Un alto funcionario del Parlamento de Navarra se alió con la Iglesia en su batalla judicial contra dos ayuntamientos

Los ayuntamientos navarros de Ochagavía/Otsagabia y Sangüesa llevan seis años inmersos en una guerra judicial aún activa en la que buscan recuperar varios bienes que la Iglesia inmatriculó a su nombre sin necesidad de demostrar su propiedad gracias a la Ley Hipotecaria de 1998. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dado de momento la razón a la diócesis en sendas sentencias recurridas ante el Tribunal Constitucional. En esas victorias, la Iglesia ha tenido un aliado polémico: Luis Javier Fortún, el alto funcionario del Parlamento de Navarra que ha dirigido los archivos de la institución durante 37 años.

Sendos informes periciales emitidos y ratificados ante el juez por Fortún, en los que apela a la legislación antigua para apuntalar los argumentos de la diócesis, han sido claves para que el alto tribunal le haya dado la razón a la Iglesia. El alto funcionario, que ha sido jefe del Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación del Parlamento foral hasta el año pasado que se jubiló y que también es miembro de la Real Academia de Historia, elaboró estos informes mientras ejercía su cargo. Es decir, al mismo tiempo que la Cámara legislaba a favor de sacar todas esas inmatriculaciones a la luz, uno de sus jefes de servicio defendía a la entidad privada señalada contra los intereses de dos administraciones locales.

Fortún argumentó que actuaba en calidad de académico, pero la entidad lo ha desmentido y ha calificado sus informes de irregulares. La historia se remonta a 2012, cuando el Ayuntamiento de Sangüesa llevó a la Iglesia a los tribunales para reclamar la propiedad de cuatro ermitas: la Virgen de Nuestra Señora de la Nora, San Babil, Virgen del Camino y Virgen del Socorro. Todas habían sido registradas a nombre de la diócesis en agosto de 2000. Los tribunales han dado la razón a la Iglesia basándose en el informe de Fortún, pero el consistorio ya ha presentado recurso ante el Constitucional.

El municipio cuenta con el apoyo del Parlamento de Navarra que, tras el recurso ante el Constitucional, ha incluido 25.000 euros en los presupuestos de 2022 para cubrir los costes jurídicos en los que pueda incurrir el consistorio de Sangüesa durante este proceso.

Fue en 2014 cuando el Ayuntamiento de Ochagavía reclamó ante los tribunales la titularidad de 13 bienes y fincas que la Iglesia inmatriculó en su término municipal. La más conocida es la Ermita de Muskilda y los edificios y terrenos anexos, inmatriculados en 1999. En 2017, los tribunales fallaron a favor del consistorio, pero la diócesis recurrió la sentencia y en noviembre de 2021, la Audiencia de Navarra dio la razón a la Iglesia. El alcalde independiente de Ochagavía, Mikel Aoiz, ha confirmado que van a acudir al Constitucional y, de ahí, si es necesario, a Europa: “Tenemos muy claro que Muskilda es del pueblo. Hay que reclamar lo que es nuestro porque si no, estaríamos dejando que nos lo quiten. Hay que seguir adelante”. Aoiz detalla que la ermita está gestionada por el Patronato de Muskilda, formado por el Ayuntamiento, el mayordomo (voluntario elegido cada año) y el párroco, que son quienes se encargan de arreglarla con los fondos que aportan los vecinos.

En ambos procedimientos, los informes de Fortún han sido más que primordiales. Es suficiente con echar un vistazo a cualquiera de las dos sentencias para comprobar que, en su resolución, el tribunal cita párrafos completos del informe. Fortún compareció en el juicio como perito de parte tras ser contactado por el Arzobispado de Pamplona y Tudela y, tal y como ha confirmado la institución eclesiástica, por ser doctor en Derecho y miembro de la Real Academia de Historia. Tanto el Arzobispado como el Parlamento aclaran que no percibió contraprestación alguna por su labor.

En aquel momento, Fortún era empleado público de servicio especial —jefatura de servicio— y, por tanto, en régimen de dedicación exclusiva. De acuerdo con los Estatutos de Personal de la Cámara foral, no podía ejercer ninguna otra actividad pública o privada retribuida o meramente honorífica “que impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario, comprometa su imparcialidad o su independencia o perjudique los intereses generales”. Esta situación fue denunciada por el letrado de Sangüesa, lo que llevó al tribunal a solicitar a la entonces letrada mayor del Parlamento de Navarra, Idoia Tajadura, que elaborara un certificado sobre la cuestión.

En ese documento, la letrada mayor constató que Fortún ejerció como perito de parte en el procedimiento judicial siendo funcionario en activo, “en su condición de miembro” de la Real Academia de Historia y sin autorización de la Cámara. Con todo, su actuación no tuvo consecuencias, pese a que el certificado donde se recogen los hechos lleva el visto bueno de la entonces presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, de Podemos. Este periódico ha tratado sin éxito de recabar explicaciones de Aznárez. Ni la letrada mayor ni la máxima responsable de la Cámara ni el tribunal realizaron más investigaciones y la tacha interpuesta por el abogado defensor del consistorio sangüesino fue rechazada por “infundada”.

La intervención de Luis Javier Fortún en el juicio tampoco fue autorizada por la Real Academia de Historia. La entidad ha confirmado a este periódico que Fortún es efectivamente académico correspondiente, pero no ha sido designado como perito en ningún procedimiento judicial. Para ello, debería haber seguido un procedimiento de tres pasos. La Iglesia tendría que haber presentado una solicitud. la directora de la Academia tendría que haber propuesto uno o más nombres al pleno de académicos y ,finalmente, este órgano habría sido el encargado de designar al perito.

La Academia asevera que está estudiando lo sucedido por si fuera necesario tomar alguna medida, pero adelanta que la comparecencia de Fortún como perito en condición de miembro de la entidad “será considerada irregular por parte de la Academia”. Queda saber si este hecho es suficiente para revisar las dos sentencias judiciales por irregularidades. Fortún ha declinado ofrecer su versión a este periódico a través del Arzobispado. Fuentes de la institución eclesiástica alegan, por su parte, que el alto funcionario fue contactado por ser doctor en Historia y “en calidad y no condición” de miembro de la Academia.