El ‘caso residencias’ se reactiva con las declaraciones de ex altos cargos de Ayuso y la lucha de las familias por abrir una macrocausa

Carmen López se siente incómoda al entrar en los juzgados de Navalcarnero (Madrid). En cualquier instante puede cruzarse con el médico Francisco Javier Martínez Peromingo, un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputado por la muerte de su madre. Un par de minutos después, divisa a ese hombre corpulento en mitad de un pasillo largo. Camina hacia él, pero se detiene a unos diez metros, junto al abogado de su colectivo, Marea de Residencias. Al poco, una funcionaria manda a todos a la sala de vistas y Peromingo pasa a su lado, sin mirarla, limpiando las lentes de sus gafas de pasta en ese preciso instante. López, que a veces vence su timidez con arrojo, nota un chispazo de indignación pero se mantiene callada.

López tiene 66 años y es la cara más conocida de Marea de Residencias, un grupo que ha encabezado durante más de cinco años la pugna judicial por las miles de personas mayores que murieron sin recibir atención hospitalaria en Madrid durante la pandemia. Hoy no está aquí por el caso de su madre. Acompaña al abogado Carlos Vila en el procedimiento de una señora que murió en la residencia de un pueblito del sur de Madrid, El Álamo. El cadáver permaneció tres días en la cama, según la querella. Peromingo, que ha declinado hablar para este reportaje, comparece como testigo, pero está imputado en siete juzgados. Era el médico del hospital de zona, el Rey Juan Carlos de Móstoles, que decidía qué enfermos eran ingresados y cuáles rechazados, según los protocolos que diseñó la Comunidad de Madrid para las 475 residencias de la región y en cuya redacción participó él mismo. Estos protocolos recomendaban descartar a las personas con dependencias mentales o físicas para evitar el colapso hospitalario. Murieron sin hospitalización más de 7.200 personas.

La de Navalcarnero, el miércoles 22 de octubre, es una más de un sinfín de sesiones. Esta investigación transcurre en múltiples juzgados a diferencia del caso de la dana de Valencia, otro episodio sobre una gestión política vinculada a una tragedia. Durante mucho tiempo la sensación de las familias de fallecidos en residencias de Madrid que optaron por la vía penal ―386, según los cálculos de EL PAÍS― era que se habían adentrado en un laberinto con una única salida: el fracaso. Pero 2025 ha supuesto un antes y un después. El caso residencias, una batalla judicial por la verdad de lo que pasó en aquellos días de covid que se ha prolongado durante casi toda la era Ayuso, se ha reactivado.

Por un lado, ocho juzgados de la región han imputado a exresponsables autonómicos involucrados en la gestión de aquella crisis. Son cuatro los investigados: Peromingo, el médico que redactó los protocolos; Carlos Mur, el alto cargo de la Consejería de Sanidad que los firmó; Pablo Busca, el gerente del Summa 112 que controlaba las ambulancias públicas; y Antonio Burgueño, el asesor que orientó a la presidencia en los primeros días de la pandemia. Se les investiga como presuntos responsables de una discriminación en el acceso sanitario.

Los tres primeros deben declarar esta semana. Se espera que sea su primera declaración como investigados tras dos suspensiones en primavera. Mañana a las 10.00 deben comparecer en el juzgado 23 de Madrid, y al día siguiente a la misma hora en el 2 de Collado Villalba. Se les investiga como presuntos responsables de una discriminación en el acceso sanitario.

Además, las familias aguardan una decisión que puede transformar el caso: buscan acabar con la fragmentación judicial, que creen que perjudica su lucha por averiguar lo sucedido y exigir responsabilidades. La Audiencia Provincial tiene pendiente resolver un recurso que presentaron en septiembre para que las investigaciones con imputados se centralicen en un juzgado. Si se instruyera una macrocausa como la de Valencia, una sola jueza podría aprovechar la información acumulada a lo largo de cinco años de pesquisas.

“Morían agarrados a las barandillas”

Para López y los demás la peregrinación por juzgados se ha convertido en parte de su activismo, junto con las entrevistas, las charlas informativas o las reuniones con políticos. A ella le cuesta mantener la cuenta de las veces que ha ido a los juzgados para declarar o para acompañar a algún asociado. “¿Veinte?”, se pregunta tras contarlas en silencio durante unos diez segundos. Son algo tan rutinario que Marea ni siquiera ha convocado una concentración ante la sesión. El abogado necesitaba un coche y ella se ha levantado a las siete menos cuarto y ha conducido su pequeño Kia Rio blanco desde Carabanchel hasta Mirasierra, en el norte de la capital, y luego hasta Navalcarnero, en el extremo suroeste de la región. Dos horas de viaje.

