Implicaturas constitucionales

La palabra “implicatura” no figura en el Diccionario, pero tiene acreditado uso en la lingüística y también en los libros escritos por algunos académicos. Se denomina de ese modo la comunicación en la cual un mensaje transmitido da más información de lo que indica el significado estricto de sus palabras textuales. Así, por ejemplo, si nos anuncian que la persona a quien esperábamos “aterrizó hace un rato”, concluimos automáticamente que llegó en avión.

Las implicaturas y las presuposiciones actuán en el juego de decir lo que no se dice y que sin embargo se transmite. Como explica el académico Salvador Gutiérrez Ordóñez (De pragmática y semántica, 2002), si alguien preguntase “¿ha dejado tu primo de robar?”, sería responsable de la presuposición que contiene: tu primo robó.

La lengua ofrece notables analogías para la vida; y así sucede con este tipo de mensajes implícitos que se descifran sin esfuerzo. Si una niña pide dinero a sus padres para jugárselo a la ruleta, en la propia solicitud viaja la deducción de que podrá gastárselo en el casino pese a ser menor de edad. Si los padres acceden, participarán de la implicatura. En caso contrario, deberán negarle el dinero para ese fin (y tal vez decirle alguna cosa más).

La portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, declaró el 3 de enero que los independentistas siguen en la idea de convocar otro referéndum de autodeterminación. Y en ello se aprecian tres implicaturas. La primera, que el anterior no sirvió de nada. La segunda, que el nuevo referéndum se produciría en similares circunstancias. Y la tercera, y más importante, que tanto entonces como ahora la separación de una comunidad autónoma es posible legalmente. Por tanto, secundar la petición supondría también participar de la implicatura.

La niña deberá cumplir el trámite de alcanzar los 18 años para entrar en un casino. Y los independentistas habrán de afrontar los pasos y diligencias que conduzcan a reformar la Constitución a fin de que el pretendido referéndum tenga efectos reales. Lo cual precisa de unos requisitos que establece la propia norma, apoyada por el pueblo catalán en 1978 con un 90,5% de síes (61,4% sobre el censo).

Tampoco sería viable el referéndum si –por seguir con las ficciones analógicas y a efectos meramente dialécticos– la economía catalana se viniera abajo por una catástrofe natural, pongamos por caso, y un partido español promoviese una consulta destinada a decidir la expulsión de esa comunidad para que su sobrevenida pobreza no lastrara el crecimiento del resto del país; argumento que se apoyaría además (confundir a todos los catalanes con una parte está al alcance de cualquiera) en que la bandera española no ondea en cientos de sus consistorios, en que el president no participa en los actos del 6 de diciembre, o en el enfado por los silbidos al himno español en alguna final de Copa (en uso precisamente de la libertad que la Constitución ampara).

La mera convocatoria de un referéndum así, y aunque se previera una respuesta contraria, implicaría también que es posible esa violación de la Ley Fundamental, por mucho que se invocara el derecho a decidir de los españoles, “dueños de su futuro”.

Todo ello no impide que se pueda defender políticamente de uno y otro lado la sinrazón de tal frontera, aunque ello dañe los sentimientos de los millones de españoles que nos sentimos tan catalanistas como los propios catalanes, en la implicatura de que si Cataluña es España, España debe ser también Cataluña.

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