María, víctima de ETA y en silla de ruedas, acosada por un fondo para que abandone su casa

María de Orube Echeveste, de 82 años, sobrevivió en 2006 al atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Madrid y ahora, sorda y en silla de ruedas desde entonces, trata de ganar la batalla a los empresarios que quieren echarla de su casa. El plan: convertir un edificio antiguo y protegido, en plena Gran Vía, en un hotel completo de pisos turísticos de lujo, el modelo que contempla el nuevo Plan Reside aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. El problema: que María de Orube sigue viviendo allí y no piensa marcharse. “¿Dónde me voy a ir yo a mi edad?“, se pregunta.

Tampoco la pueden desahuciar. Tiene un contrato de alquiler de renta antigua que le garantiza el derecho a quedarse en la vivienda y ha pagado siempre en tiempo y forma. Por eso han empezado las presiones. Desde obras ilegales que no oye, pero nota por la vibración de las paredes, hasta la colocación de una piscina jacuzzi encima de su salón, cuyo techo, que da a una azotea no transitable, carece de forjado y puede venirse abajo por el peso.

El caso de María es el de muchas otras personas que viven de alquiler en edificios codiciados para inversores por su ubicación, pero tiene una peculiaridad. El edificio lo mandó construir su abuelo, Caminos Alfonso Peña Boeurf, y perteneció a la familia hasta que su abuela se lo vendió al Banco Vitalicia. “Se la llevaron de cena, la pusieron contentilla y vendió el edificio sin comentarle nada a su hijo”, cuenta Monike Oggerin, hija de María y bisnieta del promotor.

Por suerte para María, ella ya vivía en esa casa con un contrato de alquiler que tenía con su abuela y por eso nunca tuvo que irse. El edificio de ocho pisos ha ido pasando de unas manos a otras y, desde que en 2020 se abrió el primer apartamento turístico, se ha ido vaciando poco a poco de sus habituales vecinos. En su lugar, han llegado turistas dispuestos a pagar entre 163 y 628 euros la noche en un edificio con vistas a la Gran Vía madrileña y a la Torre España, el actual Hotel Riu. Sin embargo, ninguno de esos apartamentos tiene licencia para esa actividad y, aunque pesan órdenes de cese de la Agencia de Actividades, siguen ofertados en la web de la empresa que los gestiona y funcionando a pleno rendimiento.

Según Pablo Sánchez, el dueño de la empresa que gestiona las viviendas, ninguno de los pisos de ese edificio es turístico, sino de alquiler de temporada, pese a que solo hay que darse una vuelta por las escaleras para cruzarse con un grupo de personas arrastrando maletas. Él explica el truco: “La Comunidad de Madrid no pone límite de días para determinar si son alquileres turísticos o de temporada”, cuenta. Para poder operar, reconoce que firma un acuerdo con sus huéspedes en el que ambas partes consideran que el alquiler es de temporada, aunque sea solo para una noche. “La normativa en Madrid es más laxa de lo que la gente cree”, presume. Por eso, asegura a este periódico sin darle mucha importancia, a él le da igual si María de Orube se va o se queda.

Lo dice por el Plan Reside, que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo, con el que podría regularizar la situación de sus apartamentos sin necesidad de darle la vuelta a la ley para decir que son de temporada. Según la nueva normativa, los apartamentos turísticos en el centro de la capital deben estar en edificio reservados exclusivamente para ese uso y es ahí precisamente donde María de Orube empieza a ser una molestia para los inversores. Mientras ella viva allí, los 13 pisos turísticos del edificio seguirán siendo ilegales, como consta en el informe de los inspectores que fueron allí en agosto.

A pesar de lo que Pablo Sánchez señale que es un error de interpretación y que él está tranquilo con la situación legal de las viviendas, las presiones a la mujer para que se vaya de su casa llevan intensificándose desde enero: audios en los que el dueño del edificio amenaza con denunciarla a ella y a su hija por, supuestamente, haber insultado a un trabajador de las obras; las obras en sí, sin licencia ni estudios técnicos, según la última inspección del Ayuntamiento de Madrid; la negativa del dueño del edificio a reponer la plataforma mecánica que ella necesita para subir y bajar en silla de ruedas las escaleras del portal... “Cuando le llamo para que la instale, me dice: ‘Si no te gusta, vete’”, cuenta.

A mayores, el edificio, terminado de construir en 1928, tiene el máximo grado de protección patrimonial. Eso no ha impedido a la empresa que gestiona los apartamentos hacer obras sin ningún tipo de control. “Dichas obras se encontraban en ejecución sin el preceptivo título habilitante que las ampare”, escribió un inspector del Ayuntamiento en agosto después de visitar el edificio. En ese informe también consta que se podría estar incurriendo en un “delito sobre el patrimonio”.

“Gran Vía 73 es el paradigma del gran problema que tiene Madrid hoy en día: la impunidad y todas las facilidades que le pone el PP a los grandes propietarios”, señala la concejala de Más Madrid Lucía Lois. “Quienes hoy viven de alquiler van a verse en la calle si el propietario decide convertir todo su bloque en un edificio de pisos turísticos”, añade la edil.

En medio de un clima cada vez más hostil, María de Orube sabe que dar a conocer su historia es asumir un riesgo. “Tened todos en cuenta que esto va a tener consecuencias, pero hay que hacerlo”, advierte frente a sus dos hijas en el salón de su casa momentos después de acceder a ser fotografiada para este reportaje.

―¿Qué tipo de consecuencias?

―Son una mafia ―responde.