El Ayuntamiento de Madrid prohibirá los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales del centro

El Ayuntamiento de Madrid presentará en dos semanas un Plan Especial de Protección del Ámbito Residencial, con el que, según indican fuentes municipales, se busca “generar más vivienda en el centro de la capital y regular de forma definitiva las viviendas de uso turístico”, las llamadas VUT, cuyo incremento exponencial ha disparado el precio del alquiler y de la venta hasta límites inasumibles. El plan, prometido hace más de año, ha sido anunciado este martes en el pleno municipal el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha asegurado que el PP, “en vez de preocuparnos por nosotras mismas y por proteger agresores sexuales”, en un dardo directo a Más Madrid por el caso Íñigo Errejón, se preocupa “por proteger a los madrileños y por generar políticas de vivienda” en una ciudad en la que uno de cada cuatro pisos de alquiler en el centro se destina ya a los turistas y en la que el precio de venta del metro cuadrado en esa zona está en máximos históricos, a 6.397. La oposición ha criticado la falta de claridad de unas medidas que, además, temen que tengan el efecto contrario al deseado.

Durante su intervención, el regidor madrileño ha desgranado los puntos más importantes del plan, cuya medida estrella es que se prohibirán “los pisos turísticos dispersos en comunidades de propietarios” en el ámbito AP001 ―el centro histórico―, es decir, que nada de que el 4ºC sea un VUT y el resto, viviendas de vecinos: los pisos turísticos estarán en bloques enteros dedicados a esta actividad para reducir las molestias y el ruido que causa el trasiego. Asimismo, se permitirá por primera vez el cambio de uso de edificios de dotacional privado (por ejemplo, un centro cultural privado) a residencial para generar vivienda asequible y/o coliving, una medida que el Consistorio calcula que podrá aplicar hasta a 210 inmuebles del centro.

“Prebendas” en lugar de medidas

Además, se permitirá incrementar la edificabilidad en edificios cuyo uso sea distinto al residencial para transformarlos en inmuebles residenciales. También se prohibirá, en los principales ejes comerciales ―que el alcalde no ha precisado―, la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico “para preservar la identidad de los barrios y el pequeño y mediano comercio”.

¿Y cuál es la postura de la oposición ante estas medidas? A preguntas de EL PAÍS, el portavoz adjunto de Más Madrid en la comisión de Urbanismo, José Luis Nieto, ha opinado que el futuro plan “persigue en apariencia la protección del ámbito residencial en la almendra central” con unas medidas “que podrían considerarse incentivos” pero que son más bien “prebendas” y cuyo resultado será un “detrimento del uso residencial existente, ya que desprotegen, puesto que se va a permitir la transformación de edificios completos en apartamentos turísticos”. Estas transformaciones, ha lamentado Nieto, “llegan a menudo después de un proceso de expulsión de vecinos de toda la vida”.

En resumen, para Mas Madrid “se promociona el uso residencial para los casos en los que pueda resultar rentable a un operador privado y se permite la transformación de edificios completos con el mismo efecto demoledor de incremento de la presión turística en zonas centrales de la ciudad”, a lo que se suma que, “sin medidas de inspección, la prohibición de VUT dispersas es agua de borrajas”.

Para el concejal socialista Antonio Giraldo, portavoz de su partido en la misma comisión, las medidas propuestas por el alcalde despiertan muchas dudas por su falta de claridad. “No estamos esperando un nuevo plan porque el existente haya fracasado ―el equipo de Manuela Carmena aprobó un Plan de Hospedaje en marzo de 2019―, sino porque nadie lo ha hecho cumplir”, ha valorado Giraldo, que ha pedido una aclaración al equipo de Gobierno municipal. “¿Van a modificar el plan actual de hospedaje o es un nuevo plan especial?”, se ha preguntado, para subrayar que “de lo poco que han contado, mucho ya está prohibido”. “Ha hablado de prohibir pisos en comunidades de propietarios del centro cuando ya lo están y no sabemos si van a prohibir también las VUT de los bajos con acceso independiente”, se ha planteado.

“Hablan también de cambios de dotacional privado a residencial cuando esto ya existe, porque esto ya es posible sin ningún plan especial, vía licencia”, ha explicado el concejal, que también ha señalado que el precio astronómico de los locales en las calles principales ya evita que acaben siendo VUT. Asimismo, Giraldo ha subrayado la ineficiencia de las normativas anteriores debido a la falta de controles y de sanciones. “De qué sirve todo esto si el 95% de las viviendas turísticas están abiertas ilegalmente”, ha criticado el concejal, quien ha reiterado la necesidad de reforzar la inspección y control de la normativa en lugar de plantear cambios que podrían resultar inaplicables “sin un plan de choque de inspección, control y clausura”.

En un primer paso para tratar de frenar su incremento, el Ayuntamiento hizo pública en mayo la lista y la localización de las VUT que tienen licencia urbanística para “ofrecer más garantías y seguridad a los usuarios”. En este mapa constaban entonces 1.008 alquileres legales ―lo que suponía tan solo el 7,47% del total de 13.502 pisos vacacionales que el Ayuntamiento estimaba que operaban en la ciudad, aunque la plataforma Inside Airbnb los aumentaba a más de 24.000―, la mayoría en los distritos Centro, Tetuán y Arganzuela. Además, puso en marcha un endurecimiento de las sanciones y el refuerzo de los inspectores después de que un mes antes, en abril, impulsara una moratoria a la concesión de licencias.

Hoy, en dicho mapa aparecen 1.131 VUT legales ―el aumento a pesar de la moratoria se debe a las que estaban ya en tramitación― y Almeida ha dicho que ya son 14.000 los pisos turísticos que funcionan sin papeles. “No 25.000, como dice la izquierda, que confunde el dato porque esa cifra se refiere a camas de viviendas de uso turístico ilegales”, ha apostillado. A preguntas de este diario, Urbanismo no ha facilitado balance alguno de estos cinco meses de funcionamiento del nuevo sistema de multas, que contempla una primera sanción firme de 30.001 euros; una segunda acumulativa de 60.001 euros si continúa la actividad irregular, y una tercera de 100.001 euros si persiste. Tampoco ha ofrecido un balance de la labor de los inspectores, que eran 65 y en verano se iban a aumentar en 10 más. “En dos semanas se presentará el plan y ofreceremos todos los datos oportunos”, ha respondido una portavoz de urbanismo.