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El estado de la nación

Uno de los mejores instrumentos de control parlamentario parece insólitamente olvidado

El presidente Pedro Sánchez en primer plano, en el vigésimo quinto debate del estado de la nación, el 24 de febrero de 2015.
El presidente Pedro Sánchez en primer plano, en el vigésimo quinto debate del estado de la nación, el 24 de febrero de 2015.Uly Martin

Uno de los grandes momentos de la vida política española ha sido durante muchos años el debate en el Congreso de los Diputados sobre el estado de la nación, en el que el Gobierno de turno hacía balance de lo realizado en los últimos 12 meses y marcaba las pautas de lo que sería su actividad en los 12 siguientes. El hecho de que ese momento estelar de la vida parlamentaria no tenga lugar desde hace nada menos que seis años (el último tuvo lugar en 2015) es uno de los síntomas más evidentes de la anómala manera en la que discurre la vida política y la persistente falta de debate en el Parlamento, reducido a encontronazos de pocos minutos, lo más desprovistos de contenido que se pueda imaginar. El debate sobre el estado de la nación, uno de los mejores instrumentos de control parlamentario de que se disponía, parece insólitamente olvidado.

Es cierto que desde 2015 la vida política del país se ha visto sacudida por hechos anómalos (cuatro elecciones generales consecutivas, una moción de censura exitosa, la pandemia), pero también, que hoy se cumplen tres años del primer Gobierno de Pedro Sánchez (junio 2018), que no hay motivos para pensar que la actual legislatura no pueda llegar a cumplir íntegramente su mandato y que, sin embargo, la vida política parlamentaria sigue peligrosamente desestabilizada.

Los debates sobre el estado de la nación no están regulados ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso, pero se inauguraron en 1983, con el primer Gobierno socialista, y se celebraron año tras año, salvo cuando coincidían con elecciones generales. Aunque, de hecho, se puede decir que el primer debate parlamentario de ese tipo lo estableció el presidente Adolfo Suárez, de UCD, en 1980, cuando envió al Parlamento una “comunicación del Gobierno sobre la situación del país tras el periodo de tres años transcurridos de convivencia democrática y otros temas, como el imperio de la ley, la construcción del Estado de las autonomías, la situación energética nacional y el desempleo”. “Deseo sinceramente que este debate sirva con carácter general a fijar y contraponer las posiciones del Gobierno y de los grupos parlamentarios sobre los principales problemas del país y para ejercer rigurosamente la crítica de las respectivas posturas, actitudes y decisiones”, explicó Suárez. Casi da envidia comprobar la ausencia de palabrería inútil y la muy actual lista de problemas concretos que enumeraba Suárez.

No sería mala idea tampoco que los portavoces de la oposición (y del PSOE) leyeran la intervención de Adolfo Suárez cuando ya estaba en la oposición, en 1987, al frente de un efímero partido centrista: “Tengo la obligación, como representante de la oposición, de decirles lo que pienso, cómo lo pienso, sin ofender a nadie, de los problemas que percibo que tiene la sociedad española. Tenemos dos percepciones distintas de la misma realidad y usted, señor González, encerrado en La Moncloa, se está alejando de los problemas reales de los ciudadanos”. No hay datos distintos, sino percepciones diferentes, algo casi imposible de aceptar en el Parlamento de hoy.

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La principal dificultad para recuperar lo que debería ser el normal control del Gobierno estriba en que todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso asuman que ese debate tiene que tratar sobre problemas concretos del país y no convertirse en un escaparate de agresiones. De nada sirve que Pablo Casado exija que se convoque el debate sobre el estado de la nación, como ha hecho, si el líder del Partido Popular no está dispuesto a admitir algo que es imprescindible, no solo para normalizar la vida política del país, sino también su propio liderazgo al frente del PP: que su antecesor, Mariano Rajoy, sufrió una moción de censura justificada a causa de la corrupción instalada en su partido y que el Gobierno que le sucedió, con Pedro Sánchez a la cabeza, es plenamente legítimo. Quizás en ese momento sea posible recuperar el debate parlamentario que este país necesita con mucha urgencia, un debate en el que el presidente rinda cuentas y los grupos de oposición ejerzan la crítica. Todo lo demás es esperpento: la presentación de una realidad deformada y grotesca.

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