Chiringuitos destrozados por temporales cada vez más frecuentes e intensos, urbanizaciones con las olas a la puerta, playas que desaparecen, vías con trenes detenidos por el oleaje o marismas y deltas en peligro. La incesante subida del nivel del mar se cierne sobre los 8.000 kilómetros del litoral español empujada por el cambio climático —la temperatura media en España es 1,7 grados más alta que en la época preindustrial (1850-1900)—. Este calor provoca un importante deshielo de los glaciares y el colapso de las plataformas de hielo al entrar en contacto con el mar. A ello se suma la mala gestión del terreno, víctima en muchas ocasiones de un urbanismo excesivo, que incrementa la erosión y la pérdida de ecosistemas, que, además de ser refugio para la fauna, suponen un dique de contención natural contra los temporales, como, por ejemplo, las praderas de posidonia en el mar Mediterráneo.

A corto plazo (2026-2045) los modelos climáticos apuntan a una subida del mar más o menos uniforme de entre 17 y 25 centímetros (dependiendo de si es el escenario es mejor o peor) en toda la costa española, indica el nuevo Plan de Adaptación al Cambio Climático (PACC). Las perspectivas se pueden complicar aún más. Para finales de siglo “se va a acelerar considerablemente y en el peor de los supuestos, sería de 1,1 metros”, indica Íñigo Losada, miembro del grupo de expertos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático, por sus sigas en inglés) y director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.

Un estudio de todo el mundo publicado en la revista científica Nature Communications señala diversos lugares de la costa española como los más susceptibles de sufrir inundaciones si el calentamiento persiste. Losada advierte de que todavía no se han trasladado esas estimaciones globales al ámbito regional, lo que puede provocar variaciones importantes en los resultados. Pero ya hay muchas personas que ven cómo el mar se aproxima cada vez más a sus viviendas, a sus negocios, a los campos que cultivan, a las infraestructuras que utilizan o al patrimonio arqueológico herencia de sus ancestros. Estas son sus historias.

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La playa menguante de La Manga

“La playa empezó a retraerse hace unos 10 años y hará siete que no estaba en invierno y volvía en verano. Después, desapareció”, relata Javier Caballero al lado del bloque de viviendas donde reside. El mar golpea ahora contra el muro de la urbanización, situada en la zona conocida como Cavanna, en la que Caballero, que también preside la Asociación de Vecinos de La Manga del Mar Menor, posee una casa desde hace 40 años. “¿El motivo de estos cambios? Lo desconozco, pero como pintan las cosas puede estar detrás alguna actividad humana que haya influido en la hidrodinámica, ser un avance de lo que nos espera por el cambio climático o que el mar Menor tiene cada vez menos fondo por los vertidos que recibe y el agua busca salida”, responde. De momento, nadie ha explicado a los vecinos qué pasa, pero les gustaría contar con más información, para tener claro si “se trata de un hecho aislado o si esto va a ser el futuro de las playas del mar Menor”. Las casas, devaluadas debido a estos problemas, no se han inundado todavía, pero sí los sótanos que se encuentran bajo la piscina en los episodios de danas o gotas frías cuya frecuencia va en aumento.

LAS MEDIDAS | Una línea de defensa frente al mar

La Manga del Mar Menor, con una anchura de entre 100 metros y 1,5 kilómetros de ancho, es una firme candidata a sufrir inundaciones por la subida del mar. El Ayuntamiento de Cartagena ―al que pertenecen una parte de estos terrenos― explica que la subida del agua en la costa mediterránea tiene un efecto significativo en su litoral. “Hay regresión en las playas con pérdida de arena”, constatan fuentes municipales. Sin embargo, les es más complicado identificar qué parte es culpa del cambio climático y qué de otras causas como los puertos o espigones, responsables del cambio de la erosión y sedimentación de las arenas. El Ayuntamiento cuenta con un plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, que, de momento, se comenzará a aplicar con “actividades de concienciación y participación ciudadana”. Antonio Martínez, concejal de Medio Ambiente de San Javier —el otro municipio con suelo en La Manga— indica que su nuevo planeamiento urbanístico, que sustituirá al actual, de hace 35 años, incluye el retranqueo de la línea de edificación. También propone la construcción de paseos marítimos para unir los que ya existen y crear una “línea de defensa” frente al mar. El Gobierno murciano señala, por su parte, que “no existe ningún plan específico de la región destinado a un posible aumento del nivel del mar vinculado al cambio climático” y que el problema de los edificios pegados al agua “ya existía desde su construcción hace décadas y no ha variado".

