Se ha dejado de exigir las condiciones mínimas para el desempeño de cargos institucionales

Presidir una asamblea legislativa de cualquier tipo (nacional, autonómica) supone asumir una responsabilidad institucional importante. Son figuras que representan a los ciudadanos en su conjunto, bien como segunda autoridad del Estado, bien como segunda autoridad de la comunidad, y, hasta ahora, unos y otros han procurado que llegaran a ese puesto personas con acreditada capacidad de diálogo, sensatez y habilidad política. La norma se rompió en su momento en Cataluña y se ha roto ahora, de manera estrepitosa, en las Cortes de la Comunidad Valenciana y en las Cortes de Aragón, con dos personas, Llanos Massó y Marta Fernández, respectivamente, que no reúnen las condiciones mínimas para el cargo, no porque sean militantes de Vox, sino porque han vertido reiteradamente expresiones sumamente imprudentes, faltas de juicio, claramente contrarias al espíritu y la letra de la Constitución e, incluso, insultantes con respecto a sus oponentes políticos.

Sorprende que el Partido Popular, que asegura mantener la defensa institucional por encima de todo, haya permitido que personas con semejante historial y talante ocupen puestos tan relevantes para la estabilidad y la convivencia democrática. Sorprende que el Partido Popular valenciano, en concreto, que tanto debería hacer para intentar recuperar el prestigio perdido en años de corrupción (quien fue presidenta de las Cortes valencianas entre 2007 y 2011, la popular Milagrosa Martínez, fue condenada en 2017 a nueve años de prisión) no haya intentado, al menos, comportarse con un mínimo de respeto a las reglas políticas y sociales.

Es difícil imaginar que semejantes componendas se hayan podido llevar a cabo en Aragón o en la Comunidad Valenciana sin el acuerdo del propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que, mientras no se demuestre lo contrario, controla lo que sucede en el PP, más aún en periodo de campaña electoral nacional. Sería triste que la ambigüedad que ha demostrado en todo este proceso sea el prolegómeno de componendas parecidas, llegada la ocasión. Un mínimo de respeto por políticos conservadores que ocuparon en el pasado con integridad la presidencia del Congreso de los Diputados (Fernando Álvarez de Miranda, Landelino Lavilla, María Fernanda Rudi, Jesús Posada, Ana Pastor…) debería llevar a Alberto Núñez Feijóo a comprometerse a que, bajo ningún concepto, caso de ganar las elecciones, permitirá que llegue a la presidencia de las Cortes españolas nadie que no presente el imprescindible historial de respeto por sus oponentes políticos y que el Partido Popular exigirá en los Parlamentos valenciano y aragonés la inmediata dimisión de las señoras Massó o Fernández si no son capaces de controlarse y comportarse con la suficiente responsabilidad o capacidad. Es decir, si vuelven a hacer públicas manifestaciones semejantes y no se mantienen calladas en todo lo que no sea el estricto cumplimiento de su función. A partir del momento en el que han tomado posesión, el PP es el principal responsable de su desempeño y será Núñez Feijóo quien deba responder personalmente por su respeto institucional.

La actual forma territorial del Estado en España es el fruto de un largo y complejo proceso de construcción. Las comunidades autónomas han experimentado cambios y transformaciones con variadas reformas estatutarias y con la llegada a sus asambleas legislativas de nuevos partidos y ofertas electorales, pero, en todo caso, esas asambleas han sido, y son, la institución estatutaria básica de las comunidades. El Estado autonómico configurado en la Constitución requiere de su función y de su vitalidad. Es en esas asambleas donde se aprueban los presupuestos y se deciden las partidas que se van a destinar en cada comunidad a sanidad, educación, medio ambiente o urbanismo. Si los constructores no levantan edificios en las Hoces del Cabriel o en el Monasterio de Piedra no es porque no lo anhelen, sino porque se lo prohíbe, antes que nada, una ley autonómica. Que presidan las asambleas legislativas de las comunidades personas que no creen en las vacunas, que ignoran el cambio climático y el efecto que va a tener sobre los megaincendios forestales o que desprecian a los homosexuales y niegan a las mujeres el derecho al aborto no es algo inane, porque son esas personas las que van a dirigir los debates y garantizar la buena marcha de los trabajos. La degradación de la esfera pública ha alcanzado en la Comunidad Valenciana y en Aragón un nivel inquietante.

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