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La instructora del ‘caso Monasterio’ propone sancionar a la líder de Vox con 15 días de sueldo por votar dos veces en la misma iniciativa

EL PAÍS accede al expediente que la Mesa debatirá este viernes y que culpa a la portavoz de emitir un ‘voto fantasma’ en el pleno del 1 de febrero

Rocío Monasterio intervenía en el pleno en la Asamblea de Madrid el 14 de marzo.
Rocío Monasterio intervenía en el pleno en la Asamblea de Madrid el 14 de marzo.chema Moya (EFE)
Juan José Mateo

Mercedes Zarzalejo, la instructora del expediente abierto contra Rocío Monasterio por haber votado dos veces en una misma iniciativa en el pleno del 1 de febrero de la Asamblea de Madrid, ha propuesto que la líder de Vox sea sancionada con 15 días de sueldo, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Aunque la líder del partido ultra se enfrentaba a ser suspendida como diputada por un periodo de un mes, además de a perder el sueldo durante ese tiempo (cobra 4.244,85 euros mensuales), la propuesta de la instructora aboga por aplicar el principio de proporcionalidad, ya que su voto no afectó al resultado de la iniciativa sometida a votación (la enmienda a la totalidad presentada por Más Madrid contra la ley de economía circular del Gobierno). La resolución definitiva de la sanción depende ahora de la Mesa, un órgano en el que el PP goza de mayoría absoluta, y que previsiblemente tratará el asunto este viernes tras ver cómo la instructora certificaba que hubo “doble voto”.

“Se considera que [Monasterio] es autora de las siguientes conductas”, se lee en el documento firmado por Zarzalejo sobre los votos emitidos desde el escaño de la portavoz (número 125) y el colindante (número 126), vacío porque había dimitido su ocupante y aún no había sido designado su sustituto. “Ejecutar un doble voto desde dos escaños diferentes [...]; vulnerar, con ello, el principio de personalidad del voto y su carácter indelegable [...], alterar con ello, de forma consciente e intencionada, el orden de las votaciones”, prosigue. Eso supone, se añade, “un atentado contra la dignidad de la Asamblea y contra la disciplina que obliga a todos los diputados de la Cámara”.

Pese a ello, añade la propuesta de sanción, “se aprecia que la conducta infractora, aun existiendo intencionalidad en ella, no es reiterada ni constan antecedentes que pudieran constatar una continuidad, persistencia o reincidencia de la señora diputada, por lo que se propone que la suspensión de los derechos económicos [...] se extienda por el periodo mínimo [...], esto es, por un tiempo de quince días naturales, durante los cuales la señora diputada responsable de la infracción no podrá percibir ninguna cantidad económica”.

Si la Mesa asume el planteamiento de la instructora, Monasterio recurrirá, por lo que la sanción quedará en suspenso, y pedirá la dimisión del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, “por trato discriminatorio y arbitrario”, ya que considera que hay precedentes similares en los que no hubo castigo. Así, sostiene que el sistema de la Asamblea ha contabilizado hasta cuatro votos del consejero Emilio Viciana, que no tiene derecho a sufragio por no haber ido en las listas electorales. Según Vox, el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, habría votado desde el escaño de su compañero de gobierno hasta en cuatro ocasiones en el pleno del 14 de septiembre.

“Pero no tiene nada que ver”, afirmaron fuentes parlamentarias. “Una cosa es un voto doble, como el de Monasterio, y otra es un error en la asignación de los escaños, que además fue de los servicios de la Cámara”, sigue. “El escaño de López Valverde no estaba asignado para votar, y el de Viciana sí, por un error de la Cámara”, añade. “Y además, se advirtió por parte del consejero de Presidencia al presidente de la Asamblea en el propio pleno, y el presidente avisó del error y ratificó por asentimiento la votación con todos los grupos en la Asamblea”, continúa. Y recalca: “El Grupo Popular tuvo los votos que correspondían, pues no se votó doble, mientras que en el caso de la portavoz de Vox, se emitieron dos votos, y, por tanto, el grupo Vox sumó 11 votos, no los 10 que tiene”.