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Chiringuitos gaditanos en peligro

El mar se tragó las mesas y sillas que los trabajadores del chiringuito El Potito, en la playa de La Victoria en Cádiz, colocaron en marzo de 2018 para evitar que entraran las olas provocadas por la tormenta Enma, que se unió a una pleamar viva. No consiguieron nada: el agua rebasó la playa, el murete que la separa del paseo marítimo e inundó aceras y calles del área de Extramuros, famosa por su concentración hotelera. El Potito está en una las zonas llamadas a desaparecer si no se actúa. “Ahora estamos preparados”, explica su dueño, Miguel Ángel Sánchez, director general del Grupo Hostelero Potito, que posee dos chiringuitos más en la misma zona, de los primeros en reabrir tras el confinamiento, que ha mantenido todos los puestos de trabajo, unos 68, este verano y se plantea seguir abierto en invierno.

Sánchez invirtió 200.000 euros en reparar los destrozos y aprovechó para sustentar la construcción de madera con pilotes del mismo material. “Además, apostamos por el medioambiente, hemos obviado los plásticos, animamos a los clientes a recoger plásticos y colillas…”, resume el empresario. Pero sabe que si el escenario de subida de los mares se cumple harán falta más medidas: “Una posible solución sería construir los chiringuitos elevados, como los palafitos que hay en el Caribe”.

LAS MEDIDAS | Diques y paseos elevados

En 2050 Cádiz podría perder suelos portuarios, barrios completos como La Laguna o Puntales, el único acceso terrestre que posee y amplias partes de costa. Javier Benavente, profesor del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz, estudia desde hace años los riesgos costeros a los que se enfrenta la Bahía de Cádiz. La zona se verá perjudicada por un ascenso del mar de entre 20 y 30 centímetros y por la ausencia de sedimentos del río Guadalete, mermado por la construcción de pantanos a lo largo de su cauce.

Benavente apunta para Cádiz solo soluciones parciales, como la construcción de diques y espigones, paseos marítimos elevados o más estaciones de bombeo para el alcantarillado. Por ahora, el profesor señala que ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno han iniciado acciones para poner en marcha estas medidas, más allá de la promesa de la Administración andaluza de elaborar un plan de emergencia en la costa ante posibles maremotos. Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz asegura estar preocupado y apunta que ha comenzado la elaboración de un plan municipal concreto para fenómenos costeros que se sumará a los de emergencias, que ya posee, para tsunamis o vertidos contaminantes en el mar.

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El Castro de Baroña, la Venecia gallega

“Baroña es nuestra Venecia; algunos inviernos el mar lo cubre por completo”, indica Ángel Concheiro, arqueólogo formado en los trabajos de recuperación de este singular castro (poblado celta fortificado) ubicado en el municipio de Porto do Son (A Coruña). La emblemática fortaleza fue asentamiento de pescadores durante la Edad de Hierro. Sus habitantes lo abandonaron en el siglo I antes de Cristo. Y está en peligro. “La mitad está sobre las rocas y la otra mitad, bajo el agua; gran parte de los cimientos de la Edad de Bronce están sumergidos”, sostiene Concheiro, artífice de los trabajos de consolidación. El especialista está alarmado por la falta de protección y el abandono. Asegura que recibe unas 100.000 visitas anuales “y con la etapa post-covid que impulsó el turismo local, fue tremendo; hubo gente que se llevó piedras a casa”, denuncia.

Concheiro reclama un plan estratégico entre Administraciones que lo preserve. “Habría que aplicar un sistema que evite la erosión marítima y su completa desaparición bajo el agua”, insiste, convencido de que es posible hacerlo “como se está demostrando ahora con Venecia”.

LAS MEDIDAS | Varias instituciones, ninguna solución

La Xunta de Galicia no contempla por el momento ninguna actuación en el Castro de Baroña, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, encaminada a preservarlo del bocado del mar. La Consejería de Infraestructuras sostiene que es Augas de Galicia el organismo responsable de delimitar las zonas de riesgo de inundación en las áreas fluviales de la demarcación Galicia-Costa, “mientras que en las zonas costeras la responsabilidad es de la Demarcación de Costas del Estado”. En el caso del municipio de Porto do Son “la única zona de riesgo determinada por Costas del Estado y, por lo tanto, incluida en los planes de la Xunta es el puerto marítimo”, afirma un portavoz oficial de Infraestructuras del Gobierno gallego que puntualiza que la Demarcación del Estado no les ha comunicado la existencia de riesgo en el castro. El alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, ha eludido atender las reiteradas peticiones de este diario para conocer posibles actuaciones o reivindicaciones municipales encaminadas a salvaguardar este BIC.

