Enrique de Inglaterra pierde la última batalla legal contra el Gobierno británico: no pagará su seguridad

En las últimas semanas, el príncipe Enrique de Inglaterra se ha convertido en uno de los protagonistas de los titulares de los medios internacionales: primero, por su asistencia a la coronación de su padre, el rey Carlos III, aunque sin su esposa ni sus hijos; después, por recibir una disculpa por parte de uno de los tabloides británicos, el Daily Mirror, contra el que tenía interpuesta una demanda por escuchas ilegales; hace apenas una semana por la persecución en la que, siempre según su versión, se vieron involucrados él, su esposa, Meghan Markle, y la madre de esta, Doria Ragland. Y, ahora, vuelve a ser el protagonista después de recibir una mala noticia sobre un proceso legal que tenía abierto contra el Gobierno británico: ni él ni su familia tendrán derecho a usar seguridad pública cuando acuda al Reino Unido, tal y como había solicitado.

Todo comenzó hace tres años, cuando los duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, decidieron renunciar a ser miembros de la familia real y, por consiguiente, a tener los privilegios de sus miembros, como la seguridad privada que velaba por su protección en el Reino Unido y todo lo relacionado con la financiación pública. El príncipe nunca se mostró conforme con esa decisión, argumentando que tanto él como sus hijos eran personajes públicos y muy perseguidos cuando pisaban territorio británico y que necesitaban de dicha protección. Por esa razón, decidió emprender acciones legales (que ya le han costado a los contribuyentes británicos casi 300.000 libras, unos 334.000 euros) ante un tribunal de Londres para solicitar protección policial cuando se encontrara en el país.

El caso judicial lleva en curso desde otoño de 2021. Año y medio después, el Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que el hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana no puede solicitar una revisión judicial sobre el caso, que ya le fue denegado. Por lo tanto, ni los duques de Sussex ni sus hijos recibirán seguridad financiada con fondos públicos británicos cuando visiten el Reino Unido. Antes de esta decisión, en julio de 2022, el tribunal permitió al príncipe seguir en la lucha legal contra la decisión original de despojarle de la seguridad que, como es habitual, tienen los miembros de la familia real. Pero ahora el mismo tribunal ha decidido que su petición acaba aquí.

La intención del príncipe Enrique no era que los contribuyentes pagasen la totalidad de su protección. Él se ofreció a financiar parte de esa seguridad, oferta que le fue denegada por el Ministerio del Interior. La institución defendió en aquel momento que la cantidad que este ofrecía era muy pequeña, tanto que la calificó de “irrelevante”. El quinto en la línea de sucesión al trono británico ha estado respaldándose en el hecho de que otros miembros de la familia real que han dejado de formar parte de ella —como el príncipe Andrés de Inglaterra, duque de York, hijo de la reina Isabel II, por su vinculación con el pederasta Jeffrey Epstein— han seguido manteniendo la protección policial sin coste alguno.

Según fuentes cercanas a la cadena de televisión británica BBC, los abogados del Ministerio del Interior se oponen a que las personas ricas puedan “comprar” seguridad policial. El Ravec (comité ejecutivo para la protección de la realeza y las figuras públicas), encargado de decidir sobre la seguridad real, ha concedido un “estatus excepcional” al duque de Sussex en las escasas ocasiones en las que ha viajado al Reino Unido, todo ello después de estudiar “las funciones que lleva a cabo cuando está presente en el país”. Por este motivo, el comité se encarga de implementar “un enfoque particular” a cada caso según las circunstancias.

Es la primera vez que un miembro de la familia real presenta una denuncia contra el Gobierno británico. Después de que los medios filtraran el inicio del proceso legal, un representante de los duques de Sussex emitió un comunicado aclarando la situación y explicando que lo que el príncipe Enrique quería era “garantizar su seguridad y la de su familia mientras se encuentren en el Reino Unido para que sus hijos puedan conocer su país de origen”. La familia cuenta con seguridad privada en Estados Unidos, pero estos no tienen jurisdicción en el extranjero, ni acceso a la información de inteligencia del Reino Unido necesaria para mantenerlos a salvo.

La noticia llega una semana después de que los duques de Sussex, siempre según su versión, fueran víctimas de una intensa persecución automovilística por parte de paparazis por las calles de Nueva York, donde acudieron a recoger un premio. Una situación que hizo recordar la muerte de Diana de Gales en París, hace ya 25 años, cuando intentaba evitar a los fotógrafos que la seguían. De hecho, el príncipe y Markle solicitaron que se les fuesen entregadas las imágenes tomadas durante la persecución, una decisión que también fue rechazada. La agencia encargada de ellas fue contundente alegando que no tienen ningún tipo de privilegio real en Estados Unidos: “La propiedad pertenece al dueño de la misma: los terceros no pueden exigir que se les dé, como tal vez los reyes pueden hacer”.