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Una clínica estética de Coslada que ofertaba el bótox y el ácido hialurónico “más baratos” tenía viales caducados

La Policía ha arrestado a la propietaria, de unos 40 años y sin formación, por intrusismo y delitos contra la salud pública

Clinica estetica Coslada
Juana Viúdez

Los tratamientos de bótox y ácido hialurónico que se ofertaban como “los más baratos” corrían el riesgo de estar en malas condiciones y de ser aplicados por una persona que no tenía formación para administrarlos. La Policía Nacional ha desmantelado en la localidad madrileña de Coslada (80.760 habitantes) una peluquería que hacía las veces de centro estético y realizaba este tipo de terapias antienvejecimiento a una gran cantidad de clientes. La propietaria, una mujer de unos 40 años sin la capacitación médica correspondiente, ha sido detenida por delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública. En los registros del local se encontraron numerosos medicamentos caducados y almacenados sin guardar las medidas de seguridad necesarias, como la refrigeración.

La toxina botulínica, conocida por el nombre comercial bótox, se usa médicamente en pequeñas dosis para relajar los músculos y evitar las arrugas, mientras que el ácido hialurónico se utiliza para hidratar y rellenar la piel. Los precios en clínicas legalmente establecidas rondan los 300-350 euros, según fuentes consultadas. Las ofertas difundidas por el negocio desarticulado por los agentes iban de los 230 a los 240 euros. “Presumían de ser los más baratos del mercado”, indican fuentes policiales que han tenido acceso a los anuncios con los que publicitaban sus servicios en redes sociales como Tik Tok, Facebook o Instagram. “Lo barato puede salir caro”, resume Juan José Castro, jefe de la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial. Aunque de momento no tienen denuncias de víctimas dañadas por algún tipo de tratamiento, el inspector jefe incide en que el éxito de esta operación radica en su carácter preventivo.

Los agentes comenzaron a investigar esta clínica en julio, después de recibir una llamada en el teléfono de colaboración ciudadana 628 711 298, disponible 24 horas para informar sobre los delitos relacionados con el medio ambiente, dopaje y consumo. Ya tenían un aviso previo, del Área de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, por lo que, con esa doble alerta, decidieron indagar más.

El centro del que les hablaban era una peluquería en la que, además de tratamientos capilares y manicuras, se inyectaban estas sustancias como tratamientos estéticos. En sus redes sociales encontraron vídeos en los que explicaban en qué consisten las punciones, con consejos, y sus efectos. También imágenes del antes y después, con ejemplos de casos tanto de mujeres como de hombres.

Cuando los agentes fueron al negocio, encontraron “numerosas cajas con viales de toxina botulínica y de ácido hialurónico” e intervinieron otras medicaciones y envases con agujas y jeringas. Estos productos estaban ocultos en un armario, tras un biombo de publicidad y en una maleta de viaje. Ninguno había sido refrigerado, cuando se trata de unos compuestos que requieren conservación a unas determinadas temperaturas. Parte de las sustancias que se guardaban en la maleta estaban caducadas, según ha informado este jueves la Policía Nacional. Durante la operación también interceptaron en Aduanas un paquete de ácido hialurónico procedente de Corea que iba destinado a la clínica.

La responsable del negocio, de origen rumano y sin antecedentes policiales, según las fuentes consultadas, no pudo presentar su titulación médica y tampoco consta que la tenga. Alegó que había otros profesionales médicos que venían del extranjero a practicar estos tratamientos en su negocio, un hecho que no se ha podido constatar. Desde septiembre de 2024, hace poco más de un año, solo pueden aplicar estas sustancias los médicos con la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad quirúrgica que incluya competencias en cirugía estética. La medida, conocida como Ley Sara, busca evitar casos como el de Sara Gómez, fallecida hace dos años en Murcia tras someterse a una liposucción “en un centro que no contaba con las garantías necesarias”. Los investigadores han constatado que la arrestada no estaba colegiada y no han podido localizar a ninguno de los facultativos que ella mantuvo que también acudían a la clínica.

Los agentes que investigan los delitos de consumo y dopaje, que forman parte de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV Central) de la Policía Nacional, han intervenido en el último año en varios casos similares, también relacionados con la medicina estética, como un quirófano clandestino, también en Madrid, en el que dos mujeres hacían liposucciones o aumentos de pecho.

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Sobre la firma

Juana Viúdez
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
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