El reto presupuestario en la nueva normalidad

Especial: El nuevo contrato social

Análisis en profundidad sobre las reformas que necesita el sistema tributario español para mantener el Estado de bienestar en un contexto de deuda y déficit desbordados

Sólo han pasado seis meses desde la irrupción de la crisis sanitaria de la covid-19. Sin embargo, sus severas consecuencias económicas son evidentes y se anticipan persistentes y duraderas. Las ayudas iniciales para fomentar la liquidez de familias y empresas, los bajos tipos de interés y la firme actuación de los bancos centrales permitieron contener adecuadamente las primeras embestidas económicas de la pandemia. Sin embargo, superados los estadios iniciales, las medidas anticrisis demandan la acción de un nuevo protagonista: la política fiscal. Ahora son los países quienes, de manera individual, deben vigilar sus políticas presupuestarias, racionalizar el gasto público y recaudar impuestos sin dañar al tejido productivo. Algunas de estas acciones presupuestarias tendrán que lidiar con los problemas inmediatos, otras, en cambio, deben diseñarse para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo.

Las grandes economías han entendido que el elevado deterioro económico generado por esta crisis no aconseja subidas impositivas en el corto plazo, sino más bien todo lo contrario. Primar el crecimiento económico se ha convertido en objetivo prioritario y explotar las funciones anti-cíclicas del presupuesto en la táctica para conseguirlo. Países con márgenes fiscales tan desiguales como Alemania e Italia acaban de anunciar una segunda ronda de generosas reducciones impositivas. España, que registra la mayor caída de PIB y empleo de toda la eurozona, debería subirse al tren de recortes impositivos, que en cualquier caso deberían ser inmediatos y transitorios, limitándolos, al menos inicialmente, a 2020. No obstante, a diferencia de Alemania e Italia, que centran sus recortes en el IVA, España, como ha hecho Francia, debería focalizarlos en las figuras tributarias que más inciden sobre el crecimiento: el Impuesto de Sociedades (IS) y el IRPF.

Estos recortes impositivos de corto plazo deben enmarcarse en un Plan de Consolidación Fiscal (PCF) plurianual que, dada la intensidad de la crisis, comprometerá con toda seguridad varias legislaturas. Como recientemente hemos reconocido en FUNCAS en la publicación Política Presupuestaria y Nueva Normalidad, el PCF debería centrarse inicialmente en el control del gasto público, por ser la variable más eficaz para contener los desequilibrios presupuestarios. Es decir, antes de plantear subidas impositivas debe evaluarse la oportunidad de los programas de gasto, sean corrientes o de inversión. Si después se requiriesen subidas impositivas, el PCF debería elevar los impuestos que gravan el consumo, especialmente el IVA.

Hay varios motivos que justifican esta línea de actuación: a) el gasto fiscal generado por los tipos reducidos se aproxima anualmente a los 17.800 millones de euros, b) la recaudación por IVA es una de las más bajas de la UE, c) contrariamente a lo que se suele escuchar, la evidencia científica confirma que el IVA es un impuesto progresivo, y d) los impuestos sobre rentas y beneficios son mucho más lesivos al crecimiento. En definitiva, la comprometida situación relativa de España en esta crisis es el precio pagado por la laxitud presupuestaria pretérita. Diseñar un PCF coherente y creíble para los próximos años es la mejor forma de enmendar el futuro.

José Félix Sanz es investigador del Observatorio Funcas de Economía Pública.