La motosierra del PP se multiplica en las ciudades ricas de Madrid: “La tala en la capital es una anécdota frente a esto”

La directriz de talar árboles en Madrid no es una política exclusiva del Ayuntamiento de la capital. Diferentes consistorios de la región gobernados por el Partido Popular han autorizado la deforestación de los pulmones verdes de Pozuelo de Alarcón, Torrelodones, San Sebastián de los Reyes o, el más reciente, el proyecto Valgrande en la zona de Los Carriles, en Alcobendas, donde se construirá una urbanización de 8.600 viviendas, en 220 hectáreas de bosque, un área equivalente a más de 400 campos de fútbol. En conjunto, los proyectos urbanísticos de lujo suponen un riesgo para más de 460 hectáreas de vegetación nativa en la Comunidad.

Para Esther Ortega (59 años), vecina de Alcobendas afectada por el proyecto Valgrande, “la tala en Madrid capital es una anécdota si se compara con lo de Los Carriles”. Los residentes que se oponen a la construcción han ganado la primera batalla ante la justicia al recibir una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero el Ayuntamiento y los propietarios del proyecto han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El proyecto Valgrande, al que los vecinos prefieren llamar “Malgrande”, está pensado como residencia para más de 25.000 personas en un municipio de apenas 116.000 habitantes. La web de la urbanización, diseñada con una gama de verdes y frecuentes menciones a la sostenibilidad y el medioambiente, se promueve como una apología al cuidado de la naturaleza. Sin embargo, los vecinos que se han unido en la Plataforma Salvemos Los Carriles denuncian en un comunicado que la construcción arrasará “el único rincón de naturaleza que queda en Alcobendas”. Este santuario natural es la casa de especies emblemáticas como el águila real, el buitre negro, el lince ibérico, así como de 53 tipos de mariposas ―casi la misma cantidad que tiene todo Reino Unido―, según un censo que hace la Universidad Autónoma de Madrid desde 2014. El doctor Miguel López Munguira, del Laboratorio de Entomología de la UAM y doctor en biología, precisa que “la urbanización [Valgrande] truncaría la supervivencia de todo este entramado de relaciones que hacen de los espacios naturales verdaderos tesoros para la observación, el estudio de la naturaleza y los servicios ecosistémicos que presta”.

En este terreno se forman charcas en época de lluvia que abastecen los acuíferos subterráneos y sirven como oasis a la fauna. “Estos ecosistemas acogen una gran diversidad de organismos con características acuáticas, anfibias y terrestres, formando comunidades únicas adaptadas a la intermitencia del agua. También son hábitats muy importantes para las aves que las utilizan como puntos de abastecimiento”, escribe la ecologista Marina Tomás Martín en un estudio de impacto medioambiental contratado por los vecinos.

Jesús Montero, concejal de medioambiente del Ayuntamiento de Alcobendas, considera que “no están justificados los argumentos de algunos vecinos para oponerse a este desarrollo, pues va a crear grandes equipamientos, espacios libres y viviendas sociales”, señala en un comunicado, tras cancelar la entrevista telefónica con EL PAÍS. El consistorio no ha precisado las medidas para amortiguar los daños al ecosistema por la construcción de Valgrande, ni el número de árboles que serán talados en la construcción del nuevo barrio.

En otros municipios de Madrid, se repite la historia de vecinos que se han transformado en activistas medioambientales, a raíz de proyectos urbanísticos planificados sobre el patrimonio verde de la Comunidad. Entre los casos más emblemáticos resalta el de Pozuelo de Alarcón, donde la Plataforma Salvemos Montegancedo ha alertado del riesgo que corren 70 hectáreas de bosque por la planificación de una urbanización de lujo. Como un abrebocas de lo que está destinado para este terreno, en mayo de 2023 hubo una tala en la que cayeron 150 pinos. Ana Castro, vecina afectada e integrante de la plataforma, define como “un crimen que quieran hacer 1.050 viviendas para que unos pocos se enriquezcan” y acusa a los promotores de la obra y al Ayuntamiento de Pozuelo de priorizar los intereses comerciales por encima del bienestar de los ciudadanos. “Los habitantes de Pozuelo damos diariamente el paseo por ahí. Es nuestro pulmón, pero los biólogos nos han dicho que esto será un sartén”, concluye Castro por teléfono.

Un informe de impacto medioambiental aportado por la plataforma Salvemos Montegancedo precisa que “la destrucción parcial o total [del ecosistema] implicaría la no recuperación y reversibilidad, al menos en 60 u 80 años”. El TSJM está tramitando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra la urbanización.

En San Sebastián de los Reyes, la Plataforma Dehesa Viva ha señalado al proyecto urbanístico Cerro del Baile por la planeación de 3.600 viviendas en 128 hectáreas de “suelo agrícola y silvestre” a orillas de la Dehesa Boyal. Esta zona es colindante con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares que pertenece a una red de espacios protegidos en la Unión Europea. En este encinar habitan zorros, erizos, jabalíes, águilas, milanos y buitres. Germán Peña, de 43 años, miembro de la plataforma Dehesa Viva aclara: “Pedimos que no se construya en el Cerro del Baile para que sirva como espacio para amortiguar el impacto urbanístico sobre la reserva”. Por este terreno transcurre además el arco verde, un ambicioso proyecto de conservación de la Comunidad financiado con fondos de la UE. La primera fase ha implicado un coste de unos siete millones de euros. “Es absurdo que se haga esta inversión, si dentro de un tiempo se meterán las excavadoras a romperlo todo”, señala Peña.

En Torrelodones, 40 hectáreas de verde se cortarán para levantar 300 pisos; en Boadilla del Monte, un proyecto de urbanización de lujo amenaza con devorar 10 hectáreas para convertirlas en 1.500 viviendas; en Las Rozas se han podado 17 encinas para acondicionar una parcela urbana; en Navalagamella quieren construir un complejo hotelero en una zona de cuatro hectáreas, donde se levanta un bosque de encinas y enebros, junto al río Perales.

Una vez concedida la licencia a los promotores de la obra, es muy corto el margen de maniobra de los Ayuntamientos. Si el suelo en el que una constructora solicita edificar figura en el plan urbanístico como residencial o urbanizable, los promotores parten con ventaja en un eventual litigio, aunque la construcción afecte el tejido vegetal. Los expertos señalan que la mejor forma de blindar los ecosistemas contra el concreto es declarándolos no urbanizables. María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, señala que “lo lamentable es que haya zonas catalogadas como urbanas (o urbanizables), pero que en realidad son monte” y pone de ejemplo a Las Rozas o Alcobendas. “Es una barbaridad haber clasificado esos montes como suelo urbano”, sentencia.

Los ayuntamientos y constructoras suelen argumentar que amortizarán el impacto a los ecosistemas con la plantación de jardines ecológicos dentro de los barrios construidos, pero los vecinos sostienen que “no hay ningún jardín o espacio verde artificial que se pueda comparar con un espacio natural”, en palabras de Esther Ortega. La replantación de los árboles no garantiza la reconstrucción del ecosistema, ni devuelve el hábitat a la fauna.

De boca de los vecinos, la tala en los municipios de Madrid suena como algo anecdótico. Visto en perspectiva, se perfila como una política estructural. Los municipios mencionados en esta radiografía no solo comparten el detrimento de sus espacios verdes en beneficio de ambiciosos proyectos urbanísticos. Son ciudades de rentas altas donde gobierna el Partido Popular, en algunos casos en coalición con Vox, y con una política de urbanismo que, a ojos de los vecinos, le falta mucha madera.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.