Julian Assange y la abogada Stella Moris se casan en la prisión de Belmarsh

Julian Assange y Stella Moris ya son marido y mujer. Tal y como anunciaron hace 10 días, la tarde del miércoles el fundador de Wikileaks y la abogada sudafricana contrajeron matrimonio en Belmarsh, la prisión de alta seguridad británica donde el fundador de WikiLeaks está recluido desde su detención en 2019 en la embajada de Ecuador en Londres.

“No sé qué decir, estoy muy feliz, estoy muy triste, te quiero Julian con todo mi corazón y me gustaría que estuvieras aquí”, dijo Moris con lágrimas en los ojos al salir tras la ceremonia de la cárcel situada al sur de la capital británica. Decenas de seguidores la esperaban con confeti a sus puertas, donde esta joven abogada que se unió a la defensa de Assange en 2011 cortó un pastel de boda y brindó con los presentes.

El velo de su vestido gris plateado, diseñado por la británica Vivienne Westwood, que apoya desde hace años la causa de Assange, llevaba bordadas palabras como “libre”, “tumultuoso”, “noble”, “salvaje”. La legendaria creadora punk de 80 años también diseñó una falda escocesa para el novio, en un guiño a sus ancestros de Escocia.

Assange, de 50 años, y Moris, de 38, tuvieron dos hijos en secreto durante los casi siete años que el australiano vivió refugiado en la legación ecuatoriana en Londres, donde fue detenido en abril de 2019 cuando el presidente Lenín Moreno le retiró la protección que le había dado en 2012 su predecesor, Rafael Correa. El miércoles, los dos pequeños llegaron a la cárcel acompañando a su madre, también vestidos con trajes escoceses. Un funcionario del registro civil realizó el enlace, al que solo pudieron asistir cuatro invitados, entre ellos el padre y el hermano del preso y la madre de Moris, y dos testigos.

Moris denunció que las autoridades penitenciarias rechazaron los testigos propuestos —que son periodistas— y al fotógrafo —que también trabaja para la prensa—, pese a que iban a asistir “a título privado”. ”Quieren que Julian permanezca invisible para el público a toda costa, incluso el día de su boda, y especialmente el día de su boda”, escribió en un artículo publicado por The Guardian, comparando esta “lógica de hacer desaparecer a una persona esperando que sea olvidada” con “lo que hacía la Rusia soviética”. Pero los seguidores que se desplazaron hasta las puertas de Belmarsh no estaban dispuestos a olvidar. ”Una boda debe ser una celebración, pero no lo es realmente en este caso”, dijo a la AFP Maureen Lambert, una londinense de 76 años, rodeada de pancartas que decían “El periodismo no es un crimen”.

Assange se ha convertido en caballo de batalla para los defensores de la libertad de prensa, que acusan a Washington de intentar acallar información de seguridad relevante. Pero las autoridades estadounidenses afirman que no es periodista sino pirata informático y puso en peligro la vida de los informadores al publicar los documentos íntegros sin editar. ”Le honramos por su valor e integridad, pero la batalla por la libertad de Julian siempre ha sido mucho más que la persecución de un editor”, aseguró entre los manifestantes el periodista estadounidense Chris Hedges, ganador de un Pulitzer. ”Es la batalla más importante de nuestra época por la libertad de prensa y si la perdemos será devastador no solo para Julian y su familia sino para nosotros”, agregó. De ser declarado culpable de espionaje en Estados Unidos, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel.

Su defensa, coordinada por el exjuez español Baltasar Garzón, argumentó que podría suicidarse si se veía expuesto al sistema penitenciario estadounidense. Y en un primer momento logró que la justicia británica le diera la razón, impidiendo la extradición. Pero el ejecutivo estadounidense recurrió y convenció a los jueces de que sería recluido en buenas condiciones, con tratamiento psicológico adecuado, y obtuvo el visto bueno a su entrega.

Assange, de 50 años, lucha por no ser extraditado a Estados Unidos, que quiere juzgarlo por la publicación en WikiLeaks a partir de 2010 de cientos de miles de documentos secretos, que desvelaron abusos cometidos por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán. La semana pasada, el Tribunal Supremo británico le negó la posibilidad de recurrir su entrega, de la que ahora tiene la última palabra la ministra británica del Interior, Priti Patel.