La oposición exige explicaciones a Ayuso por el caso de su pareja y su jefe de gabinete señala ahora a la jueza

La tarde de este lunes ha levantado una polvareda política en la Comunidad de Madrid. Una jueza de instrucción ha enviado al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por la causa de fraude fiscal. Aunque el auto no es firme −Amador considera que sus derechos han sido vulnerados durante la fase de instrucción y falta por saber si la Audiencia Provincial estima su recurso− este es el último paso antes de que otro juez dicte si, finalmente, lo condena.

Si finalmente se sienta en el banquillo, Amador será juzgado por fraude fiscal y por falsificación en documento mercantil (los dos delitos que han protagonizado el proceso), pero también por los tipos penales de delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos delitos habían sido solicitados en sus escritos de acusación por PSOE y Más Madrid, que son parte en este proceso como acusación popular, pero no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha enviado una declaración a los medios donde dice que la apertura de este juicio oral es un mensaje para “aquellos que piensan que delinquir sale gratis si estás cerca del poder político”.

Bergerot, que lidera la oposición en la Asamblea de Madrid, ha hecho hincapié también en el delito de organización criminal. “Algo que deja todos los intentos de Ayuso de hablar de inspecciones salvajes de Hacienda a la altura de las mayores cortinas de humo de la presidenta. Hoy ese señor está unos pasitos más cerca de Soto del Real”, ha afirmado, para concluir: “El fraude fiscal es una cosa muy grave. Quien recurre a facturas falsas debe rendir cuentas. Que vaya preparando las maletas, porque Alberto González Amador va a pasar una temporadita lejos del ático”.

Por su parte, el secretario de los socialistas en la región y también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública desde 2024, Óscar López, afirma que con este auto se demuestra que no ha habido ninguna operación de Estado contra Ayuso. “Esto”, ha dicho en un comunicado a los medios, “es un supuesto delito como un supuesto castillo, que es lo que ha cometido la pareja de la señora Ayuso, que ha servido para financiar la vivienda donde vive. Esto es un peldaño más hacia el ático. No tiene escapatoria. Los chanchullos acabarán mal. La justicia da un paso más hacia la verdad que sabe todo Madrid”.

La Comunidad de Madrid ha evitado hacer declaraciones. Solo ha emitido un mensaje en X, antes Twitter, el director y jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que ha apuntado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto”.

El auto de este lunes lo ha dictado la jueza sustituta Carmen Rodríguez-Medel, quien se encarga del juzgado 19 de instrucción hasta que entre el nuevo encargado, el magistrado Antonio Viejo, a quien fue asignado ese destino la semana pasada. La jueza que ha investigado a Amador durante un año y medio, María Inmaculada Iglesias, se jubiló voluntariamente en agosto.