Sostenibilidad en toda la cadena de valor

La forma en que las empresas abordan la sostenibilidad ha sufrido un cambio de paradigma, aunque, en opinión de los expertos, la mayoría de ellas no lo sabe. Todo se debe a la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) de la Unión Europea, que entró en vigor en enero de 2023 y tendrá que haber sido transpuesta por todos los Estados miembros a sus ordenamientos jurídicos antes del próximo mes de junio; tarea correspondiente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en España. Esta normativa obliga a diferentes organizaciones a informar sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y entre otros, a proporcionar detalles de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1, 2 y 3.

Las dos primeras se refieren a las controladas directamente por cada compañía, mientras que las emisiones de Alcance 3 comprenden las que son indirectas; esto es, las producidas como consecuencia de las actividades de una empresa, pero que han sido generadas por otra, lo que implica que ocurren fuera de su control directo y en toda la cadena de suministro. Esto incluye “no solo a los proveedores”, explica Luis Cabrera, director de ESG de G-advisory, filial de Garrigues, “sino a todas aquellas empresas con las que se tiene alguna actividad, con ámbitos tan diversos como las inversiones, los edificios bajo gestión o el proveedor de mensajería”, detalla.

Aguas arriba, aguas abajo

El Alcance 3 abarca así las operaciones “aguas arriba” y “aguas abajo” (upstream y downstream) de una organización; desde las emisiones en la producción de un material y su transporte, hasta el propio uso de un producto por parte del cliente y los tratamientos para su gestión como residuo. Pero también las causadas por los desplazamientos de los empleados, los viajes de negocios, las franquicias de una cadena…

El peso de cada alcance dentro del balance de emisiones de una empresa difiere mucho, por tanto, según su ámbito. Tanto es así, que se estima que el 99% de las emisiones de GEI en sectores como el financiero corresponden a las de Alcance 3. No obstante, la obligatoriedad de aportar esa información será igual para todas las compañías afectadas, empezando por las entidades de interés público, las primeras a las que resulta de aplicación la CSRD, y que el 1 de enero de 2025 deberán de aportar su informe de sostenibilidad correspondiente al ejercicio de 2024.

Al año siguiente, en 2026, le tocará el turno a otras grandes empresas que cumplan dos de los siguientes criterios: más de 250 empleados, más de 40 millones de euros de facturación neta o más de 20 millones de euros de activos totales. Posteriormente, en 2027, se incluirán las pymes cotizadas en los mercados regulados europeos; y —finalmente— a ciertas empresas extracomunitarias con importante actividad y presencia en la UE, ya en 2029. En total, alrededor de 50.000 sociedades, de las que 10.000 son extranjeras y 6.000 españolas, según las cifras ofrecidas por Grant Thornton.

Muchas firmas afectadas

“En realidad”, aclara Sergi Puig-Serra, socio del área de Auditoría y Assurance no financiero de la oficina de esta firma en Barcelona, “el número de empresas afectadas será mucho mayor”. Y es que, como también señala, aunque los autónomos y micropymes —el 94% del tejido empresarial en España— no estén directamente incluidos en la CSRD, sí estarán obligados a recabar datos de sostenibilidad y cumplir con una serie de KPI “si quieren seguir trabajando con las grandes compañías”.

Ante esto, se presentan varias barreras para las organizaciones. La primera, la propia complejidad del control de las emisiones de Alcance 3. Y es que una de las principales dificultades a las que apunta Puig-Serra es determinar hasta qué punto las empresas deben recabar información de toda su cadena de valor. “Una incógnita incluso para los profesionales de la sostenibilidad”, añade; a día de hoy no existe una guía definitiva que establezca un marco claro y detallado sobre cómo abordar este desafío siguiendo las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad.

De aquí se deriva el aspecto económico, en tanto que la mayoría de las grandes empresas españolas no disponen de la capacidad para realizar dicho control, teniendo que contratar un servicio externo. Y podría ser más crítico en el caso de las microempresas cuando, como indica Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC, las compañías a las que prestan servicio les exijan una “verificación por parte de un tercero independiente”, algo que “incrementaría sustancialmente” los costes.

Por suerte, lo que atañe a la monitorización de métricas ambientales y sociales puede ser “solventado con relativa facilidad gracias a herramientas online que facilitan, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono”, añade. En este sentido, y teniendo en cuenta el caso de empresas con miles de proveedores, Bascones sugiere aplicar un enfoque gradual, recomendando los modelos y bases de datos existentes —como los del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero— para conseguir estimar algunas categorías de emisiones de Alcance 3, lo que valdría como “un primer paso” con vistas a su control.