López no sabía ni quién estaba citado.

―¿Quién declara hoy? ―pregunta al volante.

―Un montón de médicos y Peromingo ―le contesta el abogado Vila.

―¡Anda, Peromingo! Si lo llego a saber vengo con más gente.

―Perdón por no decírtelo.

Ni los miembros de Marea son capaces de hacer un seguimiento de tanta cita judicial. “En Navalcarnero ha sido demencial”, dice ella, que ha estado antes aquí un par de veces. “Citan y luego suspenden... Es muy cansino”.

Este largo camino comenzó cuando los cadáveres aún estaban por recoger. La primera noticia sobre investigaciones data del 23 de marzo de 2020, cuando los militares que fumigaban residencias se encontraron cuerpos que llevaban días en sus camas y la Fiscalía General abrió pesquisas.

Apenas hay imágenes de lo que pasaba dentro. Se acabaron las visitas y muchas residencias ocultaron los brotes de coronavirus, temiendo publicidad negativa. Ayuso salió en la tele para decir que las residencias eran seguras, que estaban “medicalizadas”, sin aclarar qué era eso, pero la realidad que han mostrado las actas de la Policía o los bomberos era dantesca. Las cuidadoras caían con el virus y muchos mayores se quedaban solos, sin nadie que les alimentara o aseara. Cuando enfermaban, agonizaban sin sedantes. “Lo voy a recordar hasta el día en que me muera”, narró más tarde una cuidadora de una residencia de Móstoles, María Ángeles Maquedano. “Se morían agarrados a las barandillas de la cama intentando respirar”.

Hasta la pandemia, las residencias disponían de un sencillo circuito para derivar a un enfermo al hospital: marcar el 061. Pero la Consejería creó un nuevo sistema, contenido en los protocolos, por el que debían llamar a su hospital de referencia, donde un “geriatra de enlace” se encargaría de hacer por teléfono una “valoración conjunta” con el personal de la residencia. La hospitalización se recomendaba si el paciente era autónomo, lúcido y no tenía otra enfermedad en fase avanzada. El resto debían permanecer en la residencia, a las que se iban a suministrar balas de oxígeno y una lista de medicamentos intravenosos, según esos documentos.

Los hospitales recibieron cuatro versiones de esos protocolos (el 18, 20, 24 y 25 de marzo) con ligeras variaciones. Las diferencias radican en que se suavizó el lenguaje (las “recomendaciones de exclusión” se convirtieron en “recomendaciones de derivación”) y se cambió el baremo para valorar a los candidatos (del índice de Barthel, que mide la autonomía personal del 0 al 100, se pasó a una escala de fragilidad del 1 al 9).

Al conocer lo que pasaba, los hijos se espantaban. “Lo único que yo quiero es que mi padre no esté en una habitación solo y sin atender”, se escucha a Laura Grela en una llamada que grabó, con la doctora de la residencia Orpea Villanueva. “He hablado esta mañana con él y no podía ni respirar…. Me ha dicho que nadie había ido en toda la noche por allí“. La sanitaria le dijo que no podían derivar.

―Están saturados y por eso han habilitado a residencias como esta para que manejen a los enfermos.

―Qué vergüenza.

―Ya, esto es lo que es.

Luis Grela murió el 3 de abril con 77 años.

Los hijos no podían sacudirse esas muertes indignas. María Villanueva perdió a su madre, Paz, y tres días después, a su padre, Eduardo. “Mi padre se murió ahogado. Jamás se quejaba, pero las últimas palabras que le oí fueron ‘ay no puedo, ay no puedo”.

En aquel Madrid confinado, los hijos se organizaron desde casa, y Marea, que había nacido en septiembre de 2019 para exigir residencias de calidad, se convirtió en el auxilio de muchos hogares rotos. De hecho, varios miembros de Marea habían perdido a sus padres y se encontraban entre los 26 familiares que firmaron la primera querella de ese colectivo, del 11 de mayo. Una era la propia Carmen López. Su madre, Carmen Llorente, falleció el 1 de mayo, tras una derivación tardía a causa de los protocolos.

Aquella querella apuntaba contra Ayuso y sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Interior, Enrique López, por homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Marea recibió un torrente de correos de interesados que habían conocido la iniciativa gracias a la televisión y las redes sociales.

López y un puñado de miembros de Marea contestaron a cientos de personas. Eran relatos “espeluznantes”, recuerda una integrante del grupo, María Jesús Valero, cuyo padre también murió durante las restricciones. “Hubo un momento en que me aparté porque no podía leer más barbaridades”.

