10.000 euros y te vas de tu casa: los vecinos de Chamberí se resisten a vender su vida a los fondos de inversión

Hacer las maletas, empaquetar toda tu vida en cuatro cajas y abandonar tu casa de alquiler por 10.000 euros. Esa es la oferta que recibieron en enero Irene Moreno (34 años) y su pareja, Ángel Díaz (40), de parte del fondo de inversión Palau & Manfredi. Una empresa vinculada a ese grupo cerró el pasado 10 de diciembre la compra del edificio del número 37 de la calle Gaztambide para rehabilitarlo y transformarlo en pisos de lujo. O al menos ese fue el modus operandi que ejecutó el año pasado en otro bloque de viviendas que adquirió en la plaza de Olavide, también en el barrio madrileño de Chamberí, donde se encontraba la academia de música La Popular. El único obstáculo que se interpone en este nuevo proyecto son vecinos como Moreno y Díaz, que se niegan en rotundo a abandonar su hogar. Sin embargo, temen que, una vez que haya finalizado el contrato, los nuevos dueños disparen los precios y les resulte imposible quedarse, un miedo que comparten con los vecinos del barrio ante el auge de la especulación inmobiliaria.

La noticia de que un fondo de inversión quería comprar el bloque empezó a sobrevolar el portal 37 de la calle Gaztambide el 18 de enero, cuando Moreno y Díaz recibieron la oferta para romper su contrato de alquiler y marcharse de allí. La propuesta vino acompañada de la “advertencia” de que la situación se volvería en contra de los inquilinos cuando se formalizara la venta y arrancaran las obras. Pablo Pérez, miembro del Sindicato de Inquilinas, señala que este tipo de presiones para abandonar las viviendas son prácticas habituales de los fondos de inversión. Palau & Manfredi ha rechazado hacer declaraciones sobre la operación a EL PAÍS.

Los vecinos denuncian que la nueva hoja de ruta de la empresa pasa por vender los inmuebles uno a uno. En total 12 viviendas, de las cuales nueve están habitadas; más dos locales, uno que se encuentra vacío y otro que alberga un obrador de pastelería que abrió en 2013. Fundamentan sus sospechas en las habituales visitas organizadas por la inmobiliaria de lujo Fortuny al quinto piso, que se quedó libre tras la marcha de la anterior inquilina y en el que, aseguran, se ha creado un piso piloto. El problema de la zona, opina Moreno, es que Chamberí es “un caramelito” para los inversores. Pablo Pérez explica que el barrio se ha convertido en “un objetivo prioritario para fondos” por varias razones. “La ubicación de Chamberí es muy céntrica, está muy bien conectado y eso hace que esté bien valorado por perfiles de renta media-alta y por el mercado de alquiler corporativo o turístico”, detalla el miembro del Sindicato de Inquilinas.

Además, también señala que Chamberí es “un parque residencial que está envejecido” y que es habitual que los bloques tengan un único propietario, lo que facilita que se puedan comprar de golpe y que se lleven a cabo “operaciones de vaciado de edificios”. Una tormenta perfecta que “deja vía libre a practicas especulativas muy agresivas”, según Pérez, como la subida indiscriminada del precio de arrendamiento.

El incremento del alquiler es uno de los principales focos de preocupación para Irene Moreno y Ángel Díaz, pero no solo por ellos, sino también por Paloma Santos. La mujer, de 68 años, vive en el edificio de Gaztambide junto a su marido Paco desde 2012, cuando se instalaron en la vivienda que sus padres habitaron desde el 2000. “Lo que más me preocupa es que Paloma y Paco no se queden en la calle”, ruega Moreno. Aunque su contrato no entra en la categoría de renta antigua, no se rige por los precios del mercado actual. “Los años que me queden de vida no sé si los voy a pasar en la calle o en una residencia”, expresa Paloma con preocupación. Tanto ella como su marido están jubilados y tienen una pensión modesta, por lo que temen verse sin un lugar donde vivir si el fondo les expulsa o les sube el alquiler.

