La juez abre juicio oral a Noelia Posse, exalcaldesa de Móstoles, por el ‘caso ITV’

La juez del juzgado de instrucción número uno de Móstoles ha abierto juicio oral a la exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y a otros ocho ediles del Gobierno local que formaron PSOE y Podemos entre 2019 y 2023, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se investigan en el caso ITV, centrado en esclarecer si la decisión de condonar una deuda a una empresa dedicada a las revisiones de vehículos supuso un perjuicio a las arcas municipales. El auto, fechado el 31 de julio y al que accedió EL PAÍS, afecta a hasta cinco concejales del actual consistorio, ya dirigido por el PP, y requiere a los once acusados que hay en total para que “de forma conjunta y solidariamente en el plazo de un día presten fianza en cantidad de 817.453,94 euros” (la cifra que indiciariamente debe ser restituida a las arcas municipales, según la acusación particular). En caso contrario, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”. Además, la Fiscalía ha solicitado para cada uno de los acusados la pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

La primera consecuencia es que el PSOE de Madrid, dirigido por Juan Lobato, trasladará el caso en las próximas horas a la comisión federal de garantías, que previsiblemente suspenderá de militancia y abrirá expediente de expulsión a los cargos implicados. Esa fue, en todo caso, la promesa que hizo el secretario general de los socialistas madrileños en 2023, cuando la Audiencia Provincial decidió procesar a los acusados por la decisión de condonar o fraccionar el pago de una deuda acumulada que llegó a sumar con el paso de los años 2.455.725,39 euros.

“Lo que digo desde hace dos años: en el momento en el que se abra juicio oral a cualquier militante, se trasladará a garantías de federal”, ha explicado Lobato a este diario en conversación telefónica sobre los representantes socialistas en la segunda ciudad más poblada de la región (más de 200.000 habitantes). “Eso significa trasladar el expediente a quien tiene que tramitar la decisión sobre la condición de militante, que es el consejo de garantías federal”, ha añadido sobre un paso procedimental que la federación de Madrid espera tomar este mismo martes. “Lo normal es que les suspendan de militancia”.

“Juan Lobato debe cumplir su palabra y expulsar a la exalcaldesa de Móstoles del PSM”, ha reclamado Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid, formación que impulsó la denuncia contra la exregidora socialista. “Los partidos progresistas tenemos que ser implacables contra la corrupción”.

Las primeras polémicas de Posse como alcaldesa se remontan a 2019, cuando contrató a su hermana por 52.000 euros anuales para llevar las redes sociales del Ayuntamiento. Luego nombró a Jesús Miguel Espelosín, hijo de un exconcejal socialista de Madrid, gerente de la Empresa Municipal del Suelo. Además, ordenó el ascenso de su tío, funcionario municipal, al que se le otorgó un complemento de 1.600 euros al mes. También aprobó un incremento salarial de 800 euros para su expareja, Gonzalo Sánchez Oliva, colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. Y fichó como coordinadora del Gabinete de Alcaldía a una amiga personal, Alicia Domínguez Villarino. Todos ellos dimitieron o fueron destituidos tras brotar el escándalo en los medios de comunicación.

En ese difícil contexto llegó la denuncia de Más Madrid por el caso ITV. Según el relato de hechos que recoge ese documento, la empresa fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico. Tenía que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesión del terreno por un periodo de 30 años. Esa cuantía debía incrementarse cada año según el índice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, según la querella.

Durante los dos primeros años, la ITV pagó sin problemas el canon, pero en 2013 solo ingresó, siempre según el escrito judicial, 713 euros. A fecha del 22 de julio de 2020, adeudaba al Ayuntamiento 1.129.570,78 euros. En noviembre de 2017, el servicio de Recaudación inició un procedimiento de cobro al llegar el pasivo a casi 550.000 euros.

La empresa pidió entonces la condonación de las cargas y costas, la reducción de 400.000 euros y el fraccionamiento en 12 meses. Pero el secretario municipal se negó a la petición en un informe, con el argumento de que se trataba de una empresa privada que había iniciado una actividad “a riesgo y ventura” y que no cabía un reequilibrio económico “al no tratarse de un servicio público”, como la recogida de basuras o la grúa municipal.

En julio de 2020, la concesionaria presentó una solicitud en la que pedía la reducción del canon a 60.000 euros anuales, la condonación del 50% de la deuda acumulada y el pago de la otra mitad a razón de 30.000 euros al año hasta el final de la concesión. Alegó que había solicitado el preconcurso de acreedores con carácter previo a la solicitud.

Los informes del secretario y del interventor municipal echaron por tierra la petición, al no haber presentado las cuentas anuales, ni haberlas depositado en el Registro Mercantil, además de no haber aportado un informe de cuentas. La Junta de Gobierno del 1 de septiembre aceptó el preconcurso, que justo nueve días después fue retirado por la concesionaria. En el mismo momento, pedía la aplicación de las nuevas condiciones con carácter inmediato. Sin embargo, este no se aprobó hasta el 20 de octubre, pero con carácter de urgencia. Al otorgarle ese cariz de inminencia, el Gobierno municipal pudo sortear los informes en contra del secretario y del interventor, según el escrito de denuncia. El interventor llevó el caso el 5 de noviembre de 2020 ante el Tribunal de Cuentas por posible lesión a los intereses del Ayuntamiento de Móstoles, tras lo cual fue destituido.

En mayo de 2022, el juzgado de instrucción número 1 de la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid (207.000 habitantes) consideró que no había pruebas de que se hubiera cometido ningún delito, apuntó que de hecho la operación había beneficiado a la ciudad y sobreseyó la investigación. Sin embargo, en 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó procesar a Posse, y a siete ediles de su equipo de gobierno, formado por PSOE y Podemos. Tras esa decisión ha llegado ahora la de la apertura de juicio oral.

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