Se ahorraron los gastos de abogados porque tres despachos se ofrecieron desinteresadamente. El más involucrado ha sido Carlos Vila. A sus 74 años, este hombre canoso de cejas oscuras dejó el trabajo ordinario de su bufete en el barrio de Argüelles en manos de su hijo Borja, lo que le dio el tiempo necesario para asistir a “cientos” de sesiones sobre las residencias.

Vila considera que su mayor éxito es un caso que le recuerda a este por el intento de condenar a responsables políticos. Fue la intoxicación masiva en 1981 por consumo de aceite de colza, que era vendido puerta a puerta y en mercadillos. Los damnificados solo pudieron empezar a reclamar al Estado las indemnizaciones en 1999, después de una condena a dos funcionarios de Aduanas. “Condenaron primero a los empresarios, pero nosotros seguimos dando el coñazo para responsabilizar a la administración por su falta de control”, dice Vila. “Fueron casi 20 años de trabajo incansable, aunque luego hubo muchos problemas para cobrar esas ayudas”.

Marea amparó a 338 familias. Otras diez acudieron a la asociación Pladigmare y al menos 29 actuaron por libre. Sus casos se dividieron en múltiples juzgados de instrucción dependiendo del municipio donde se produjeron las muertes porque el Tribunal Supremo, donde está aforada Ayuso, ordenó en diciembre de 2020 que las pesquisas fueran conducidas por esa instancia menor. Así, se incoaron 100 procedimientos ―cada uno puede incluir varias muertes―.

Las familias querían condenas contra los políticos que diseñaron los protocolos, pero la investigación comenzó por los trabajadores que cumplieron esas directrices. La idea de Marea y otros abogados era proceder de abajo a arriba, de modo que esos testigos ―médicos y cuidadores― implicaran a los responsables autonómicos. Sin embargo, los jueces se resistían a subir al escalón político. Las sesiones giraban sobre cómo se produjo cada muerte: si hubo llamadas al hospital o si la residencia contaba con personal y medios materiales. El escaso apoyo de la Fiscalía era un obstáculo.

Cuando los políticos eran citados, comparecían como testigos, no como investigados. Alberto Reyero, el exconsejero de Ayuso que se opuso a los protocolos y que ha sido llamado a declarar en cuatro juzgados, ha apoyado la reclamación de las familias al declarar que eran directrices discriminatorias. Otro testigo, el cargo que las firmó, Carlos Mur, le ha llevado la contraria. Nunca ha hecho declaraciones a la prensa, pero fuentes judiciales dicen que sus argumentos han coincidido con los que dio en el parlamento madrileño: que los geriatras de enlace no estaban obligados a seguir los protocolos y que tomaron las mejores decisiones para cada paciente.

Pronto llegaron los reveses. De manera casi sistemática, los médicos forenses de los juzgados emitieron informes exculpatorios que descartaban la posibilidad de que los fallecidos se hubieran salvado en el hospital. Era clave un concepto usado en las negligencias médicas: el de “pérdida de la oportunidad terapéutica”, que exige a la acusación demostrar una relación causal entre la conducta del sanitario (en este caso el rechazo hospitalario) y el resultado lesivo (la muerte). Carlos Rojas Marcos, abogado que ha representado a varias familias de la residencia Monte Hermoso, dice que es complicado probar ese nexo en el orden penal. Además, agrega, “era muy difícil sostenerlo en el caso de una enfermedad nueva para la que no había cura”.

Las familias perdían incluso cuando el informe les favorecía. Le pasó al hijo de un hombre de 85 años que vivía en Monte Hermoso, cuyo caso fue llevado por el abogado Carlos Sardinero. El forense dijo claramente que “se debería haber trasladado al hospital” al fallecido, pero se encontró con el carpetazo del juzgado y luego de la Audiencia Provincial.

“El tratamiento aplicado fue el adecuado”, dijo la Audiencia para tumbar su recurso en un breve auto de cuatro páginas del 21 de marzo de 2023. El tribunal no apreció “una vulneración de la lex artis” y subrayó que la enfermedad no se originó “como consecuencia de la deficiente asistencia y cuidado”.

El caso se hundía y Ayuso lo celebraba. A cada tanto, ella y su equipo anunciaban que otro juez les había dado la razón. Ayuso ha sostenido contra todas las evidencias que los protocolos no se aplicaron en Madrid. También ha defendido que se hizo todo lo posible por cada vida: “No se salvaban en ningún sitio”. Tras sus dos amplias victorias electorales, en 2021 y 2023, se sintió reivindicada y su hostilidad hacia las familias fue in crescendo. En marzo del año pasado, una diputada del PP acusó a Carmen López en persona de “retorcer el dolor”.

