El Ayuntamiento de Madrid presenta su plan para prohibir los pisos turísticos dispersos en el centro

No habrá más pisos turísticos en edificios residenciales del centro histórico de Madrid. Es la promesa del Ayuntamiento, que anunciará el jueves 14 de noviembre en el Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial. La medida estrella es esa, concentrar las viviendas de uso turístico, las llamadas VUT, en edificios exclusivos para este uso. El Gobierno municipal asegura que con estas medidas pretende recuperar residentes en el centro de la capital, donde el precio de venta del metro cuadrado está en máximos históricos, a 6.397 euros. Con el mismo objetivo, propone también autorizar el cambio de uso de dotacional privado a residencial es esa zona para construir vivienda protegida. Es decir, que se podrán hacer viviendas públicas de alquiler asequible en conventos, polideportivos o centros culturales. El Consistorio hasta ahora no ha dado más detalles de cómo lo va a llevar esto a cabo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya avisó durante el pleno de hace dos semanas de que este jueves anunciaría el llamado Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial. En ese momento, aseguró que la intención del Consistorio era “regular de forma definitiva las viviendas de uso turístico”. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, criticó ayer que obligar a concentrar las VUT en los mismos edificios edificios “va a incentivar” a fondos de inversión, bancos y grandes tenedores inmobiliarios a especular y a “expulsar” a inquilinos de sus casas para convertir esos bloques en apartamentos turísticos. Además, señaló que el nuevo plan no aporta ninguna medida para cerrar los 27.000 pisos ilegales que operan en la ciudad. Una dato que no coincide con el que da el Ayuntamiento, que cifra en 14.000 el número de los que operan sin licencia.

Para el portavoz del PSOE en la comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo, esta es la clave del asunto. “El problema en Madrid no son las [viviendas de uso turístico] legales, son las que no tienen licencia. Explica que “no sirve de nada cambiar la normativa” si las que están ayudando a incrementar la crisis habitacional en Madrid son las que operan al margen de ella. Cuestiona que el plan de inspección para detectar los apartamentos ilegales que anunció el Ayuntamiento la pasada primavera esté funcionando. “Es humo”, critica el edil.

El ejecutivo de Almeida hizo público en mayo un mapa y una lista con la localización de las VUT que sí operan con licencia para “ofrecer más garantías y seguridad a los usuarios”. En ese momento contaban 1.008 alquileres legales, lo que suponía que tan solo operaban con licencia el 7,47% de los 13.502 apartamentos de vacaciones que el Ayuntamiento estimaba que había en la ciudad ―aunque la plataforma Inside Airbnb aumentaba la cifra a más de 24.000―. El Consistorio también reforzó entonces la plantilla de inspectores y endureció las sanciones por operar sin licencia. Las nuevas multas son 30.001 euros si es la primera vez que ocurre; una segunda acumulativa de 60.001 euros si continúa la actividad irregular, y una tercera de 100.001 euros si persiste.