Una jueza investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares por la filtración de una denuncia que se usó contra los migrantes

Una jueza investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), por la filtración de un documento policial que se utilizó para relacionar agresiones sexuales en el municipio con la llegada de migrantes a un centro de acogida el pasado enero. La regidora tendrá que declarar el próximo noviembre junto a su jefe de prensa para responder sobre cómo llegó un documento interno de la policía local hasta el secretario general del PP de Madrid y diputado autonómico Alfonso Serrano, que tuiteó una foto del mismo el día 18 de enero. En la imagen se ve un parte de incidencia de una supuesta agresión fechada en diciembre de 2023 en el que se describe al autor como un hombre negro y joven.

Los hechos investigados se remontan al día 17 de enero, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebró, de forma excepcional, en Alcalá de Henares. Pocos meses antes, el Ejecutivo central había empezado a ubicar a 1.200 migrantes procedentes de Canarias en un cuartel del municipio madrileño. El propio Ejecutivo autonómico resaltó que celebraban el Consejo de Gobierno en una ciudad en la que se habían producido “graves altercados entre un grupo de extranjeros procedentes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación”.

En la rueda de prensa posterior, la presidenta, Isabel Díaz-Ayuso, vinculó un brote de sarna y casos de agresiones sexuales con la llegada de migrantes a la localidad madrileña. “En el centro de acogida ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional; se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio, según han denunciado; se producen peleas dentro y fuera del centro; ha habido un brote de sarna...”, aseguró entonces Ayuso. “Vivimos un auténtico caos”, sentenció.

El Gobierno central entonces desmintió que hubiese ninguna investigación que relacionara a los extranjeros alojados en el cuartel de Alcalá con supuestos asaltos sexuales y acusó al Ejecutivo regional de “alentar el racismo”. Varios medios, entre ellos eldiario.es se hicieron eco de esta información, que tuiteó la información en su cuenta de X (antiguo Twitter). Serrano compartió el enlace a esta noticia, al que acompañó con una imagen de un documento policial interno del cuerpo local para evidenciar, desde su punto de vista, que sí había pruebas de estas presuntas agresiones. En este documento se describía un aviso anónimo sobre la atención a una mujer que denunciaba haber sido atacada cuando caminaba cerca del cementerio. En el parte se identificaba al atacante como un hombre negro y joven. Piquet retuiteó este mensaje desde su cuenta.

El PSOE presentó en marzo una denuncia ante la fiscalía provincial de Madrid para que investigara si estos hechos pudieran ser constitutivos de una infracción penal. La denuncia fue admitida a trámite. Según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, la titular del juzgado de instrucción número dos de Alcalá de Henares ha citado a la alcaldesa y a su jefe de comunicación en noviembre en calidad de investigados, mientras que también ha ordenado que se tome declaración a cinco policías locales como testigos, incluido al jefe del cuerpo en ese momento. El objetivo de la investigación es concretar de qué manera llegó la foto de este parte policial hasta el disputado y mano derecha de Ayuso.

Hace unos meses, el jefe de la policía local de Alcalá de Henares fue relevado. Fuentes municipales relacionan esta denuncia con este cambio en la cabeza del la institución policial, pero aseguran no poder dar más explicaciones al no conocer el contenido íntegro de la investigación. Estas mismas fuentes señalan que tanto la alcaldía, como el director de comunicación, han actuado “con la diligencia debida y con la absoluta confidencialidad de los documentos y de la información”. “Así quedará demostrando donde corresponda”, apostillan.

El delito por el que se investiga a estos dos cargos públicos es el de infidelidad en la custodia de documentos, que puede ser penado con una condena a prisión de entre 6 meses y un año, una multa y también con inhabilitación para desempeñar un cargo público. Este delito contempla que se haga llegar a un tercero un documento secreto o interno.

Fue la propia presidenta Ayuso la que puso sobre la mesa la existencia de supuestas agresiones sexuales a mujeres del municipio por parte de los migrantes llegados a Alcalá de Henares. Este extremo fue desmentido ese mismo día por el delegado del Gobierno, Francisco Martín: “En relación a las agresiones sexuales, en estos momentos, en Alcalá de Henares, no hay abierta ninguna investigación por agresión sexual vinculada a un posible origen en los migrantes en el cuartel Primo de Rivera”. Entre noviembre y julio más de 7.000 personas han pasado por este centro y por el habilitado en Carabanchel, en la capital, sin que se hayan desatado graves incidentes.

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