Poner al ciudadano en el centro

Especial: el nuevo contrato social

La pandemia ha acrecentado la brecha digital en España. Es el momento de solucionarla aprovechando los fondos de recuperación europeos, apuntan los expertos

Si bien es cierto que la era digital ha traído a la sociedad múltiples oportunidades, es evidente que conlleva a su vez una amplificación de desequilibrios y desigualdades. En un mundo que tiene que hacer frente a la crisis de la covid-19, urge dar respuesta a esta emergencia digital.

La tecnología es la palanca para alcanzar una sociedad más inclusiva, equitativa y sostenible, pero para ello es necesario reformar el modelo productivo, económico y energético, actualizado frente a los complejos problemas de nuestro tiempo. Un cambio de paradigma que debe situar al ciudadano en el centro y convertirlo en protagonista. Como país, tenemos que ser capaces de abordar varios retos en materia de digitalización, en concreto: reducir las brechas digitales, avanzar en un marco regulatorio sobre el futuro del trabajo y minimizar el impacto ambiental del sector tecnológico.

Más allá del acceso a las tecnologías de la información, España debe mitigar las brechas digitales causadas por múltiples factores, como la edad, la educación, el género, la discapacidad, la ubicación o el contenido. Casi la mitad de los adultos no posee ningún tipo de competencia o habilidad digital, según el último informe sobre brecha digital de la UGT. Preocupa también otra brecha: en España, el 71% de las personas con discapacidad no utiliza Internet (Informe Olivenza 2017).

Además de una necesaria inversión en infraestructura y conectividad, la colaboración entre los diversos grupos de interés y el empoderamiento ciudadano mediante la alfabetización digital es la respuesta más eficaz para hacer frente a la complejidad de las brechas digitales.

Otro desafío para España en materia de digitalización es el futuro del trabajo y, en concreto, el auge de plataformas (como Uber o Glovo). El informe de la Comisión Europea Digital Labour Platforms in Europe coloca a España en el puesto número uno en trabajadores en plataformas (el 12,5% han trabajado alguna vez en una de ellas), lo que pone de manifiesto las limitaciones de las legislaciones laborales y los sistemas de Seguridad Social, concebidos para un sistema tradicional que corre el riesgo de quedarse desfasado. La regulación es necesaria para los trabajadores y para las propias plataformas. El fenómeno exige un sistema de gobernanza global que defina derechos, y alentar diálogo entre trabajadores, Administraciones públicas y plataformas.

El impacto de la tecnología en el medio ambiente es otra problemática de alcance global, y su planteamiento debe ser integral y multiestratégico. La digitalización comporta el aumento del consumo energético por el uso de dispositivos, redes de distribución y centros de datos; la extracción de recursos y generación de residuos; y emisiones generadas durante el ciclo de vida de las soluciones tecnológicas.

Son necesarios cambios transversales: políticas y estrategias de eficiencia transparentes con datos de calidad disponibles y actualizados; y colaboración internacional a todos los niveles, entre otros. No podemos considerar la transformación digital de forma independiente, la tecnología debe ser el vertebrador de políticas sectoriales como medio ambiente, energía, transporte o trabajo. El Pacto Verde Europeo es un buen ejemplo de cómo integrar políticas públicas en torno a un elemento clave: la sostenibilidad. Por último, algo tan lógico que puede resultar excepcional: la cooperación. Es imprescindible la implicación de las Administraciones públicas, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil.

Cristina Colom es directora de Digital Future Society, un programa promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Mobile World Capital.