Cántala, báilala, fírmala

“Cántala, báilala, fírmala”… Durante varios meses cientos de voluntarios cantaron, rapearon y bailaron por las calles de las ciudades españolas pidiendo la firma para una iniciativa legislativa popular (ILP), requiriendo al Congreso de los Diputados la regularización de las cerca de 500.000 personas, un tercio de ellas menores, que se encuentran en situación administrativa irregular, es decir, que son inmigrantes “sin papeles”. Las firmas, más de 612.000, se entregaron en febrero y desde entonces la ILP, convertida en una proposición no de ley para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, se encuentra parada en la Comisión de Trabajo del Congreso (afortunadamente se evitó que fuera a parar a la Comisión de Interior, donde no pintaba nada), pero todo va a paso de tortuga. Las casi 800 organizaciones que pusieron en marcha esa recogida de firmas, y que contaron con el apoyo de la Conferencia Episcopal, denuncian la pasividad que vuelve a rodear el tema y se temen que se llegue al cierre de la Cámara sin lograr la ansiada regularización.

El Partido Socialista parece pensar que es suficiente con la reforma de la Ley de Extranjería que llevó a cabo el ministro Escrivá en 2022 y, lo peor de todo, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), se mantienen al margen, como si esa regularización no tuviera que ver con la explotación laboral ni con el mundo del trabajo, pese a que es notorio que la mayor parte de los adultos en situación irregular está ya trabajando (el 69% de los empresarios declara tener dificultades para cubrir vacantes, un porcentaje dos veces más alto que en 2011) y que algunos empresarios se aprovechan de su indefensión administrativa para empeorar sus condiciones laborales y salarios.

Los sindicatos han negociado en los dos últimos años numerosos contenciosos con el Gobierno y con la patronal, pero sin decir una palabra sobre la llegada y los derechos de los trabajadores inmigrantes. ¿Por qué? Quizá porque piensan que esa regularización, y en general todo lo que tenga que ver con una política migratoria más abierta, puede acercar a los trabajadores españoles a la ultraderecha, especialmente en temporada electoral. Es decir, por puro e irracional miedo, un miedo que les hace olvidar sus obligaciones y les quita todo empuje en este campo. Lo cierto es que tanto CC OO como UGT han renunciado, clara y vergonzosamente, a cualquier protagonismo en este debate.

La reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2022, ha ayudado a mejorar algunas situaciones, por ejemplo la de los estudiantes extranjeros, al eliminar restricciones a su incorporación al mercado laboral. Sin embargo, los cambios introducidos para ampliar la figura de arraigo (demostrar que una persona está establecida de manera permanente en un lugar) no han servido para gran cosa. Según las ONG que mejor conocen la situación, la fórmu­la de arraigo sigue exigiendo criterios muy restrictivos y demasiada discrecionalidad. La peor consecuencia es que la imposibilidad de demostrar ese arraigo por parte de los padres está haciendo que cerca de 125.000 menores, 61% de ellos con menos de 10 años, continúen sin recibir la protección que necesitan.

La gran mayoría de esos niños son latinoamericanos. Según la Fundación Por Causa, especializada en el análisis de la inmigración en España, el perfil de la irregularidad responde hoy a estos datos: Latino­americano (solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos, el 81% procede de América Latina), 6 de cada 10 son mujeres, jóvenes y con niños, trabajadoras en los sectores esenciales y complementarios que viven concentradas en zonas urbanas. En 2020 y 2021 se produjo un cambio de flujos, de manera que la llegada de migrantes procedentes de Marruecos (magrebíes o subsaharianos) ha caído un 62%, mientras están subiendo quienes llegan de Colombia, Venezuela y Nicaragua.

Las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes sin papeles que promueven esas 800 organizaciones civiles, religiosas y culturales son una práctica muy habitual y hasta ahora nunca han provocado enfrentamientos políticos en España, donde ha habido nueve, cinco promovidas por gobiernos del Partido Popular, y cuatro, por gobiernos socialistas. ¿A qué espera el Congreso?

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