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El mar reclama su isla bilbaína

Anabel Toyos tiene 54 años y es la octava generación de habitantes de esa parte de la Ribera de Deusto que, convertida en isla, representa una de las zonas de desarrollo de la ciudad. “Antes solo entraba el agua con las mareas bravas de septiembre y octubre, ahora es algo habitual”, explica que le contaba su madre. Anabel es consciente de que se trata de uno de los efectos del cambio climático y de que lejos de remitir, solo va a empeorar. El año pasado, los vecinos se quedaron aislados seis horas cuando el agua cortó la única salida que tiene la isla. Toyos, presidenta de la asociación de vecinos, Erriberako Auzo Elkartea, recuerda que durante las inundaciones de 1983 en Bilbao, el agua subió unos cuatro metros en la isla. “Eso fue excepcional”, dice, pero a renglón seguido reconoce que lo habitual es que el agua entre en la isla. “Creemos que el Ayuntamiento no tiene claro qué hacer, porque un día nos dice que va a subir el pretil un metro, y eso sería horrible, y otras nos hablar de unos hinchables para evacuar la isla si se inunda”. De momento “no hay ni un plan de evacuación listo”, asegura. Aunque “saben perfectamente que estamos en una zona de riesgo”.

LAS MEDIDAS | Tanques de tormentas y planes marco

En la isla artificial de Zorrotzaurre, en Bilbao, cada pleamar es un riesgo. El agua se cuela por los cortes del pretil que separa la Ría de la carretera que la circunda. De hecho, desde que la prestigiosa arquitecta iraní Zada Hadid diseñara allá por 2004 un “nuevo Manhattan” para Bilbao en sus casi 850.000 metros cuadrados, el nivel para la construcción de edificios se ha elevado ya un metro. La construcción de dos tanques de tormentas que estaban previstos en la isla, para evitar que una marea alta y las lluvias torrenciales la inunden, se han retrasado por la incidencia de la CoVid 19.

Euskadi puso la primera piedra en la lucha contra las consecuencias del cambio climático con la firma de la Estrategia Ambiental de Desarrollo Sostenible del País Vasco 2002-2020. Después llegaron varios programas marco y actuaciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar Euskadi a los impactos del cambio climático. La Estrategia de Cambio Climático Klima 2050, que persigue reducir las emisiones de CO2 el 40% en 2030 respecto a las de 2005 y usar un 40% de energía renovable sobre el consumo final. En el litoral, el oleaje extremo puede dar lugar a inundaciones en el 12% de la red de carreteras y ferrocarriles.

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Las olas quieren coger este tren catalán

Oriol Cuevas tiene 32 años es peluquero canino y profesor de Artero Internacional Academy, una escuela para todos aquellos que quieran aprender a cortar el pelo a perros y gatos. La academia se encuentra en la calle Caldes de Estrac de Mataró a escasos metros de la línea del tren y, por tanto, justo al lado del mar. “Fundé la academia en octubre de 2018 y me decanté por este local porque es una zona de fácil acceso y muy bien comunicada con el tren. El problema es que con los temporales hay veces que los alumnos llegan tarde por los cortes en la línea férrea”, lamenta. “Dicen que en 2050 el nivel del mar aumentará mucho y, si es así, me quedaré sin casa –vivo en Mataró muy cerca de la Nacional II–, y sin negocio. Me quedaré sin nada y con más de 60 años”, ironiza pensando que faltan muchos hasta que eso ocurra. Lo que sí le preocupa es el funcionamiento del tren: “Estamos cerca de Barcelona, cerca del aeropuerto y cerca de la playa. Es el lugar ideal para que vengan alumnos de aquí y de cualquier parte del mundo a mi escuela. Las conexiones deben estar garantizadas. Por carretera lo están. Ahora necesito, igual que otros trabajadores y empresarios, que la línea del tren funcione correctamente”, añade.

LAS MEDIDAS | Un nuevo rompeolas a la espera de Gobierno

El previsible aumento del nivel de mar y las consecuencias que tendrá ya son muy evidentes en una vía férrea tan básica como la línea R1 de Cercanías de Renfe entre los municipios barceloneses de Mataró y Cabrera. Es un recorrido superpuesto al primer trazado ferroviario de España entre Barcelona y Mataró (1848) que circula en paralelo y a entre cinco y 10 metros de la orilla del mar. Cada día, más de 105.700 viajeros utilizan la R1 para ir a trabajar o estudiar a la capital catalana desde los municipios de la comarca del Maresme. Y cada vez que hay un temporal sufren parones, retrasos e interrupciones del servicio ya que las olas afectan a las vías y a la catenaria.