Un fenómeno cada vez más habitual

El miembro del Sindicato de Inquilinas todavía recuerda con indignación lo que ocurrió en el número 22 de la calle Galileo en noviembre de 2023, también en Chamberí, un caso muy similar al de Gaztambide. Las familias que vivían en aquel bloque de viviendas recibieron el aviso de que el edificio había sido comprado por Elix Rental Housing, el fondo inmobiliario propiedad de AltamarCAM Partners, cuyo presidente era Claudio Aguirre, primo de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, y de la no renovación de sus contratos. El primer desahucio se produjo cuando la vecina y portera del bloque fue despedida de manera improcedente y expulsada de su vivienda, según explicaron desde el Sindicato de Inquilinas a EL PAÍS.

Pero los residentes no son los únicos perjudicados por la llegada de los grandes inversores. Lo sabe bien Hugo Verástegui, un autónomo de 34 años que trabaja en el obrador de pastelería Hojaldres Artesanos, en Gaztambide 37, que heredó de su padre hace unos meses. Su contrato acaba en 2026, por lo que el año que viene todo puede cambiar para su negocio. “Es una situación bastante estresante porque no es un problema exclusivamente mío, sino también de mis dos empleadas, que se quedarían sin trabajo”, lamenta.

A pesar de que él no ha recibido ninguna oferta económica para abandonar el local, el fondo de inversión sí que le planteó la posibilidad de comprar el establecimiento por un precio que, asegura, no puede asumir. “Al final la libertad de empresa es un chiste, porque si no tienes el local en propiedad parece que es volátil”. Verástegui asegura que el alquiler que paga debería ser rentable para los futuros compradores. “Hay gente que quiere sacar tajada, exprimir la naranja y al final parece que no hay civismo. Están echando a los ciudadanos madrileños”, denuncia antes de vincular estas prácticas con el Plan Reside que, entre otros aspectos, prohíbe que los alojamientos turísticos estén en edificios residenciales del centro de la capital.

Para unir a todo el barrio en la lucha contra la especulación inmobiliaria, varios vecinos impulsaron la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Chamberí el pasado 6 de octubre, un colectivo ciudadano que aspira a dar visibilidad al problema de la vivienda en el barrio de Chamberí y que investiga las operaciones similares a la de Gaztambide 37 que se están desarrollando en la zona.

Es el caso de Trafalgar 22, que también fue adquirido en 2024 por el fondo de inversión Palau & Manfredi, tal y como ha podido confirmar este periódico. Esa operación condenó al cierre a la escuela musical La Popular tras 28 años de historia en el barrio. Así lo recuerda Patricia Monasterio, codirectora de la academia: “Teníamos más de 20 personas contratadas, pero tuvimos que echar a todo el mundo, hacer liquidaciones y vender todos los instrumentos. Unos 400 alumnos se quedaron sin clases”. La responsable recuerda cómo, a pesar de luchar por mantener con vida La Popular e incluso buscar otras ubicaciones en el barrio, tuvieron que despedirse. “Era prácticamente imposible reabrir la escuela en otra ubicación de Chamberí porque los locales disponibles no tienen las características necesarias para una escuela de música. Además, los precios son prohibitivos, no te da para poder pagarlos. Es imposible”, lamenta.

Desde el Sindicato de Inquilinas insisten en señalar que la llegada de fondos de inversión es un problema generalizado y que no repercute exclusivamente en los residentes. “Esto es algo que no solo afecta a las personas que viven de alquiler, sino también a los comercios de toda la vida y que han proporcionado servicios para estas vecinas durante décadas”, denuncia Pérez.

Irene Moreno y Ángel Díaz llegaron de Andalucía a Madrid con la expectativa de construir una vida a largo plazo en la capital. Ahora tratan de evitar por todos los medios que ese sueño termine mucho antes de lo esperado: “Si nos movilizamos y los vecinos se lo ponemos difícil a los fondos de inversión, dejará de ser un negocio rentable”.