El TSJM ve “inconclusa” la investigación por presunta prevaricación sobre la número tres de Ayuso y ordena completar las pesquisas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido este jueves devolver la causa abierta contra Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea regional y número tres del PP de Madrid, a la jueza de Navalcarnero que lo instruyó, con la orden de que complete la investigación y, en su caso, remita una exposición razonada de los presuntos delitos que imputa a la aforada, ya que por ahora ha expuesto “una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito”. Así consta en un auto adelantado por Efe sobre el caso que afecta a la exalcaldesa de Arroyomolinos, que busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y que el empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras ella era la edil al frente de esa cartera.

El TSJM avala así la posición de la Fiscalía, que en septiembre reclamó a la jueza instructora de Navalcarnero que elevara una exposición razonada sobre la investigación para que el órgano superior pudiera “valorar su competencia en relación a la instrucción y enjuiciamiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones”. En contraste con la opinión de esa magistrada, que al aceptar en octubre la petición del ministerio fiscal también detalló la existencia, a su juicio, de “indicios sólidos y justificados” de la presunta comisión de cuatro delitos por la número tres de Ayuso (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública), ahora el tribunal superior desacredita esa conclusión.

Así, los magistrados del TSJM aclaran que la jueza instructora les remitió en junio un auto de inhibición que “no establece una relación precisa (...) entre una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito y la obtención de unos beneficios patrimoniales, para sí o para personas de su entorno familiar, o que configuren una actuación de tráfico de influencias o de presunta corrupción en el ejercicio de su cargo”.

Por ello, el TSJM exige a la instructora, como antes la Fiscalía, además de elevar una exposición razonada, que complete la instrucción del caso, tomando declaración a la pareja de Millán y a otra testigo.

La llegada en junio del caso al TSJM provocó una tormenta política que no amaina, ya que el Más Madrid y el PSOE piden desde entonces la dimisión de la también vicesecretaria del PP regional. No obstante, el PP, de Díaz Ayuso para abajo, se mantiene firme en su apoyo a la investigada y sus explicaciones.

La hoy diputada defiende que los 51.104,67 euros que recibió de la empresa y el empresario, según documentación judicial, eran simplemente el pago por el alquiler de su vivienda a favor de Roselló, que además habría realquilado el inmueble. Tanto la hermana como la pareja de Millán recibieron pagos de empresas vinculadas al empresario (88.642,42 euros y 37.578,04, respectivamente), y en concepto de rendimientos del trabajo y actividades económicas, según la documentación del juzgado.

Además, en las cuentas de Millán “se localizaron numerosos ingresos en efectivo [por valor de 42.650,00 euros] de origen desconocido con inicio también en 2008″, mismo año en el que habrían empezado los pagos de Rosell y sus empresas por el alquiler y los servicios de la pareja y hermana de la política.

“Todo lo relacionado con Grupo Educativo [una de las empresas de Roselló] lo llevaba personalmente Ana Millán”, declaró como testigo una auxiliar administrativa del Ayuntamiento que trabajaba estrechamente con la edil. “Ana Millán despachaba a solas con su director, Francisco Roselló, cerrándose en su despacho”, describió según transcribe la Guardia Civil, a la que la testigo recalca que no estuvo presente en ninguna de esas reuniones, cuando sí participaba en las que se producían con otras empresas; y que Millán “la apartó, no dejándola intervenir”. E insistió: “Cuando iba gente de Grupo Educativo a su concejalía, se encerraban en el despacho de Ana Millán”.

Para los investigadores, que recuerdan que todas y cada una de sus conclusiones deben ser entendidas en términos de presunción, quedó demostrada la participación “activa” de la hoy diputada en las contrataciones, según documentación judicial. Millán, sin embargo, defiende su inocencia y el PP la apoya sin fisuras.