Vox contra “Isabel Díaz Cayucos”: los ultras surfean la ola antiinmigración para recortar distancias con el PP en Madrid

“Isabel Díaz Cayucos”. El juego de palabras con el que Vox arranca la semana en sus redes sociales refleja cuál es el premio gordo que busca al intentar que la llama de la antiinmigración prenda en Madrid con dos actos de protesta en tres días. Desgastar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentándola como una política abierta a la inmigración tras la violación de una niña de 14 años, el pasado viernes de madrugada, a manos, presuntamente, de un menor extranjero residente en el centro de acogida de Hortaleza. Erosionar la distancia que separa la irrelevancia parlamentaria de Vox en Madrid de la mayoría absoluta del PP, recordando que en junio hubo otro asalto a una mujer en Alcalá de Henares. Y presentarse como la única alternativa para combatir una situación de la que culpa al bipartidismo de PP y PSOE. Porque en esto Vox mete a Ayuso y el presidente Pedro Sánchez en el mismo saco, como queda reflejado este jueves en una convocatoria en Alcalá para condenar una tercera violación, esta supuestamente cometida por un extranjero mayor de edad.

“Hay que señalar a los responsables”, dice Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. “Es esa clase política que está completamente de brazos cruzados y que no hace nada más que mirar hacia otro lado”, añade, como si ella no fuera diputada autonómica, y antes concejal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. “Las políticas del bipartidismo han traído a salvajes extranjeros que están cometiendo crímenes todos los días en toda España”, opina. “Hoy la consejera de Ayuso, Ana Dávila, nos llamaba irresponsables por pedir el cierre de los centros de menas [acrónimo de menores extranjeros no acompañados]”, arranca el señalamiento del Gobierno regional del PP. “Vuelvo a pedirlo”, recalca. “También el de los centros de ilegales”, insiste. “Y billete de vuelta”, prosigue. “Lo que es una irresponsabilidad es lo que hace la consejera de Ayuso, abrir focos de criminales en Hortaleza, Fuenlabrada y distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Nos negamos a que el PP y el PSOE conviertan a nuestros municipios en los vertederos de sus políticas migratorias”.

Cada intervención de Pérez Moñino es cerrada por un aplauso de la veintena de personas que se han acercado a escucharla al parque Sementales del municipio alcalaíno. Llevan sombreros y gorras con la bandera de España. Camisetas con los mismos colores. Gafas de sol de reflejo metálico. Profieren gritos contra los medios de comunicación (“¡manipuladores!“). Se saltan el guion para criticar la presencia de extranjeros en España. Hay un asistente que se exalta, hasta el punto de que tenga que calmarle un acompañante, desgañitándose contra RTVE.

A su alrededor hay un despliegue de agentes de la policía nacional y municipal que supera en número al de los asistentes. Es el reflejo de los tensos momentos que se vivieron el martes en Hortaleza, cuando Pérez Moñino convocó una rueda de prensa ante ese centro de acogida de la capital, intentando regatear así que la Delegación del Gobierno hubiera prohibido la concentración original.

“El PP se está arrastrando detrás de las encuestas por intereses electorales y tacticismo político”, acusa Pérez Moñino al partido conservador, que en Madrid, pese a los intentos de Vox de dibujarle como apocado en materia migratoria, ejercita alguna de las opciones más radicales a su disposición en esta política.

Porque el Gobierno de Ayuso ha solicitado en lo que va de año la repatriación de 46 menores migrantes a los que considera inadaptados. También ha reclamado al Estado que asuma la tutela de 50 demandantes de asilo. Y, sobre todo, ha planteado hasta tres recursos judiciales, uno ante el Tribunal Constitucional, y dos ante el Supremo, contra el reparto por toda España de los migrantes hacinados en Canarias y Ceuta.

Nada de eso impide que este jueves Pérez Moñino insista en cargar contra el Ejecutivo de Ayuso. “El culpable es el bipartidismo”, acusa tras recordar que Vox rompió sus gobiernos autonómicos con el PP, precisamente por el reparto de menores por toda España. “[Los conservadores] no tienen credibilidad”.

Pérez Moñino no es la única política de Vox que interviene en Alcalá. También lo hace Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, que de nuevo acusa a los medios de comunicación de manipular, y al Gobierno de España de trucar las estadísticas de criminalidad. Sus compromisos políticos quedan explicitados con claridad y son transmitidos con un punto de agresividad para con quienes le preguntan: Vox, enumera, quiere expulsar de España a quienes entren ilegalmente, a quienes habiendo entrado legalmente “conviertan el delito en su forma de vida”, y a quienes “no se adapten o no se integren”.

Es una forma de detallar la idea enunciada en junio por la diputada Rocío de Meer, que se abrió a deportar a siete u ocho millones de personas de origen extranjero, incluidos inmigrantes de segunda generación. Este jueves, en Alcalá, De Meer no interviene, pero el espíritu de su tesis está bien presente, porque Vox, tercera fuerza nacional, intenta surfear la ola de la antiinmigración para recortar distancias con el PP y erosionar también al PSOE.