Un viceconsejero de Ayuso defiende que la vivienda protegida permanente “degrada” los edificios y “deteriora” los barrios

El gobierno de la Comunidad de Madrid, que anunció este miércoles una ley que permitirá liberar 1,8 millones cuadrados de suelo para convertir locales de oficinas en 20.000 viviendas de alquiler asequible protegidas por 15 años, cree que apostar por proteger permanentemente las viviendas sociales de entrar en el mercado inmobiliario libre, e impedir así su explotación privada, “degrada las edificaciones” y “deteriora los barrios”. Esa tesis, defendida a finales de mayo por el viceconsejero de vivienda, transportes e infraestructuras, José María García, en la Asamblea, alimenta en la práctica la burbuja de precios que asola la región, según la oposición, pues las residencias pueden acabar publicitadas en los portales inmobiliarios para ser habitadas por el mejor postor. Madrid no tenía ninguna vivienda con protección permanente a finales de 2023, según datos oficiales, mientras que el País Vasco tenía 55.000.

“Lo que nosotros buscamos es el ascensor social de verdad, en el que se produzca la integración social”, argumentó García en una comparecencia parlamentaria en la que defendió que la venta de miles de viviendas a las familias “vulnerables” que las habitaban había permitido “a las siguientes generaciones disponer de oportunidades de vida”. Este alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirmó que “ese es el objetivo de tener un parque público de vivienda social, no en sí mismo buscar una protección permanente de todo el parque de vivienda social, [o dedicar] todos los recursos públicos a que todo el acceso a la vivienda sea público”. Y entonces concluyó que “al final, eso lo que genera es una pervivencia en el tiempo de un modelo que acaba degradando la calidad de las edificaciones, va deteriorando los barrios, y finalmente va perjudicando a las familias” (...) lo que “conlleva la degradación de las ciudades y cercenar las oportunidades de vida de los madrileños”.

García opinó que el estímulo de cuidar el propio patrimonio es necesario, y recordó que gracias a esa política miles de familias sin vivienda se habían convertido en propietarias. Sus palabras, sin embargo, contrastaron aquel día de mayo con las de Michaela Kauer, que intervino inmediatamente después de él para defender el modelo de Viena. En la capital de Austria, el 58% de los habitantes viven en residencias públicas y sociales gracias, entre otros, a la Wiener Wohnen, una empresa pública municipal con 4.000 empleados que gestiona 220.000 pisos. En contraste con los temores expresados por el viceconsejero regional, Viena fue en 2023 la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, según el ranking de habitabilidad de The Economist.

“Las pocas ciudades que han tomado la decisión de vender vivienda pública han acabado teniendo una crisis de vivienda”, dijo Kauer en una entrevista con EL PAÍS en la que se mostró sorprendida porque en mayo, para alquilar en Madrid, hubiera que pagar más de 19 euros por metro cuadrado, según el portal especializado Idealista, y dedicar más del 60% del salario mínimo para vivir en un piso de 45 metros cuadrados.

“Madrid tiene que iniciar el camino a Viena y dejar de insistir en un modelo fracasado y excluyente que le sale muy caro a los madrileños”, opina Jorge Moruno, diputado de Más Madrid. “Para avanzar hacia un modelo de vivienda que funcione hay que hacer todo lo contrario de lo que viene haciendo el PP”, asegura. “El principal proveedor de vivienda a la población, en lugar del mercado, tiene que ser el sector público y el sector social: vivienda protegida del mercado de manera permanente, vivienda pública de calidad y barata”.

Aunque el gobierno de Díaz Ayuso circunscribió las palabras de su alto cargo a una opinión personal, lo cierto es que los hechos y los datos certifican que esa es la política del gobierno.

Así, el Ejecutivo admitió en una respuesta parlamentaria a Moruno que a finales de 2023 no tenía ninguna vivienda con protección permanente en la región. El dato contrasta con el del País Vasco, donde 55.500 de las 69.000 viviendas de protección oficial, públicas y privadas, cuentan con una calificación permanente para “evitar cualquier tipo de especulación sobre estos inmuebles”. Y las explicaciones que da el gobierno regional son muy parecidas a la opinión expresada por García en el Parlamento.

¿A qué se debe que Madrid no apuesta por la protección permanente? “Porque produce efectos perniciosos a medio y largo plazo, problemas edificatorios y de inseguridad”, contesta un portavoz gubernamental, que ha celebrado que el Tribunal Constitucional anulara el artículo 16 de la ley de vivienda estatal, que fijaba el carácter permanente de la protección de las viviendas protegidas del mercado libre, porque el Estado no puede dictar normas “con el único propósito de crear derecho supletorio del de las Comunidades Autónomas en materias de la exclusiva competencia de estas”.

¿Qué ocurre con las viviendas protegidas cuando acaba el periodo de protección? “Que son libres porque expira la protección pública. Se pueden seguir disfrutando, vendiendo o alquilando porque es un derecho de propiedad”, responde el mismo interlocutor.

Oficinas convertidas en vivienda

Como resultado, las viviendas públicas protegidas se pueden vender incluso durante el periodo protegido (a un precio máximo ya tasado), o libremente una vez vencido el periodo de protección. Y los inquilinos de las de alquiler pueden ver cómo se incrementa drásticamente la renta cuando se acaba ese tiempo.

En ese contexto, el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, anunció este miércoles una nueva ley para transformar 20.000 oficinas en nuevas viviendas de alquiler asequible “sujetas a alguna protección pública”. Los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación. En el caso de que sigan adelante, se habilita un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura.

“El plazo de protección son quince años”, dijo el portavoz regional. “Una vez que dejen de estar bajo la protección, las viviendas se podrán seguir utilizando para fines residenciales”. Es decir, ya no estarán protegidas, y el alquiler no tendrá que ser asequible. Se podrá fijar en función del mercado.

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