La jueza archiva la investigación a la alcaldesa de Móstoles por falta de pruebas y porque “benefició” a la ciudad

María Pinto, titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, ha acordado el archivo provisional del llamado caso ITV, por el que estaban bajo investigación la alcaldesa de dicha localidad madrileña, Noelia Posse (PSOE), y siete de los miembros de su equipo por la supuesta condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L. La juez considera que en ningún momento ha quedado acreditado ningún tipo de delito, mientras que sí se ha constatado que “en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas”. Fuentes del Consistorio mostoleño (sureste de Madrid, 207.095 habitantes) han celebrado el archivo y han cuestionado a quienes acudieron a los tribunales con “acusaciones falsas”.

El asunto fue llevado a los tribunales por las concejales de Más Madrid Susana García y Gabriel Ortega, quienes denunciaron que el equipo de gobierno había perdonado el cobro de las tasas a la ITV por el uso del suelo público. El montante de la supuesta deuda acumulado durante durante estos años alcanza los 2.455.725,39 euros.

La juez estima en su resolución, contra la que aún cabe recurso, que no hay delito de malversación en el acuerdo que alcanzó la Corporación municipal en relación a la empresa de ITV, porque dicho acuerdo “respeta la legalidad y la normativa vigente”. Además, afirma que, gracias al acuerdo por el que fueron denunciados todos los componentes de la Junta de Gobierno local, “se evitó que la mercantil querellada fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto”. La juez, además, sostiene que la empresa “está cumpliendo de forma escrupulosa el acuerdo alcanzado”.

La magistrada concluye que tampoco existe un presunto delito de prevaricación, ya que, a su juicio, la existencia de informes desfavorables al acuerdo alcanzado “no es motivo suficiente para considerarse que estamos en presencia de hechos penalmente relevantes”. De hecho, asegura que los propios querellantes “en ningún momento impugnaron en vía administrativa lo que devino en firme”, sino que interpusieron una querella, algo “meramente instrumental para intentar conseguir lo que no se hizo utilizando el procedimiento legalmente establecido”.

Es más: la juez no cree que el acuerdo fuera perjudicial para el Consistorio, sino más bien todo lo contrario: “No queda acreditado que se haya causado un perjuicio para las arcas del Ayuntamiento de Móstoles con el acuerdo de la JGL [Junta de Gobierno Local] de 20 de octubre de 2020, habiendo quedado acreditado que el acuerdo alcanzado ha sido beneficioso para el Ayuntamiento de Móstoles”.

“Con el acuerdo alcanzado, que como ya hemos explicado era legal y está permitido tanto por la Ley concursal como por la LGT, se aseguraban el pago del 50% de la deuda pendiente, a razón de 30.000 euros al año hasta 2040 así como que se continuara abonando el canon reducido a razón de 60.000 euros al año”, concluye la jueza en su auto.

Fuentes municipales de Móstoles han valorado el sobreseimiento provisional del caso ITV: “Quien nos acusaba lo hacía con mentiras. No se ha perjudicado al Ayuntamiento, lo que se hizo fue conseguir mantener una empresa y sus puestos de trabajo. Con esta acusación falsa buscaban dañar al Gobierno de Móstoles y a su alcaldesa”