El retroceso de la culata

La llamada ley Celaá se llama en realidad Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación y en ese mismo título lleva su peligro: modifica una ley que fue modificada varias veces antes y que seguramente será rectificada en el instante en el que el PSOE salga del Gobierno, cosa que, inevitablemente, sucederá en algún momento de la historia. Es decir, la nueva ley de educación no parte de un consenso básico entre las principales fuerzas políticas, sino que nace combatida ferozmente por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

La ley contiene, sin duda, aspectos positivos que podrían ayudar a mejorar la calidad y la solidez de la educación en España y que no deberían ser objeto de un rechazo sectario. Contiene también un problema estrictamente político, la desaparición del castellano como lengua vehicular en toda España, algo que, en manos de esos partidos, se convierte en el retroceso de una culata. El castellano no necesita que se le defienda como lengua vehicular en Cataluña, pero su desaparición como tal no es consecuencia de un problema lingüístico ni educativo, sino político. Y no sirve de gran cosa negar ni ocultar que es un objetivo del independentismo catalán, que será presentado y utilizado por ellos mismos de esa forma en los próximos años y que alimentará al nacionalismo español.

El escritor José María Ridao, gran lector de Antonio Machado, citaba recientemente un pasaje de Juan de Mairena que parecería estar escrito esta misma semana: “Los políticos que pretenden gobernar hacia el porvenir deberían tener en cuenta la reacción de fondo que sigue en España a todo avance en superficie. Nuestros políticos llamados de izquierda, un tanto frívolos, digámoslo de pasada, rara vez calculan, cuando disparan su retórica futurista, el retroceso de la culata que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro”.

“Digámoslo de pasada”, como hace Machado, pero ha sido también una gran frivolidad la enmienda a la ley de Presupuestos apoyada conjuntamente por Unidas Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Tan inaudito es que un ministro del Gobierno apoye por su cuenta una enmienda a un texto aprobado por el Gabinete en pleno que el propio presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha creído que tenía que enviar a toda prisa una carta a los militantes de su partido quitándole importancia.

Seguramente Sánchez tiene razón en que la enmienda no es importante con vistas al montante global de los Presupuestos, pero tampoco tiene sentido ocultar que tiene importancia política, con gran retroceso de culata. Primero, porque consagra una anomalía democrática, un Gobierno de coalición que no actúa de manera solidaria y colegiada, como marca la ley, sino que en el que uno de sus integrantes, Unidas Podemos, se mueve casi como si fuera el grupo parlamentario. Segundo, porque el tema no podría ser más doloroso para los militantes socialistas: UP aparentemente tiene que torcer el brazo al PSOE, gracias al apoyo de Bildu y ERC, para lograr que no se puedan producir de­sahucios mientras dure la pandemia. Si tan importante era que esa prohibición estuviera plasmada en la ley de Presupuestos, Pablo Iglesias debió conseguir que se incluyera antes de enviarlo al Parlamento o presentar su dimisión. Y si de lo que se trata es de escenificar un protagonismo particular, los socios elegidos no pueden ser más inoportunos porque dibujan una izquierda con preocupaciones sociales que excluye al PSOE y queda integrada en exclusiva por Bildu, ERC y UP. Resulta un poco molesta esa proximidad “antidesahucios” con Bildu, como si por proteger a los más vulnerables hubiera que solidarizarse con el partido de Otegi. Es cierto que el partido independentista es una fuerza política representada legítimamente en el Parlamento y que el Congreso está abierto a la defensa pacífica de cualquier propuesta política. Es perfectamente lícito negociar con Bildu. Pero no parece fácil evitar el retroceso de la culata cuando el PP acuerde con Vox.