El Gobierno de Ayuso reclama la dimisión “inmediata” de Sánchez y el fiscal general del Estado

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse este miércoles que el Tribunal Supremo ha abierto una causa por revelación de secretos contra el fiscal para esclarecer si tuvo algo que ver con la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, la pareja de la baronesa conservadora, a su vez investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. “Debería dimitir de manera inmediata”, ha dicho el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín. Antes, la presidenta ha celebrado que el Supremo haya encausado por primera vez en democracia a un fiscal general del Estado con un mensaje en la red social X: “Y el fiscal general del Estado, también va pa’lante”, ha apuntado. Finalmente, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha criticado, por la misma vía, que García Ortiz no deje su cargo: “Si no dimite [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez, rodeado de corruptos y enfangado hasta el cuello, cómo va a dimitir este. Son todos iguales”.

En una rueda de prensa celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno autonómico, el portavoz García Martín se ha expresado con la máxima dureza.

“Si el presidente, con todo lo que está cayendo, no dimite, no esperamos que el Fiscal General del Estado lo haga... aunque debería dimitir de manera inmediata”, ha dicho. “Esto es muy grave”, ha subrayado. “Lo que sabemos hoy, no lo que sabremos mañana, hoy, es muy sangrante: la esposa del presidente del Gobierno, imputada; el hermano del presidente del Gobierno, imputado; el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, imputado”, ha enumerado. Y ha concluido: “Todo lo que toca Pedro Sánchez es corrupción y fango. No debería permanecer ni un minuto más al frente del Gobierno de nuestro país”.

En un inesperado giro de guion, el portavoz del Ejecutivo incluso ha llegado a defender que el Gobierno regional nunca ha distribuido un bulo sobre el caso que afecta a la pareja de la presidenta, lo que ha definido como “una calumnia”. “Se dio a conocer una comunicación en la que se planteaba un acuerdo”, ha sostenido. Una pirueta dialéctica para intentar ocultar la maniobra comunicativa con la que el Gobierno regional intentó cambiar la narrativa de la polémica que rodea a González Amador.

Todo ocurrió así. La causa abierta por el Supremo parte de la publicación, por parte de la Fiscalía, de una nota de prensa que desmentía un bulo difundido por el equipo de Díaz Ayuso tras conocerse que el ministerio público había denunciado a su pareja por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Horas después de que esa denuncia saliera a la luz, el 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un pacto por correo electrónico. Ese documento había sido distribuido a distintos medios de comunicación desde la Comunidad de Madrid, y a través de Miguel Ángel Rodríguez. Al entregarse en solitario, ocultaba que el ofrecimiento había partido del investigado, y no del ministerio público.

Ante las numerosas solicitudes de aclaración de periodistas, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado en la mañana del 14 de marzo en el que explicaba que en realidad había sido el abogado de González Amador quien, más de un mes antes, había tratado de alcanzar ese acuerdo con la Fiscalía, un procedimiento habitual por el que los acusados reconocen sus delitos a cambio de una rebaja de la pena que le correspondería. Se trataba de desmentir el bulo del que ahora se desmarca el Ejecutivo regional.

Esta nota de prensa enviada por la Fiscalía es la que, según la pareja de Ayuso, incurre en un delito de revelación de secretos porque incluía datos personales. El Supremo, sin embargo, descarta esta teoría porque, tras analizar el comunicado difundido por la Fiscalía, concluye que “aparentemente, no hay información indebidamente revelada”, ya que todos los datos que ahí se incluían ya eran de conocimiento público.

No obstante, el tribunal ve otro argumento para investigar al fiscal general: de la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del fiscal de Delitos Económicos que llevaba el caso contra la pareja de Ayuso, Julián Salto, se desprende que los correos entre el fiscal y el abogado de González Amador fueron revelados horas antes de que se publicara el comunicado, cuando esos correos estaban en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial.

“Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, se leía en el correo enviado por el representante legal del empresario, que así venía a reconocer su culpabilidad con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

La Sala Penal pone así el foco en el hecho de que varios medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, publicaran entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14 un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador el 2 de marzo a la Fiscalía provincial de Madrid, en el que el letrado comunicaba que, de común acuerdo con su cliente, este asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota defraudada e intereses de demora. El Supremo no tiene pruebas de quién filtró estos correos, pero sí de que García Ortiz y Rodríguez Fernández los tenían desde esa misma noche, y en eso basa el tribunal sus indicios de que ambos pudieron incurrir en un delito de revelación de secretos (artículo 417 del Código Penal).

Pero “más de doce fiscales y cuatro funcionarios” pudieron tener acceso a esa comunicación, enviada a una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid (fiscalía.economicos@madrid.org), según detalló la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, en el escrito presentado ante la Sala Penal en el que se mostró contraria a abrir una causa a García Ortiz.