Contradicciones democráticas

La reforma laboral recientemente apalabrada supone un avance en la regulación del mercado de trabajo, tan maltratado. Es la primera que recupera derechos perdidos en el pasado, lo que significa, ante todo, un cambio de tendencia. Además, se ha logrado mediante el acuerdo del Gobierno, la patronal y los sindicatos, lo que la aproxima a los grandes pactos de la Transición que reconocieron a los agentes sociales como interlocutores en plano de igualdad.

El acuerdo se ha plasmado en un decreto ley que ha de pasar por el tamiz del Congreso. El mecanismo conlleva algunas contradicciones, al margen de los contenidos, que han de analizarse porque pueden ser además precursores de otros asuntos. Por ejemplo, las diferencias entre lo acordado y el programa de gobierno firmado entre los socialistas y Unidas Podemos en diciembre de 2019, o el papel de los parlamentarios en un pacto que parece cerrado y al que no se le puede añadir o quitar “ni una coma”, según Antonio Garamendi, presidente de la patronal.

La derogación de la reforma del PP era una promesa fuerte del Gobierno, quizá la más icónica del mismo, convertida en campo de batalla dialéctico de los ministros en numerosas ocasiones. Las promesas fuertes llegan a ser parte de las señas de identidad de un líder, un partido o un Gobierno; los votantes no las olvidan fácilmente y estimarán siempre su cumplimiento como parte de la credibilidad política de aquéllos. Las hemerotecas están llenas de declaraciones, mitineras o reflexivas, del propio presidente del Gobierno prometiendo la “derogación” de una norma aprobada por decreto en 2012 que desequilibró el poder en el seno de la empresa. Nada más llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez puso las primeras cauciones a tanta rotundidad: “Nosotros sostenemos que es necesaria la derogación de la reforma laboral, pero no hay mayoría parlamentaria para hacerlo” (EL PAÍS, 24 de junio de 2018). Cuenta José María Maravall en su libro Las promesas políticas (Galaxia Gutenberg) que el político Eugene McCarthy advirtió a su competidor en las primarias a las elecciones presidenciales de 1968 en Estados Unidos: “Es peligroso que un candidato nacional diga cosas que la gente pueda recordar” (vale también para el recibo de la luz).

Desde el momento en que se prefirió el pacto social y no el ordeno y mando como metodología para acordar la reforma laboral —por convencimiento del Ejecutivo, por recomendación de Europa o por ambas circunstancias— se orillaba de hecho el programa común del PSOE y Unidas Podemos (“derogaremos la reforma laboral”) para buscar el mínimo común denominador de las tres partes, es decir, el múltiplo más pequeño que tenían en común. Ello genera un precedente para otras materias; por ejemplo, la reforma fiscal. En aquel programa se dice que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) “se incrementarán dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a los 130.000 euros, y cuatro puntos para la parte que exceda los 300.000. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementa en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros”. Como se sabe, el Gobierno ha encargado a una comisión de expertos los contenidos de esa reforma fiscal.

Una vez que el decreto ley con el contenido de lo pactado llega al Parlamento, ha de ser convalidado por los diputados en el periodo de un mes o, más allá, convertirlo en un proyecto de ley. Las palabras de Garamendi, discutido en el seno de la CEOE, indican que los empresarios no quieren reabrir de ningún modo lo pactado con los sindicatos. Entonces, el papel de los diputados ¿sería solo el de avalistas de algo que se ha decidido fuera del Congreso? Los sindicatos y la patronal son muy importantes, pero no más que el Parlamento (“las Cortes Generales representan al pueblo español […] Ejercen la potestad legislativa del Estado […]”). Unos y otros pueden responder a dos lógicas diferentes, incluso si comparten, más o menos, los contenidos.

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