Desalojados por obras 61 ancianos sin recursos de unos apartamentos municipales de Madrid: “El edificio no tiene ni una grieta”

Germán Rodríguez, de 83 años, y su esposa Natalia Valdés, de 82, andan estos días entre atribulados y estresados con los preparativos de una mudanza por fuerza mayor. Después de 10 años de alquiler, su casero, dueño de todo el edificio, los desaloja junto al resto de los habitantes del inmueble para acometer unas obras que “durarán unos 14 meses, no más de año y medio” y que les jura que no se pueden hacer con ellos dentro “porque sería peligroso”. Aunque su casero les garantiza que una vez terminada la reforma regresarán a la vivienda y que no les subirá el alquiler, no se fían. Su casero no es cualquiera, es el Ayuntamiento de Madrid. Y ellos, dos de los 61 usuarios de los apartamentos tutelados San Francisco, en el número 3 de la calle del Jerte, destinados a mayores autónomos en situación de vulnerabilidad como alternativa a una residencia. Es uno de los dos únicos bloques de apartamentos de este tipo que ofrece el Consistorio.

“Visualmente, el edificio está en buenas condiciones, pero yo no soy técnico, sino economista. Nunca hemos tenido ningún percance salvo cosas insignificantes como que se rompa la manija del inodoro. Meto la llave y abre, prendo la luz y enciende, abro el grifo y sale agua, me meto en el ascensor y funciona”, comenta Rodríguez. Los pisitos, para cuyo acceso se requiere tener 65 años, no sufrir una incapacidad psíquica o física, carecer de alojamiento y disponer apenas de ingresos mínimos de subsistencia, tienen 40 metros, distribuidos en dos habitaciones y cocina y baño compartidos, pero ellos como son matrimonio lo ocupan entero y usan un cuarto de salón. Vivían con sus hijos, pero “en una situación muy estrecha”, por lo que lo solicitaron “por aliviarlos”.

“El edificio no solo no se está cayendo, es que no tiene ni una grieta”, corrobora Saturnino Vera, presidente de la asociación de vecinos Cavas-La Latina, que defiende a los afectados en su demanda de no abandonar las casas durante la reforma. Piden al Ayuntamiento que “una contraparte independiente certifique que la intervención es necesaria y que no se puede hacer por fases y plantas” y con los inquilinos dentro. Pero el Ayuntamiento se niega a permitir que un técnico externo analice el estado del edificio, construido en los ochenta. Todo lo más, se compromete a facilitar el informe técnico a la arquitecta de la asociación para que lo revise.

El martes, el Ayuntamiento se reunió con afectados y representantes de los grupos municipales y de la asociación para detallarles las obras. Con un presupuesto de 3,8 millones, se llevará a cabo una “reforma integral”, con nuevas instalaciones de climatización y electricidad, nuevo saneamiento y fontanería, mejora del aislamiento, renovación de acabados y colocación de nuevos ascensores, con el doble objetivo de “paliar patologías estructurales y humedades” y de “cumplir con el Código Técnico de Edificación”. También se arreglarán unos apartamentos que ahora no se pueden usar y el número de beneficiarios “se incrementará en siete”.

El Ayuntamiento sostiene que, “dada la envergadura de la obra” y por “indicación de los técnicos municipales”, no se puede acometer por tramos y es imprescindible se haga con el edificio “libre de ocupantes”. “En la reunión, nos dijeron que es inviable que sigamos aquí y que es una decisión inamovible, sí o sí”, cuenta Rodríguez, que, como el resto de los vecinos, ha recibido ya tres cartas para que se vayan por parte del Ayuntamiento, la primera el 25 de junio, la segunda el 5 de julio y la última, en agosto. “Llevamos ahorita dos meses de lucha contra el desalojo”, añade Rodríguez.

La obra “está motivada por criterios exclusivamente técnicos ante las graves deficiencias detectadas, que pueden poner en riesgo la seguridad e integridad física de los 61 usuarios y de los trabajadores”, reitera una portavoz del área de Políticas Sociales. “Nosotros no sentimos este peligro, es como el cuento de que te come el lobo, que te come el lobo, no sabemos si es verdad o mentira”, resume el anciano, que solo ve un problema: una caldera de la última planta pierde agua, por lo que no se pueden habitar algunos pisitos. “Y se podrían hacer pequeñas reparaciones, pero el cambio de puertas o ventanas es innecesario”, opina.

