La inmigración irregular y el suministro de gas, dos asuntos inflamables con Argelia

El Ministerio del Interior está preocupado por cómo las relaciones con Argelia, que acaba de suspender el tratado de amistad y buena vecindad con España por el que ha calificado como “giro injustificable” sobre el Sáhara, van a impactar en el número de llegadas de inmigrantes por la llamada ruta argelina, que conecta la costa del país magrebí con Almería, Murcia, Baleares y Alicante. Preocupan, especialmente las islas, volcadas en su temporada de verano y con menos infraestructura para custodiar y gestionar el flujo irregular de personas.

Ya antes de la crisis diplomática entre ambos países, el número de pateras e inmigrantes llegados a la costa española desde Argelia venía en aumento. Los números se dispararon en 2019, coincidiendo con el control ejercido por Marruecos en su costa del norte y la sofisticación de las mafias argelinas, que facilitaron la emigración de miles de jóvenes frustrados con la crisis política, económica y social de su país. En 2021, se contabilizó la entrada irregular de 11.330 argelinos, según datos de la Policía Nacional a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En los cinco primeros meses de este año, antes de que comience la temporada de más intensidad, se han registrado 1.156.

Las cifras de Argelia, un socio al que las autoridades españolas reconocen su colaboración en la contención de la emigración irregular, están actualmente muy por debajo de las de Marruecos, aun después de que España haya recompuesto sus relaciones con Rabat. Desde comienzos de año, 7.160 inmigrantes irregulares llegaron a España desde Marruecos por vía marítima, frente a los 1.250 que lo hicieron desde Argelia; es decir, menos de una quinta parte. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los inmigrantes que parten de las costas argelinas son nacionales del país, mientras que los que lo hacen desde Marruecos son mayoritariamente marroquíes, pero también subsaharianos. El balance, sin embargo, solo estará completo a final de año. En 2021, de hecho, el número de argelinos (11.330) fue muy próximo al de marroquíes (13.178).

A diferencia de Marruecos, Argelia no ha utilizado hasta ahora la inmigración como instrumento de presión sobre España, pero desde que Argelia retiró a su embajador en Madrid, Said Moussi, el pasado 19 de marzo, ha suspendido las repatriaciones de inmigrantes irregulares que se realizaban semanalmente en ferri. La inquietud que se respira en las fuerzas de seguridad españolas, la transmitió el pasado mes de mayo en Tenerife el teniente general Juan Luis Pérez Martín, jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil: “Marruecos está controlado, creo que están colaborando muchísimo y si ellos colaboran habrá muchísimas menos salidas. La principal incógnita es cómo va a reaccionar Argelia: puede haber un cambio de tendencia”.

Otro asunto que preocupa mucho en las relaciones entre España y Argelia es el suministro de gas. Aunque España ha diversificado suministradores en los últimos años, el 40% de este hidrocarburo que consume procede de Argelia y es el único que llega a través de un tubo (el Medgaz, que une Almería con Beni Saf, tras el cierre del que atraviesa Marruecos, el Magreb-Europa en noviembre pasado). Este gas es además más barato que el que llega en barco, ya que no tiene que someterse al proceso de licuefacción y regasificación que requiere el gas licuado (GNL).

El principal contrato de suministro, el que une a la compañía española Naturgy con la estatal argelina Sonatrach, vence en 2032, por lo que el suministro está garantizado y no peligra, según fuentes diplomáticas y del sector. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se apresuró el miércoles a recordar que Argelia es un “socio fiable” y dio“garantías al máximo nivel” de que cumplirá los contratos que ha firmado.

Los precios, sin embargo, se revisan cada tres años, un proceso que se realiza periódicamente y en el que ambas partes llevan enfrascadas desde el año pasado. Se da por descontado que habrá un incremento del precio, dada la evolución del mercado, pero la parte española confía en que no acabe pagando el pato de la mala relación política. “Nada cambia, todo sigue igual”, afirman a EL PAÍS fuentes de la antigua Gas Natural Fenosa, que subrayan la “buena relación” con su socio argelino, que forma parte de su propio accionariado. Sonatrach tiene el 4,1% de las acciones de Naturgy.

Este jueves, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha expresado su confianza en que Sonatrach cumpla con las “obligaciones” que estipulan los contratos de venta de gas que tiene suscritos con las empresas españolas. “Las relaciones entre la comercializadora argelina y las empresas españolas que compran gas tienen obligaciones contractuales y confío en que sigan funcionando como lo que son, porque si no, sería un problema más complejo de resolver, no a través de relaciones diplomáticas, sino probablemente de arbitrajes o tribunales”, ha precisado. “Hace meses que (los contratos) están en un proceso de revisión de precios complicado entre Sonatrach y los compradores españoles, pero nada nos hace pensar que esto pueda quebrarse de forma unilateral por una decisión del Gobierno argelino”.

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, España exportó a Argelia por valor de 1.242 millones de euros entre enero y agosto de 2021, (1.916 en todo 2020) mientras que importó de dicho país por 2.556 millones (2.511 el año anterior), en su mayor parte hidrocarburos. España es el tercer cliente de Argelia (tras Italia y Francia) y su quinto proveedor (detrás de China, Francia, Italia y Alemania).