Más allá de las fronteras

El mismo día en que Argelia anunciaba la suspensión del tratado de amistad con España llegaban a Baleares seis pateras provenientes del país magrebí. Era la cifra más elevada de cayucos en lo que va de año. La otra novedad en materia de migración ha sido el anuncio sorpresa del ministro José Luis Escrivá de reformar la legislación para incorporar a miles de ciudadanos extranjeros al mercado laboral, con el fin de que se sumen a sectores en los que la falta de mano de obra estrangula el funcionamiento de las empresas.

La inmigración ha penetrado en la agenda política. Máxime cuando se extiende el ciclo electoral y cuando se han incrustado en el debate público las políticas de odio en España, que es, sin duda, un país de inmigración. Hasta hace poco los asuntos migratorios apenas figuraban entre las principales preocupaciones de los españoles, pero la presencia parlamentaria de la extrema derecha tiende a sobredimensionar el fenómeno, así como a vincularlo a situaciones de irregularidad e incluso de violencia. Para combatir esos discursos se precisa un relato veraz, ajustado a la realidad, que no se centre solo en las políticas de las fronteras, sino en las de integración de los extranjeros que se quedan. A elaborar un discurso antixenófobo contribuye el informe La inmigración en España hoy. Reflexiones más allá de la pandemia, fruto de la colaboración entre Fundipax y la Fundación Alternativas, elaborado por las profesoras Gemma Pinyol-Jiménez y Marta Pérez Ramírez.

El número de personas que llegan a España para empadronarse depende, sobre todo, de las fases expansivas y recesivas de nuestra economía, que funcionan como un acordeón: a mayor crecimiento, mayor número de inmigrantes, y viceversa. Los datos de los años del inicio de la Gran Recesión (2007 y 2008) y de la pandemia de la covid (2020 y 2021) —las dos grandes crisis que ha soportado el mundo en los últimos tiempos— muestran su impacto: en los primeros se redujo el número de llegadas un 24%, y en los últimos, un 40%. En el caso del coronavirus, a la fuerte contracción económica se añadieron las restricciones a la movilidad como medida de control de la propagación del virus.

Ha habido una excepción: las entradas irregulares por la frontera sur del país no disminuyeron: más de 40.000 inmigrantes en cada uno de los dos años fuertes de la pandemia, hombres la inmensa mayoría de ellos. Ello fue debido a la reactivación de la ruta atlántica o de África occidental frente a los periplos del Mediterráneo oriental y central. Canarias recibió más de la mitad del total de las llegadas irregulares a España. El número de personas fallecidas o desaparecidas en esos viajes oscila entre las casi 1.800 del año 2020 y las más de 2.000 del año pasado (el informe citado denomina a esto “necropolítica”).

En 2018 se firmó en Marraquech el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que probablemente marque otro ciclo migratorio caracterizado por el impacto de la pandemia, una nueva agenda europea y la salida fuera de su país de siete millones de refugiados de Ucrania (de los cuales, más de 100.000 han llegado a España). Escrivá, en su primera intervención en el Congreso de los Diputados como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el año 2020, enfatizó la necesidad de una revisión estructural de los instrumentos de gobernanza migratoria, lo que abría el interrogante sobre hasta qué punto las políticas en vigor eran suficientes para afrontar los retos de una nueva década de movilidad en España, en pleno cambio del escenario internacional. Las autoras del informe citado inciden en la necesidad de mejorar la cooperación entre la Administración central y las administraciones autonómicas y municipales (la Conferencia Sectorial de Inmigración no se reúne desde el año 2018) para dotar de eficacia a la política migratoria general y para evitar que la inmigración se convierta en un espacio permanente de confrontación política. Lo que haría el juego a la extrema derecha.

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