El Gobierno madrileño carga contra la Fiscalía después de difundir mentiras en defensa del novio de Ayuso

El caso del supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se resolvió el pasado febrero por el reconocimiento de dos delitos por parte del acusado: dejó de ingresar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 y usó facturas falsas para deducirse gastos que nunca hizo. González Amador sextuplicó sus ingresos entre 2019 y 2020 —de 350.000 euros a más de dos millones— como consecuencia de los contratos por intermediación en la venta de mascarillas durante la pandemia. Sobre esos beneficios intentó pagar muchos menos impuestos de los que le correspondían y para ello fabricó facturas falsas e inventó clientes inexistentes.

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha intentado convertir este caso de los graves delitos fiscales reconocidos por Alberto González Amador en una causa de supuesta revelación de secretos por parte de la fiscalía general del Estado. A ese intento se sumó el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que censuraron a la Fiscalía de Madrid por ofrecer información sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, fue quien filtró en la noche del pasado miércoles, primero al diario El Mundo y luego a otros medios, el contenido de un correo electrónico que el fiscal del caso envió al abogado de Alberto González Amador ofreciéndole un acuerdo tras haber presentado la denuncia ante el juzgado. El principal colaborador de Ayuso no solamente difundió ese correo sino que contó a los periodistas, y a través de sus redes sociales, que se ofreció ese acuerdo al novio de la presidenta, pero después el fiscal encargado del caso recibió “órdenes de arriba para retirar la propuesta de acuerdo... todo sucio”.

El Gobierno regional denunciaba así supuestas maniobras de la Fiscalía para perjudicar a González Amador, que para entonces ya había reconocido sus graves delitos fiscales. La presidenta regional había negado en una conferencia de prensa que su pareja hubiera cometido delitos, acusó a los poderes del Estado de una inspección fiscal sacada de quicio contra su pareja, y reveló, no pudo explicar por qué, que Hacienda debía 600.000 euros a González Amador.

Algunos medios que recibieron la filtración de Miguel Ángel Rodríguez la publicaron sin contrastar con la Fiscalía de Madrid, encargada del caso. Otros medios, como EL PAÍS, preguntaron a la Fiscalía sin encontrar esa noche del miércoles respuesta a si eran ciertas las denuncias del Gobierno regional, documentadas con un correo electrónico del fiscal al abogado del acusado. Fue al día siguiente cuando la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de una nota pública y escueta, explicaba los grandes hitos del procedimiento en relación a las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez. En esa nota se señalaba que el abogado de González Amador es quien había dirigido el 2 de febrero un correo a la Fiscalía proponiendo un pacto y reconociendo los hechos delictivos que se atribuían a su cliente. En la nota no se adjuntaba el correo —que había sido publicado horas antes por la Cadena Ser— ni siquiera su contenido textual, como sí había hecho Miguel Ángel Rodríguez con un correo posterior del fiscal al abogado.

Tras esta secuencia de hechos, el Colegio de Abogados de Madrid hizo una nota pública este viernes ante lo que consideraba un hecho “de extrema gravedad”: “La revelación por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”. En la misma nota, el Colegio de Abogados recordaba el deber de los abogados “a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión”.

EL PAÍS preguntó a Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados, a través de su servicio de prensa, si iba a abrir una investigación al abogado de González Amador por filtrar supuestamente el correo que difundió el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Pero Ribón no contestó. El decano del Colegio de Abogados de Madrid acudió por la mañana a una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para preguntarle quien había ordenado redactar la nota de la Fiscalía Provincial de Madrid. La fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, presente en la reunión, asumió la responsabilidad sobre una comunicación que habían reclamado horas antes algunos medios de comunicación para conocer si las acusaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso eran ciertas.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), minoritaria en el sector pero con un representante en el Consejo Fiscal, evitó también contestar a las preguntas de EL PAÍS. “Son cuestiones meramente personales. No vamos a hacer ninguna valoración. Hemos hecho un comunicado sobre una actuación concreta de la Fiscalía que estimamos no correcta, con total independencia del caso concreto”, respondió el presidente de APIF, Miguel Pallarés. La nota de APIF se refería al caso concreto de la nota de la Fiscalía sobre el novio de Díaz Ayuso: “La revelación por parte de la Fiscalía causa un perjuicio evidente al investigado y, además, teniendo en cuenta la relevancia de la persona investigada, por su relación con un alto cargo público, aleja a la Fiscalía del papel de absoluta neutralidad, en el ámbito político, que debe desempeñar siempre como institución”. EL PAÍS preguntó a Pallarés de nuevo si podían valorar el caso en su conjunto, con todo lo que se conoce, pero este fiscal insistió: “Le repito que no vamos a entrar en el caso concreto”.

La Unión Progresista de Fiscales defendió la actuación de la Fiscalía “en el ejercicio de sus funciones con absoluta imparcialidad, emitiendo una nota de prensa para aclarar informaciones inexactas”. El Consejo General de la Abogacía Española hizo pública una nota a última hora en la que denunciaba “la difusión del contenido de comunicaciones, en este caso correos, intercambiadas entre el ministerio fiscal y la defensa de un investigado”. El pleno del Consejo General entendió que esos hechos son una clara vulneración de confidencialidad entre las partes; manifestó su rechazo, y pidió una investigación “para determinar su autoría e iniciar las acciones penales y disciplinarias contra quien corresponda”. La petición no precisaba si hay que investigar solo la nota de la Fiscalía o también la filtración de un correo electrónico por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.