Ayuso rectifica ante Consuelo Ordóñez para que Madrid indemnice a todas las víctimas de ETA

Tras las críticas, los ataques, y las acusaciones, la rectificación. Apenas dos semanas después de que el PP acusara a Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), de usar políticamente a las víctimas, o de insultar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido reformar la norma que articula las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo como ella pedía. Un giro de 180 grados que ha comunicado este viernes y en el que se mezclan miel y hiel. A un lado, que ahora serán reconocidas aquellas víctimas excluidas por un motivo técnico de ayudas que pueden llegar a los 75.000 euros. Al otro, que para lograrlo Ordóñez tuviera que comparecer en la Asamblea regional para escuchar de todo, y nada bueno, por parte del PP. Fue una tarde de furia. La tormenta antes de la calma que ha traído el cambio de criterio del Ejecutivo autonómico.

“Vamos a revisar los expedientes y serán beneficiarias de las ayudas de la Comunidad de Madrid aquellas víctimas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia para vivir y desarrollarse personal y laboralmente en la región durante al menos los dos años previos a la entrada en vigor de la Ley y que acrediten los requisitos establecidos en la norma y que aporten toda la documentación acreditativa”, explica un portavoz gubernamental, que así confirma que se acaba la aparente contradicción que recogía la ley: se indemnizaba a los amenazados que estuvieran viviendo en la región los dos años anteriores a su aprobación, pero no a las víctimas que habían huido de Navarra o País Vasco tras sufrir atentados, y que llevaban décadas en la capital.

La Comunidad de Madrid, precisa este portavoz, ha recibido 1.500 solicitudes de indemnización y lleva ejecutados en este tipo de ayudas 40 millones hasta la convocatoria de 2023. A ellos se añaden otros 10 en 2023, y 15 en 2024, para un total de 65 millones. Pero no todas las víctimas estaban siendo reconocidas. Y 25, concretamente, se habían quedado fuera de este programa ampliamente publicitado por el gobierno regional por no estar empadronadas en Madrid en el momento del atentado, ni haberlo sufrido en la región, pese a que los amenazados en otras Comunidades que se habían mudado a la madrileña y residían en ella dos años antes de la aprobación de la ley sí recibían la indemnización.

“Por fin hemos logrado que rectifiquen”, ha celebrado Covite. “Se van a beneficiar de la ley las víctimas más vulnerables, las que más han sufrido las consecuencias de ser víctimas de ETA en los lugares más difíciles para serlo: País Vasco y Navarra”, ha recalcado a través de un comunicado publicado en la red social X (antes conocida como Twitter). “Y precisamente por eso se mudaron a Madrid”, ha añadido. “Hemos ganado esta batalla por la Justicia y la Igualdad de trato a las víctimas del terrorismo”.

Pero la victoria ha llegado acompañado de un alto coste personal, y público, el sufrido por Consuelo Ordóñez, hermana del político asesinado del PP Gregorio Ordoñez, que este mismo viernes, en una entrevista publicada por el Diari Ara antes de conocer la noticia, decía: “El Gobierno de Ayuso es el que peor ha tratado a las víctimas de ETA”.

El choque viene de lejos, como resume la hemeroteca. Hay titulares contra Ayuso por usar el recuerdo de su hermano asesinado “para sus exclusivos fines políticos”. Los hay contra el lema lanzado por Ayuso para las últimas elecciones: “Que te vote Txapote”. Los hay contra una estrategia a su juicio concebida para sacar rédito político del terrorismo: “El partido de mi hermano nos ha utilizado. Nos traicionó. Ese es el problema que tengo con el PP”. Y los hay por la aplicación de una ley madrileña de 2018, reformada en 2022 para amparar a las víctimas del terrorismo que habían quedado desprotegidas, y que, aun así, seguía dejando a algunas sin indemnización hasta ahora, como denunció el lunes 5 de febrero con vehemencia Ordóñez en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Hasta allí llegó Ordóñez invitada por José Luis García, diputado del PSOE empeñado en arreglar el problema, y allí dijo, un punto desesperada: “¡Lo único que tienen que darles a las víctimas de atentados es la misma solución que a los amenazados y quitar la exigencia del empadronamiento en el momento de sufrir los atentados! “El Gobierno no entiende qué es más grave, que te maten a un familiar, que te hieran, o ser amenazado”.

Esa intervención, y otras previas en las que Ordóñez acusó a Díaz Ayuso de “cebarse con las víctimas” y usarlas “como mercancía” para sus intereses políticos, provocaron durísimas respuestas por parte del PP. El diputado José Virgilio Menéndez, también víctima de ETA, la tildó de “injusta”, le dijo que estaba “equivocada” y afirmó que “insultaba” a la presidenta regional. Como si eso fuera poco, o como si hubiera una competición para ver quién defendía mejor el honor de Díaz Ayuso, el portavoz parlamentario del PP decidió enviar a la prensa un comunicado.

“Consuelo Ordóñez se ha dedicado hoy [en referencia a la comparecencia de hace quince días] a insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al PP de una manera absolutamente injustificable”, afirmaba el texto. Dos semanas después, el Gobierno ha rectificado. Los diputados conservadores, por ahora, no.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.