El alcalde de Mataró, David Bote, lleva años buscando una solución para este problema. “Construir una línea alternativa a la actual tiene un coste tan elevado que ninguna administración puede, ni siquiera, plantearlo en estos momentos. Por eso, nuestras peticiones se concentran ahora en exigir a Costas que se refuerce el actual rompeolas que protege la vía ya que el actual es muy pequeño y empíricamente no es suficiente. No existe playa en este tramo. Exigimos al Gobierno central que se amplíe en, al menos, cinco metros más la escollera actual”, reclama. Bote sabe que con esa ampliación del rompeolas no se salvará de las previsibles consecuencias que conllevarán el aumento del nivel del mar, pero cree que arreglará el problema ferroviario. Para todo lo demás, dice, se necesitan “soluciones globales”.

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Sin lluvias en los arrozales del Guadalquivir

Doñana, la desembocadura del Guadalquivir y sus marismas son unas de las zonas más expuestas de Andalucía al riesgo de inundación ante la subida del mar provocada por el cambio climático. Incrustada en estas marismas surge Isla Mayor, el epicentro del mayor arrozal de España que se enfrenta a la salinización, al cambio de temperaturas y a la falta de embalses. El municipio, de casi 6.000 habitantes, capta el agua para inundar sus plantaciones del estuario del río. Antonio Olivares, de 83 años, 65 de ellos dedicado al cultivo del arroz, preside la Junta Central de Regantes de la margen derecha del río Guadalquivir. Explica que como el estuario tiene muy poco desnivel se encuentran bajo la influencia de las mareas, de tal forma que el agua dulce se mezcla con la salada. “El cultivo se ve afectado por la escasez de lluvia y de pantanos, que unido a las altas temperaturas que llegan a destiempo, están afectando al cultivo. La media es de 9.500 kilos por hectárea y el año pasado en varias tablas del margen derecho [el más afectado por la salinización], se obtuvieron entre 3.000 y 4.000 kilos”. La lluvia tardía de este año ha hecho que se plantara tarde y la recolección aún no ha empezado.

A esto hay que añadir la proliferación de plagas —el insecto pudenta, en 2017, los hongos, en 2018 y las malas hierbas, en 2019— que se multiplican por el desorden climático y la obligatoriedad de mantener inundadas hasta enero las plantaciones para que las aves del coto puedan alimentarse. De momento, el mosquito del virus del Nilo, que tiene en vilo a los municipios de la ribera del Guadalquivir, no ha afectado las cosechas, asegura el agricultor.

Olivares advierte de que la pérdida de esta forma de vida dañaría no solo a toda una comarca que vive del arroz, sino al medio ambiente. “Tenemos a las aves del coto [de Doñana] que comen aquí todo el año; y somos la depuradora más importante que tiene el estuario del Guadalquivir. Aquí las aguas entran como si fueran chocolate y salen transparentes. Y esto beneficia a los animales que vienen a desovar: peces, crustáceos, cefalópodos…”, explica entusiasmado.

Los agricultores de la zona demandan desde hace más de una década un cambio en la forma de abastecerse. Han puesto en marcha un plan de modernización con un nuevo tipo de riego, que consume menos energía, pero, tras superar la farragosa etapa de impacto ambiental, la covid ha paralizado el estudio de la dotación de fondos.

LAS MEDIDAS | Nuevas áreas de riesgo

La Confederación Hidrográfica del Gudalquivir (CHG) está trabajando en la revisión del plan de gestión de riesgo de inundación de su demarcación geográfica –Guadalquivir, Ceuta y Melilla–. Entre sus objetivos se encuentran: incrementar la percepción del riesgo de inundación y las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos; mejorar la capacidad predictiva ante avenidas de agua y lograr una coordinación administrativa entre todos los actores involucrados. Se han identificado 43 nuevos tramos potencialmente inundables, con una longitud total de 143,226 kilómetros, que han generado 18 nuevas áreas de riesgo potencial significativo y la ampliación de las 13 ya existentes, lo que abarca una longitud total de 1.010,99 kilómetros. Actualmente, se están generando los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, una fase en la que, además de la identificación y ampliación cartográfica de zonas inundables, también se han redactado proyectos de infraestructuras verdes, integración paisajística y restauración fluvial.

La CHG ha establecido unas normas urbanísticas y de construcción para que sean tenidas en cuenta en los planes de ordenación urbana. Al mismo tiempo, ha movilizado 10,4 millones de euros para mantenimiento, protección y conservación de los cauces.

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