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Estos son los pasos, acciones y fechas clave de una polémica que puede acabar con Monasterio sancionada:

25 de enero. José Luis Ruiz Bartolomé, mano derecha de Monasterio en la cámara, deja su escaño para volver a la actividad privada. Vox tiene una semana para reemplazarle antes del primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Tampoco es que sea urgente: el PP tiene mayoría absoluta y su presencia no cambiará nada.

31 de enero. Un día antes de la celebración del pleno, Pablo Gutiérrez de Cabiedes renuncia a ocupar el escaño, que le corresponde por ser el siguiente en la lista electoral. Su decisión agudiza la crisis de un partido que va de polémica en polémica en los últimos meses. Y así, Vox llega al pleno del día siguiente sin que su nuevo diputado, Javier Pérez, haya tomado posesión y, por lo tanto, con un voto menos y una silla vacía.

1 de febrero. Al final del pleno, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), toma la palabra para hacer una advertencia antes de que arranquen las votaciones. “Antes de empezar a votar, les aclaro que un diputado, por error, ha apretado el botón de presencia en dos escaños distintos”, anuncia el exvicepresidente regional, que resta importancia a esa acción. La polémica, de hecho, estalla posteriormente, cuando los servicios técnicos de la Cámara detectan que se ha votado desde el escaño de Ruiz Bartolomé, que ya no es diputado y no ha sido sustituido por Vox. Es decir, que alguien ha votado dos veces.

5 de febrero. Ossorio decide abrir una investigación y todas las miradas se dirigen inmediatamente hacia Monasterio. Porque el diputado Íñigo Henríquez de Luna admite en la junta de portavoces que él activó como presente dos lugares distintos, porque no quería que el asiento contiguo al de Monasterio quedara vacío, cosa poco estética ante las cámaras. Pero finalmente volvió a su escaño. La líder de Vox es quien viene a admitir haber votado varias veces, aunque tampoco lo expresa claramente.

“Son cosas de la tecnología”, se ríe Monasterio durante una rueda de prensa en la que se describe apretando y desapretando botones a toda prisa para intentar apagar el escaño. Pero nadie se toma el asunto a broma en el Parlamento. Y mucho menos el PP, que ve una oportunidad ideal para cobrarse cuentas pendientes con su antigua socia, o en la oposición de izquierdas, en la que Más Madrid registra un escrito solicitando que sea suspendida como diputada durante 30 días.

Nunca había pasado nada igual en la Asamblea de Madrid, según detalla un portavoz de la institución. Pero sí hay precedentes fuera de la región. Por ejemplo, en el País Vasco. Allí, en 2003, el Parlamento sancionó con un mes sin poder ejercer sus derechos a Carlos Iturgaiz por haber activado el indicador electrónico de presencia en la Cámara de su compañero Jaime Mayor Oreja.

8 de febrero. En plena sesión de control a su Gobierno, Ayuso apuesta por sancionar a Monasterio por su acción. “Si usted va por una carretera en la que tiene que circular a 80 [kilómetros por hora], y la pillan a 140, señora Monasterio, usted comprenderá que tendrá que ser multada”, asegura la presidenta regional. “Lo que no se ha visto en la vida es que vote por otro diputado que se ausenta”, denuncia. Monasterio responde asegurando que la líder conservadora persigue expulsarla de la Cámara a toda costa, y bromea, gesticulando, cuando llega el final de la sesión, toca votar, y hace movimientos grandilocuentes a cada paso.

9 de febrero. La Mesa de la Asamblea decide poner en marcha el proceso que previsiblemente acabará por sancionar a la portavoz del partido de extrema derecha. Dos meses después, todos los implicados esperan que la Mesa de este viernes ponga punto final a la polémica, aunque Monasterio tendrá derecho a pedir la reconsideración de la decisión si no está de acuerdo con ella. Si hay sanción, lo hará.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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