Un Metro del siglo XXI con equipos de 1971: Trabajo propone sancionar al de Madrid con 274.000 euros tras un accidente

Son las 17.30 del 21 de marzo, y una pieza de un tren que pesa casi dos toneladas cae a plomo en el depósito de mantenimiento que tiene el Metro de Madrid en Laguna. La mesa de trabajo sobre la que se apoya, que había sido modificada para añadirle unas ruedas, “colapsa” y “se deforma” bajo su peso, según un informe de la Inspección de Trabajo al que accedió EL PAÍS. Las consecuencias son múltiples. Aunque no hay heridos, un trabajador “sufre un ataque de ansiedad ante el riesgo” que supone que el pupitre “salga disparada a gran velocidad” por el taller. Se ordena la paralización de los trabajos de mantenimiento similares, entre otras cosas porque también se encuentran equipos de trabajo fuera de normativa. Y la Inspección de Trabajo acaba proponiendo dos sanciones que suman 274.000 euros, y contra las que la compañía pública ha presentado alegaciones mientras se comprometía a invertir 168 millones de euros para lograr que un suburbano del siglo XXI, que quiere usar trenes sin conductor, se deje de mantener con herramientas del XX.

En julio, y sin que nadie reconozca una relación de causa efecto, el gobierno regional decide esa inversión de 168 millones —que contrasta con la de los últimos 10 años, de menos de seis millones— para “mejorar así la eficiencia operativa, sostenibilidad y seguridad de unas instalaciones vitales para el correcto funcionamiento de los 2.083 coches que operan en el suburbano madrileño”. El proyecto, dividido en dos fases (2024-2030 y 2030-2034), según documentación a la que accedió este diario, pone el acento de herramientas como los puentes grúa, y en la adquisición de la última tecnología en elevadoras y máquinas de control. Se busca, y no parece una referencia casual, “la máxima seguridad”. Lo que es seguro es que el plan les es explicado a los representantes de los trabajadores en el contexto del accidente, y que llega acompañado del reconocimiento de un dato sorprendente: la antigüedad media de las instalaciones de los talleres de material móvil es de 35 o 40 años, y el 40% de los equipos actuales del taller central proceden del antiguo taller de Cuatro Caminos, y son de 1971.

Dicho de otra forma: los trenes del Metro de Madrid, un transporte puntero que es referencia mundial del transporte bajo tierra, y que ahora va a estrenar los convoys sin conductor, son mantenidos con herramientas que en algunos casos han cumplido 50 años de vida, e incumplen la normativa, según la Inspección de Trabajo.

Así se llega hasta ese punto. “En una de esas operaciones de mantenimiento, como no tenemos los útiles necesarios, se ideo como bajar un convertidor de un tren 8000 que pesa 1.920 kilos”, relatan en el sindicato CCOO. “Es una operación con la que hay que tener cuidado y tener la maquinaria necesaria. Pero no hay inversiones. La mayoría de mesas elevadoras no valen, porque es demasiado peso, o están fuera de servicio”, describen. “Metro pide a Acaf, el constructor de los trenes, una mesa elevadora. Les dejan una que era ilegal, porque la habían reformado sin certificar. Se ponen a utilizarla, y cede. Se viene abajo. Se dobla”, afirma. “El convertidor de 1600 kilos se cae al suelo, y con ese peso lanza la mesa a unos metros”, añade. “La suerte es que no pilla a nadie. Por eso hay muchos trenes paralizados porque no tenemos los útiles necesarios. Es un caos. Y les ha puesto dos sanciones”.

¿Es eso correcto? “Sí”, contesta un portavoz de la compañía pública. “Hay dos propuestas de infracción que ahora mismo se encuentran en periodo de alegaciones”, sigue este interlocutor, que asegura que “las tareas de mantenimiento se siguen realizando”, aunque, eso sí, “evitando el procedimiento que se seguía cuando se produjo el incidente”. Por tanto, afirma, el accidente “no afecta al servicio”.

La sanción de la Inspección de Trabajo acrecienta la lista de polémicas recientes de una compañía centenaria inmersa en una crisis reputacional sin precedentes en su historia, pese a que las encuestas oficiales reflejan una muy buena valoración del servicio por parte de los ciudadanos.

Está el frente abierto con los trabajadores por las muertes causadas por el amianto que hay en la red, y con el suburbano de Buenos Aires por haberle vendido vagones con este material cancerígeno: por ello la compañía cerró en 2022 con sindicatos y familiares las indemnizaciones a los afectados, así como para los casos que puedan darse en el futuro, a lo que se añade el Plan de Desamiantado, cuyo objetivo es eliminar este material de las instalaciones de Metro.

Están las estrecheces económicas que obligaron al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a rescatar a la compañía con más de 100 millones en 2023.

Está la polémica causada porque 183 vecinos de San Fernando de Henares hayan tenido que abandonar sus casas porque la llegada de la línea línea 7B a la localidad ha afectado a los cimientos, condenado al derribo a 73 viviendas .

Y está el propio futuro de esa línea, en la que tres paradas llevan más de dos años cerradas, y cuya recuperación y puesta en servicio ya no garantiza nadie en el gobierno regional.