también sobre Lula; y ambos ofrecen ya definiciones mejores: el brasileño Leonardo Boff habla de “interpretación distorsionada de la ley que el juez practica para perjudicar al acusado”; y la alemana Herta Däubler-Gmelin, de “ocultación de un combate político mediante abuso de los instrumentos jurídicos”.

En 2019 el anglicismo se menciona 18 veces: 14 de ellas en referencia a Lula (8 en portugués); y el resto por causas contra el francés Jean-Luc Mélenchon, la argentina Cristina Fernández y el abogado Gonzalo Boye. Este último texto (21 de octubre) aporta la primera referencia histórica a un caso español. La noticia da cuenta de que Boye, letrado de Puigdemont, es investigado por blanqueo de capitales, sin relación alguna con el procés; y el texto incluye este tuit del expresident: “Lawfare (guerra jurídica) a todo trapo”. Por tanto, Puigdemont fue quien trajo a un ámbito español ese término, siempre según la base documental de EL PAÍS desde 1976. Y también su mala traducción.

En 2020, el vocablo baja a 11 casos, casi todos referentes a Brasil y Argentina. Los mismos que en 2021, cuando parece prender ya en el ámbito de Podemos a raíz de la persecución judicial que sufrió Victoria Rosell. La noticia sobre una mesa redonda celebrada en Madrid en torno a ese asunto define lawfare como “persecución política por vías judiciales”. Y se repetirá en otra pieza, sobre la condena contra el diputado de ese grupo Alberto Rodríguez.

En 2022 la curva sube a 20 ocasiones, 5 de ellas relativas a Cataluña pero todas en defensa de Laura Borràs (una corrupción también ajena al procés).

Y en lo que va de año 2023, la cifra se dispara a 50 casos, 13 en la última semana (17 referidos a Cataluña, 9 a Borràs, 4 a Lula, 7 a Argentina, 1 a Podemos y 13 a otros). El Observatorio Lázaro, que cuenta anglicismos en 22 medios españoles, ha anotado una frecuencia de 6.933 apariciones por millón de palabras en el último mes, el triple de lo habitual desde 2020.

¿Cómo hemos podido vivir sin esa palabra hasta hace nada? ¿Cómo se denominaron las extralimitaciones de los jueces Gómez de Liaño, Serrano, Calamita o Alba? ¿Y qué tipo penal se aplicaría a quien incurriese en lawfare? Pues seguramente el del artículo 446 y siguientes del Código Penal, que abordan la prevaricación. Eso sí, aquí con intención ideológica.

Por tanto, el párrafo del acuerdo Junts-PSOE que contiene tan eufemístico vocablo diría, traducido a un español más inteligible: “Al aplicar la amnistía, se tendrá en cuenta lo que establezcan las comisiones parlamentarias cuyas conclusiones describan casos de prevaricación política o abuso judicial”. Sin embargo, ay, se explica luego lawfare como “judicialización de la política”, y eso ya es otra cosa: lo que ocurre cuando a unos políticos les da por delinquir.

Parece que Puigdemont colocó su palabra, pero le cambió el sentido.

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