Al finalizar 2024, solo quedaban en pie ocho procedimientos, según la Fiscalía. La causa parecía desmoronarse, pero las familias ya habían activado otra estrategia.

La denuncia que reabrió los casos

En verano del año pasado, las familias gozaban de un respaldo social significativo que incluía a juristas que participaron en una comisión ciudadana por la verdad organizada por Marea y una organización hermana nacida para recabar apoyos, 7291: Verdad y Justicia. La comisión consistió en un panel de expertos que entrevistó a familiares, periodistas o políticos, y que concluyó que 4.000 fallecidos se hubieran salvado de haber sido hospitalizados.

En ese contexto, el periodista y abogado Manuel Rico coordinó la redacción de una nueva denuncia colectiva por un delito poco conocido, el de discriminación en el acceso a un servicio público. Este tipo penal es menos gravoso que el homicidio imprudente y castiga con penas de seis meses a dos años a las personas que nieguen un servicio público por una serie de razones, entre ellas la discapacidad.

El 10 de octubre del año pasado, 109 familiares, la mayoría participantes en las querellas originarias, se presentaron en la céntrica sede de la Fiscalía madrileña para entregar ese escrito de 165 páginas que incluía nuevas pruebas y ampliaba el foco: incidían en los protocolos, pero también en la falta de medicalización y la ausencia de derivaciones al hospital de Ifema o a las clínicas privadas.

La denuncia pedía investigar a los cuatro ex responsables de la gestión de la crisis que han sido imputados, así como a 25 geriatras que aplicaron los protocolos. Se añadía que la investigación podría revelar la autoría de otras personas.

Los fiscales reenviaron la denuncia a los juzgados que habían investigado las querellas originales para que reabrieran los procedimientos y, en el caso de nueve denunciantes inéditos, otros jueces abrieron causas nuevas. En total, el nuevo planteamiento elevó a 92 el número de procedimientos activos.

En primavera comenzó una cascada de imputaciones. El equipo de abogados voluntarios que ha asumido esta denuncia, formado por Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz (Rico se desmarcó tras aceptar la dirección del diario Público) ofreció este balance en octubre: Mur ha sido imputado en ocho procedimientos; Peromingo, en siete, Busca, en seis, y Burgueño, en uno.

Las asociaciones quieren que estos imputados “tiren de la manta” e incriminen a sus superiores y potencialmente a Ayuso. Pero es incierto si su nuevo órdago funcionará después de tantos reveses. Este otro delito no tiene el desafío probatorio de las querellas originales, pero hay juristas que ven complicado demostrar la intención de discriminar.

Un factor decisivo puede ser el final de la tediosa fragmentación. Las familias quieren que la causa contra los ex altos cargos se concentre en el juzgado 3 de Madrid, cuya titular es María Isabel Durántez. Fue la primera en imputar a los responsables y varios jueces han solicitado esa acumulación por los puntos en común de los procedimientos, similares en fondo y forma. Durántez rechazó la medida el 27 de agosto argumentando que “los contextos asistenciales” de cada muerte son distintos. Desde entonces las investigaciones apenas ha avanzado. Muchos jueces aguardan a que la Audiencia decida si respalda a la jueza.

El retraso desmoraliza a las familias. “No hacen más que dilatar”, dice María Jesús Valero. “Entre tanto, perdemos paciencia y vida”.

En Navalcarnero, Carmen López también debe ser paciente. No puede entrar a la sesión, así que aguarda en un pasillo y se acuerda de que hace meses se cruzó con Peromingo al salir de los juzgados de Collado Villalba. “Le esperamos cuatro o cinco y él salió de incógnito, pero yo salí corriendo detrás. Hice una buena carrera y le llamé por su nombre. Se volvió y le hice una foto. Pedí que se parase a hablar un momento y me dijo que no con la cabeza”.

Minutos después, López ve salir a Peromingo charlando distendidamente con los cuatro médicos de la residencia donde el cadáver de la mujer permaneció olvidado durante tres días. Esta vez lo deja ir. Detrás viene el abogado Vila, que resume lo sucedido. Peromingo y el resto han dicho que no se acordaban de la señora. El fiscal ni siquiera ha aparecido y la jueza no ha hecho preguntas. “Ahora vendrá el informe del forense y dirá que fueron bien tratados y se acabó”, le cuenta sobre este procedimiento, uno de los pocos derivados de las querellas por homicidio que aún no han sido tumbados. Ella escucha resignada.

López conduce de vuelta a Madrid mientras Vila relata el caso de la colza, aquel que le recuerda tanto a estos sucesos y que finalmente ganaron las víctimas. Casi veinte años duró aquello.

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