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Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana serán juzgados en septiembre de 2023 en Barcelona por alzamiento de bienes

La extenista y su exmarido se enfrentan a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por supuestamente ocultar bienes para evitar el pago de una deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo

Arantxa Sanchez Vicario y Josep Santacana
Arantxa Sánchez Vicario y su entonces todavía marido, Josep Santacana, en febrero de 2016 en Barcelona.Getty

La extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana serán juzgados en el juzgado Penal 25 de Barcelona del 12 al 15 de septiembre de 2023 por un presunto delito de alzamiento de bienes, según han confirmado a la agencia Europa Press fuentes judiciales y ha podido confirmar este periódico. La Fiscalía pide para ambos una condena de cuatro años de cárcel por supuestamente ocultar patrimonio para evitar que el Banco de Luxemburgo se cobrase una deuda que había reclamado ya en julio 2010.

En el escrito de acusación, el fiscal detalla que la tenista actuó “bajo las consignas” de Santacana e “idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad”. Pasaron los años y, al no hallar una solución, la entidad financiera llevó a la exdeportista a los tribunales. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además pide para los cómplices 6,1 millones en responsabilidad civil, tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros.

La Fiscalía acusa al hoy exmatrimonio de “idear un plan” para “frustrar” el cobro de la deuda millonaria contraída con el banco con cuatro “maniobras” financieras que explica con todo lujo de detalles. La pareja vació sus cuentas corrientes; hizo “desaparecer” cobros procedentes de procedimientos judiciales (para evitar el embargo); cobró “de forma opaca” por reportajes y entrevistas en medios de comunicación; y se desprendió de su patrimonio inmobiliario, incluido un piso en la avenida Diagonal de Barcelona y una vivienda en Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava catalana.

El caso tiene su origen en los problemas con el fisco de Sánchez Vicario, que en 2009 fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar una multa de 5,2 millones. Hacienda recuperó el dinero gracias a un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo, que había acogido la fortuna de exdeportista. Pero cuando el banco quiso recuperar esa suma, no quedaba nada. El patrimonio se había volatilizado. La entidad presentó una querella que dio lugar a una investigación que ha tocado ahora a su fin. El escrito de acusación subraya que Sánchez Vicario actuó siempre “bajo las instrucciones de su marido”, que utilizó en las operaciones una serie de testaferros y personas de confianza, que ahora también deberán sentarse en el banquillo de los acusados el próximo mes de septiembre como “cooperadores necesarios” del delito de alzamiento de bienes. Una vez concluidas las ventas de los “numerosos” inmuebles (la mayoría, a nombre de empresas), Santacana liquidó esas sociedades.

Fue en 2017 cuando el Banco de Luxemburgo presentó una querella contra Sánchez Vicario y contra su marido —ya entonces ambos estaban en proceso de separación— por alzamiento de bienes y fraude. Y pidió (sin éxito) su ingreso en prisión provisional. La entidad logró que la justicia española le diera la razón en un procedimiento civil, que fijó la deuda (con los intereses) en 7,5 millones. Nada de eso sirvió, sin embargo, para recuperar las cantidades, lo que llevó al banco a acudir a la vía penal.

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