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Una sentencia del Constitucional avala castigar el voto irregular de Vox que investiga la Asamblea de Madrid

Iturgaiz (PP) ya perdió sus derechos como diputado un mes por sustituir a un ausente, como presuntamente han hecho ahora Rocío Monasterio e Íñigo Henríquez de Luna

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en una comparecencia en noviembre de 2023.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en una comparecencia en noviembre de 2023.SERGIO PÉREZ (EFE)
Juan José Mateo

La investigación abierta en la Asamblea de Madrid contra Vox por activar en el último pleno el escaño de un diputado ausente y votar en su lugar cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que en 2006 dio por bueno que el Parlamento Vasco hubiera sancionado durante un mes a Carlos Iturgaiz (PP) por dar de alta como presente a un representante que no estaba en la Cámara. En el caso actual, son dos los diputados del partido de extrema derecha los que están en la diana. El primero es Íñigo Henríquez de Luna, que confesó haber activado el escaño de un diputado dimitido, José Luis Ruíz Bartolomé, para sentarse en el pleno junto a la líder del partido y luego retomar a su sitio. Y el segundo es la propia Rocío Monasterio, que habría votado dos veces (por ella misma y por el diputado ausente) en al menos una ocasión, según se observa en el vídeo de la sesión. Así ocurre todo.

25 de enero. Ruiz Bartolomé, mano derecha de Monasterio en la Cámara, deja su escaño para volver a la actividad privada. Vox tiene una semana para reemplazarle antes del primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Tampoco es que sea urgente: el PP tiene mayoría absoluta y su presencia no cambiará nada.

31 de enero. Un día antes de la celebración del pleno, Pablo Gutiérrez de Cabiedes renuncia a ocupar el escaño, que le corresponde por ser el siguiente en la lista electoral. Su decisión agudiza la crisis de un partido zarandeado de polémica en polémica en los últimos meses. Y así, Vox llega al pleno del día siguiente sin que su nuevo diputado, Javier Pérez, haya tomado posesión y, por lo tanto, con un voto menos y una silla vacía.

1 de febrero. Al final del pleno, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), toma la palabra para hacer una advertencia antes de que arranquen las votaciones. “Antes de empezar a votar, les aclaro que un diputado, por error, ha apretado el botón de presencia en dos escaños distintos”, dice el exvicepresidente regional, que resta importancia a esa acción. La polémica, de hecho, estalla posteriormente, cuando los servicios técnicos de la Cámara detectan que se ha votado desde el escaño de Ruiz Bartolomé, que ya no es diputado y no ha sido sustituido por Vox. Es decir, que alguien ha votado dos veces.

5 de enero. Ossorio decide abrir una investigación y todas las miradas se dirigen inmediatamente hacia Monasterio. Porque Henríquez de Luna admite en la junta de portavoces que él activó como presente dos lugares distintos. No quería que el asiento contiguo al de Monasterio quedara vacía, cosa poco estética ante las cámaras, pero finalmente volvió a su escaño. La líder es quien viene a admitir haber votado varias veces, aunque tampoco lo dice claramente.

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“Son cosas de la tecnología”, se ríe durante una rueda de prensa en la que se describe apretando y desapretando botones a toda prisa para intentar apagar el escaño. Pero nadie se toma el asunto a broma en el Parlamento. Y mucho menos el PP, que ve una oportunidad ideal para cobrarse cuentas pendientes con su antigua socia, o en la oposición de izquierdas, en la que Más Madrid registra un escrito solicitando que sea suspendida como diputada durante 30 días.

Nunca había pasado igual en la Asamblea de Madrid, según detalla un portavoz de la institución. Pero sí hay precedentes fuera de la región. Por ejemplo, en el País Vasco. Allí, en 2003, el Parlamento sancionó con un mes sin poder ejercer sus derechos a Carlos Iturgaiz por haber activado el indicador electrónico de presencia en la Cámara de su compañero Jaime Mayor Oreja.

El Parlamento consideró entonces que los hechos protagonizados por el diputado del PP suponían “una quiebra del principio de indelegabilidad del voto”, pues activó la presencia de Mayor Oreja cuando no estaba en el hemiciclo; una “alteración dolosa del normal desarrollo de las votaciones”; y una “vulneración de principios básicos para la conformación de la voluntad legislativa”, motivos por los cuales se le impuso la sanción.

Pero no hubo, defendió siempre Iturgaiz, un doble voto, lo que a su juicio hacía injustificable el castigo. Así que buscó el amparo del Tribunal Constitucional. No lo encontró. El alto tribunal consideró que su acción había alterado en al menos tres votaciones el número de parlamentarios que determinaban en ese momento la mayoría. Según el Constitucional, al pulsar el botón que no le correspondía, y registrar como presente un diputado ausente, Iturgaiz infringió el deber de respeto de los procesos y mecanismos de votación, por mucho que luego no votara en nombre de Mayor Oreja, como defendió siempre.

¿Qué pasará en Madrid? El presidente de la Asamblea previsiblemente encargará un informe a los servicios técnicos para determinar cuándo, quién y cuántas veces votó indebidamente. Esa misma petición, señala una fuente parlamentaria con varios quinquenios de experiencia en su hoja de servicios, ya señalaría que la institución tomará cartas en el asunto. Los posibles culpables, señala un portavoz del Parlamento, se arriesgan a una sanción de entre 15 y 30 días.

La reunión de este viernes de la Mesa, el organismo que dirige el día a día de la Asamblea, determinará próximos pasos que se deben seguir. Así, puede dejar la posible sanción en manos de la propia Mesa, o derivar el asunto a la comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, para que nombre un diputado encargado de instruir el caso.

Ocurra lo que ocurra, una cosa es segura: Monasterio y Vox están en la diana del PP de Isabel Díaz Ayuso.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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