El Gobierno de Ayuso pide al Estado devolver a su país al menor que presuntamente violó a una niña en Hortaleza y a otros 45 adolescentes

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha dado este miércoles el primer paso formal para solicitar al Estado que devuelva a su país de origen al menor migrante residente en un centro de acogida de Hortaleza que presuntamente violó a una niña de 14 años en la madrugada del viernes. Así lo ha avanzado el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa que sigue semanalmente a la reunión del consejo de Gobierno, en la que no ha aclarado cómo se coordinaría esa solicitud con la evolución judicial de un caso en el que el detenido ha sido recluido en un centro en régimen cerrado. En lo que va de año, Madrid ha reclamado la repatriación de un total de 46 menores, el doble de los efectivamente repatriados desde cualquier punto de España entre 2019 y abril de 2025.

“Hoy mismo la comisión técnica de evaluación está analizando nueve expedientes más [de repatriación], entre ellos el del presunto violador”, ha dicho García Martín sobre una decisión que en última instancia depende de la Delegación del gobierno en Madrid (es decir, del ejecutivo central) tras informe preceptivo de la Fiscalía. “Lo que es irresponsable es lo que está haciendo el gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que vive nuestro país”, ha añadido. “Es una irresponsabilidad. Las Comunidades tenemos los medios que tenemos”.

Además, el Gobierno autonómico ha celebrado que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso que interpuso en julio contra el decreto estatal que regula las medidas a adoptar “en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias”.

Esa norma sentaba las reglas del proceso para repartir por toda España a migrantes radicados en regiones cuyos servicios sociales estén en situación de colapso, como por ejemplo ocurre ahora mismo en Canarias y Ceuta.

Madrid ya había impugnado previamente ante el Tribunal Constitucional, como otras diez comunidades autónomas, el Real Decreto-ley del 18 de marzo para modificar la ley de extranjería y habilitar esta posibilidad. El ejecutivo de Ayuso dio ese paso al entender que la modificación suponía “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social”; que carecía de “falta de justificación de urgencia”; y que utilizaba “un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”.

Además, la pasada semana el gobierno regional decidió registrar un tercer registro contra esta política del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso centrado en el decreto aprobado por el ejecutivo central para fijar la capacidad de cada comunidad para acoger a menores migrantes. Como consecuencia, a Madrid le correspondería acoger a 647. Quizás por eso, el boletín oficial de la región ha recogido este miércoles una ampliación del contrato de gestión del centro de acogida de la Cantueña, radicado en la ciudad de Fuenlabrada, que así ha sumado 19 nuevas plazas, superando las 100.