UGT afirma que el Gobierno vasco aún no tiene desarrollada la competencia para gestionar los centros penitenciarios

El presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, sindicato mayoritario en la administración penitenciaria de las tres prisiones vascas, ha alertado de que en el Gobierno vasco hay “mucho desconocimiento” del sistema penitenciario y de sus necesidades en Euskadi a menos de un mes para que el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu se haga cargo de esta competencia. El representante sindical ha lamentado la “falta de previsión” del Ejecutivo autónomo para asumir la gestión plena de las tres prisiones vascas, además de considerar que está actuando “de forma lenta”a la hora de definir el modelo de gestión de la transferencia.

Otra de las quejas de UGT se ha centrado en la necesidad de contar con un Centro Social Independiente (CIS) que cuente con las comunicaciones adecuadas. Según apunta el sindicato en el informe facilitado tras la rueda de prensa de este martes, “los departamentos residenciales [aquellos en donde viven los reclusos] deben atender a la separación que establece el ordenamiento jurídico. De esta manera, se recoge la exigencia de separar preventivos y penados, mujeres y hombres y jóvenes y madres internas con hijos de hasta tres años. Del mismo modo, el sindicato pone especial hincapié en el hecho de que tan solo el Centro Penitenciario de Álava con un departamento de régimen cerrado, es decir, aquellos centros que cuentan con un espacio para aquellos internos que ocasionan graves incidentes.

Tras defender el traspaso de la competencia y matizar que dicho traspaso debe hacerse en las mejores condiciones para los trabajadores “y no a su costa”, López ha expuesto que las condiciones laborales que plantea el Gobierno vasco “no recogen” derechos adquiridos de los empleados públicos en materia de retribuciones, complementos, horarios o permisos porque, en la mayoría de los casos, no figuran ni se aplican en las instituciones vascas, pero suponen cantidades económicas “importantes”, ha precisado.

Si bien la legislación penitenciaria continuará correspondiendo al Gobierno de España, la Administración vasca podrá “gestionar la organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias”, según la competencia recogida en el Estauto de Gernika en los artículos 10.14 y 12.1. El primer paso se produjo en febrero, cuando el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, llegaron al acuerdo que permite que el control de las prisiones vascas pase a manos del Gobierno vasco. De acuerdo a las declaraciones de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, el traspaso “dará la posibilidad de abordar cuestiones como la formación ocupacional o la resocialización” de los reclusos.

La resolución del traspaso de prisiones a Euskadi aborda, igualmente, el traspaso de la gestión por parte del Gobierno vasco de las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), cuyos trabajadores pasarán a formar parte del Ejecutivo autonómico, que se ocupará de integrarlos en la función pública vasca y de pagar sus respectivas nóminas. Alrededor de 700 personas trabajan actualmente en los tres centros penitenciarios del País Vasco, de los que la mayoría son funcionarios y pertenecientes al personal laboral.

El sindicato ELA ha dado a conocer este martes, a través de un comunicado, la reunión de varios sindicatos con el Gobierno vasco para negociar las condiciones laborales de los trabajadores afectados por la transferencia a Euskadi de la gestión de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma. El acto, que tendrá lugar el próximo viernes en Vitoria, tendrá la finalidad de reclamar “un sistema penitenciario más democrático y social, además de unas condiciones laborales “dignas”, según apuntó el propio sindicato en sus redes sociales. Un acto que ha sido calificado de “preventivo” por parte de UGT.

Urkullu anunció la pasada semana, tras la celebración del primer Consejo de Gobierno del nuevo curso, la aprobación de un proyecto de ley que aglutinará la creación de un nuevo organismo con el objetivo de mejorar y allanar aquellos itinerarios relacionados con la inserción sociolaboral y la orientación. El organismo, llamado Aukerak (Agencia Vasca de Reinserción Social), se responsabilizará de las funciones que, hasta ahora, se encontraban asumidas por la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, adscrita al Ministerio del Interior. La intención del Gobierno vasco es que Aukerak comience a operar, como máximo, el 1 de enero de 2022. Fuentes del Gobierno indicaron las funciones que podrán producirse tras su puesta en marcha: “Las actividades a desarrollar por Aukerak incluyen la creación y gestión de talleres productivos que dan empleo a las personas internas, lo cual incluye realizar actividades productivas e industriales, mercantiles y de comercialización de los productos o servicios realizados”.

Las reacciones políticas a la aprobación del traspaso fueron recibidas con duras críticas por parte de la oposición, especialmente de Ciudadanos, cuya presidenta nacional, Inés Arrimadas, tildó el acuerdo de “vergüenza”. Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, lo calificó como “la mayor degradación de la política”. No obstante, las declaraciones de ayer del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, vislumbran un panorama diferente al mostrado por las dos formaciones políticas en el momento de la aprobación del traspaso. Iturgaiz se mostró partidario de reformar el Estatuto de Autonomía de Gernika y de transferir a Euskadi la competencia sobre la gestión de las prisiones: “El PP vasco apoya la transferencia de prisiones a la Comunidad y reformar el Estatuto. Nos van a encontrar en las antípodas. Sí estamos por la reforma del Estatuto de Gernika, pero no para crear un nuevo estatus, ni para agasajar a EH Bildu, ni para los planteamientos nacionalistas de autodeterminación e independencia”, señaló.