Una simple visita al archivo

“No confío en nadie. Ni en mí mismo”. Quien decía esta terrible frase era Josef Stalin, responsable de una de las dictaduras más criminales del siglo XX. Las sociedades democráticas necesitan, bien al contrario, relaciones de confianza, es más se estructuran sobre la confianza de los ciudadanos en las instituciones que crearon para su vida común. Confianza en que van a funcionar de acuerdo con unas reglas conocidas que se aplican en el interés general. Por eso resultó tan desmoralizadora la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ante el Congreso de los Diputados del pasado 23 de marzo.

La persona que preside el organismo que trata de evitar que las grandes empresas se salten esas reglas en beneficio propio y perjuicio del ciudadano vino a decir que las Administraciones públicas no están aplicando la prohibición de contratar a empresas sancionadas y que la Audiencia Nacional suspende sistemáticamente todas y cada una de las sanciones que impone la CNMC a esas grandes corporaciones. Imposible hacer frente al enorme poder de esos conglomerados, explicaba en estas mismas páginas Andreu Missé.

Todo venía a cuenta de la decisión de esa Audiencia Nacional de suspender la multa de 203 millones de euros impuesta a las seis principales empresas constructoras de España (Acciona, Dragados, Ferrovial, OHL, FFC y Sacyr) por ponerse de acuerdo, durante 25 años, para cobrar de más en la construcción de carreteras, hospitales, colegios, etc.

No hace falta ser experto para intuir que pactos que duran 25 años deben ser muy beneficiosos. Lástima que esos beneficios sean, en opinión de la CNMC, robos de guante blanco. Tanta prisa que se da el Congreso en modificar el Código Penal en determinados casos y qué poca en revisarlo para impedir que los tribunales suspendan y anulen el castigo, leve castigo, a los individuos responsables de estos blanquísimos y permanentes acuerdos.

Porque no se trata de casos aislados. Una breve visita al archivo de EL PAÍS muestra el tamaño del problema. Además del dossier de las mayores compañías constructoras, resulta que en 2022 el Supremo anuló dos multas a Repsol y Cepsa por escasa competencia en el precio de los combustibles en las estaciones de servicio.

La CNMV hace lo que puede, pero con escaso éxito: en 2019, sancionó con 119,1 millones de euros a 15 empresas por compartir, durante 14 años, contratos de Adif por más de 1.000 millones. Ese mismo año, ocho empresas lácteas fueron multadas con 80,6 millones de euros por prácticas anticompetitivas en perjuicio de los ganaderos. Entre los sancionados, Danone y Nestlé.

También en 2019 se desarticuló otro cártel de 19 empresas de montaje industrial, entre ellas Duro Felguera, ACSA y Atrian, por encarecer los servicios prestados a otras empresas. En 2018, CaixaBank, BBVA, Santander y Banco Sabadell fueron sancionados con 91 millones de euros por ofrecer derivados de tipo de interés en condiciones distintas a las acordadas con los clientes. Y se multó con 68 millones de euros a nueve empresas de mensajería y paquetería por crear un gran cartel para repartir clientes empresariales

Renfe y Deutche Bahn (portal de billetes de tren) fueron sancionadas en 2017 con 75,6 millones de euros por obstaculizar la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril. La Comisión desarticuló ese mismo años cinco cárteles integrados por 11 empresas que fabricaban y distribuían cables eléctricos y que fraccionaban proyectos.

En 2016, los fabricantes de compresas para la incontinencia urinaria en adultos fueron sancionados con 127,8 millones de euros por fijar el precio de venta de los pañales al Sistema Nacional de Salud entre 1996 y enero de 2014.

La segunda mayor sanción impuesta hasta ahora por la CNMC, en 2015, con 171 millones de euros, fue para 21 empresas de automoción por compartir información para evitar aplicar descuentos para atraer compradores. Casi todas las marcas de coches fueron sancionadas, salvo Seat y Volkswagen, que fueron los delatores.

Entre los sancionados, muestra el archivo, son asiduos ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, que ya en 2015 fueron multadas con 98 millones por repartirse contratos de saneamiento urbano. La señora Fernández puso al tanto al Congreso de todo esto. ¿Se puede confiar en que harán algo?

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