Lo dijo García-Pelayo

“En términos generales, las funciones del Tribunal Constitucional se sintetizan en la garantía del Estado de derecho y del sistema de distribución de los poderes establecidos en la Constitución. (…) Es pues el órgano que simboliza y culmina el Estado de derecho”. Así lo explicó Manuel García-Pelayo, el primer presidente del TC, el día en que se celebró el acto de formación pública del alto tribunal, el 12 de julio de 1980.

Merecería mucho la pena que, para poder aspirar hoy a ser magistrado del alto tribunal, los candidatos demostraran haber leído aquel discurso “inaugural”. Por ejemplo, estas líneas: “La jurisdicción constitucional implica necesariamente un alto grado de sumisión de la política al derecho. Asegurar esa sumisión y no producir decisiones políticas es nuestra delicada y alta tarea”; “unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político”; “para quienes integramos el Tribunal, la resistencia a esta tentación implica una firme y constante actitud de renuncia a incurrir en lo que se ha llamado el gobierno de los jueces, que es una patente y posible deformación del régimen democrático”.

Recitar de memoria y en voz alta algunos párrafos del discurso podría ser también requisito para ocupar cargos políticos relevantes. Por ejemplo: “Peor que el riesgo, impensable, de que unos y otros quieran hacer presiones sobre el Tribunal, es el riesgo, mucho más probable, y en cierto sentido más grave, de que unos y otros entiendan que su propio enfoque de los problemas o su propio repertorio de soluciones como los únicos constitucionalmente posibles y acudan al TC en demanda de que se declaren ilegítimos los enfoques y soluciones discordantes”.

Y finalmente, sería muy apropiado que todos los magistrados del Tribunal declamaran a coro, todos los días por la mañana: “El intento de resolver por vía jurisdiccional contiendas que solo por la vía política pueden encontrar solución satisfactoria es el medio más seguro para destruir una institución cuya autoridad es la autoridad del derecho”.

El medio más seguro para destruir el prestigio del Tribunal Constitucional es seguir aceptando la idea de que una parte de los candidatos a magistrados de esa institución son propiedad del PP y otra, equivalente, del PSOE, algo que puede volver a suceder estos días si el Congreso de los Diputados da el visto bueno a los cuatro (dos y dos) candidatos presentados para sustituir a aquellos cuyo mandato expiró hace ya casi dos años.

Los méritos y la personalidad de los cuatro candidatos no son iguales, por supuesto, pero de lo que se trata es de que no solo tienen que ser, sino también aparentar y demostrar que son, primero, radicalmente independientes y, segundo, grandes especialistas en su material. Por encima de cualquier otra cosa, era imprescindible que los cuatro candidatos fueran ejemplo de autonomía, de no mantener ninguna relación ni con el PP ni con el PSOE, ni con la oposición ni con el Gobierno. Y que además fueran los mejores posibles dentro de su rama de conocimiento. Sobran evidencias de que no es así. Los candidatos presentados por el Partido Popular reflejan la soberbia de sus dirigentes, capaces de proponer sin pestañear a sospechosos de sectarismo llevado al extremo. Uno de los dos, además, ha estado investigado en relación con un delito cometido por un político corrupto llamado Jaume Matas, que fue presidente popular de Baleares.

Los diputados tienen en su mano la posibilidad de acabar con este estado de cosas. Bastaría con que hicieran llegar a sus respectivos grupos que no están dispuestos a aceptar por más tiempo una práctica que amenaza con convertir en cenizas “el órgano que simboliza y culmina el Estado de derecho” en este país. Seguramente, pedir una demostración semejante de independencia en un parlamentario respecto al partido en cuya lista fue elegido es un objetivo imposible, pero es imprescindible colocar a cada uno de ellos frente a su propia responsabilidad. Si refrendan esos nombramientos, serán ellos, cada uno de ellos, cada uno de esos diputados y diputadas, los responsables de la corrosión que sufre el órgano constitucional “encargado de impedir la concentración de poderes que genera abuso, con la consiguiente lesión para la libertad y seguridad de los ciudadanos”. Lo dijo García-Pelayo.

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