“Un sinsentido, un despropósito”

Para la asociación de vecinos, todo es “un sinsentido, un despropósito”. “¿Cuál es el problema estructural? ¡Si nunca han tenido que acudir los bomberos ni emergencias! En una comunidad, si se estropea la caldera o se quieren cambiar las ventanas, se llama, se arregla y no se tienen que ir los vecinos”, defiende Vera. “El Ayuntamiento hizo las obras de la M-30 sin cortar el tráfico, centros comerciales como el Mercado de San Miguel y La Vaguada siguen abiertos en plena reforma e incluso ocurre en hospitales como la Fundación Jiménez Díaz”, ahonda el presidente, que teme que el verdadero objetivo del desalojo sea privatizar la gestión y subir los precios o endurecer los requisitos de acceso. El Ayuntamiento lo niega: “Todos los usuarios volverán al mismo apartamento y en las mismas condiciones económicas”. En la reunión, los vecinos lograron que este compromiso se les dé por escrito a los mayores.

A los temores de no recuperar la vivienda, se suma el trastorno de una mudanza, muy duro a ciertas edades, el desarraigo, la pérdida de su autonomía y el abultado sobrecoste que deberán asumir muchos de ellos. Según el plan de reubicación del Ayuntamiento, 18 de los 61 usuarios se alojarán en las residencias municipales Santa Engracia y Margarita Retuerto, 20 con familiares y, el resto, 23, en tres residencias de la Comunidad de Madrid. Sobre el papel, suena impecable. Para el bolsillo, es un dramón. “Nosotros pagamos aquí entre los dos 150 euros, el 20% de mi pensión no contributiva y, en la residencia de Aranjuez a la que vamos, serán 365 por persona, el 86%”, detalla Rodríguez.

¿Y no se ha pensado alguna medida de gracia para ayudarlos a afrontar el incremento? “Se ha apostado por ofrecerles una cobertura completa de servicios de la que ahora no disponen en residencias: alimentación, lavandería, terapia ocupacional, atención sanitaria y fisioterapia”, justifica la portavoz, sin tener en cuenta que son servicios que o no quieren o no necesitan o no habían pedido. “Se va a hacer un seguimiento y una intervención social para ayudarlos en lo que puedan necesitar”, añade la portavoz. Rodríguez agradece que, al menos, el Ayuntamiento se encargue de hacer la mudanza y que les haya ofrecido un depósito gratis donde dejar sus muebles y electrodomésticos.

A lo largo del verano, se han ido programando salidas de residentes “de manera ordenada y con total normalidad”, según el Ayuntamiento. Ya se han marchado 27. “Nosotros seremos los últimos, el día 25. Cumpliremos lo establecido, no estamos en posición de fuerza y no tenemos recursos para recurrir″, asume poco convencido, con pena y con mucho temor e incertidumbre Rodríguez, que cuenta que “hay un grupo que dice que no se va”. El área de Políticas Sociales los cifra en “unos cinco”. “El Ayuntamiento les ha dado un ultimátum y los ha amenazado con acciones legales”, lamenta el vecino.

“No es una amenaza, es el cauce normal. La obra tiene que ejecutarse por motivos de seguridad. No podemos ponerlos en riesgo ni antes ni durante la obra y tampoco se puede demorar el inicio”, replica la portavoz, que desliza que “se da la circunstancia de que tres de las personas que han mostrado su rechazo a abandonar el edificio acumulan múltiples mensualidades sin pagar”. “Como se les notificó en abril, esta demora injustificada constituye una falta grave que puede derivar en una sanción. Por el momento, la deuda no ha sido saldada”, añade. En este punto, Vera estalla de furia. Considera “indigno” sacar “los trapos sucios” contra personas mayores de rentas muy exiguas mientras reclama al Ayuntamiento que recapacite o que, al menos, asuma el sobrecoste de los afectados, que están “para que les dé un patatús”.

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