La policía investiga a Brigada Desokupa por el intento de desalojo ilegal a Amparo Espino

El intento de desalojo ilegal a Amparo Espino, de 67 años, del bajo donde vive en Vallecas, ya está en los juzgados. Después de que un grupo de una decena de hombres de la empresa Brigada Desokupa irrumpiera el miércoles 2 de agosto en su puerta sin ninguna orden judicial y acompañados por la Policía Nacional, la mujer ha denunciado a la empresa y ha agregado una queja por inacción de los agentes. Amparo, que ha estado acompañada desde ese día por gente de la PAH de Vallecas, vive con el miedo de que vuelvan cuando se quede sola. Su caso abre un debate sobre cómo operan las empresas antiocupación.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Amparo relata cómo todo empezó el 13 de julio. Ese día fue la primera vez que los hombres de la empresa se presentaron en su casa. Le mostraron un papel para que firmase una salida voluntaria del domicilio el 2 de agosto. Ella, al ver al grupo de hombres, fornidos, a un paso del recibidor, no dudó un segundo en darles su DNI y firmar lo que hiciera falta. Así lo expone en la denuncia que ha presentado este domingo: “Acabé firmando el documento contra mi voluntad, profundamente asustada por la actitud de los individuos que me increpaban en grupo desde la puerta de mi casa, sin dejarme cerrarla, y amenazando con consecuencias legales que no entendía”.

Todo se agravó unas semanas más tarde. Los hombres de Brigada Desokupa cumplieron su promesa y la semana pasada volvieron a su domicilio. Esta vez, ella no estaba sola, la acompañaba gente que había vivido desahucios anteriores, que hacían turnos para impedir cualquier tipo de abuso. Una decena de hombres se reunió en una calle paralela y llamó a la policía —según reconoció la compañía en un comunicado en redes sociales—. Esperaron a que cuatro vehículos de la Policía Nacional llegaran y caminaron de nuevo hacia su casa en la calle Carlos Solé.

Ese miércoles Brigada Desokupa trató de efectuar un desalojo sin ninguna orden judicial, según ha denunciado Amparo. Hacia las 13.00 horas, después de gritos y amenazas, tocaron el timbre, acompañados de la Policía Nacional. El objetivo era sacar a la mujer de ese piso en el que está de alquiler y no paga. Habían sido contratados por la propietaria, un trabajo por el que cobran como mínimo 2.500 euros, según su página web. La propiedad se ha negado a dar ningún tipo de información a este diario sobre el proceso legal que emprendieron, tampoco sus abogados. Amparo, acompañada de gente de la PAH de Vallecas, no abrió. Ningún juez había dado una orden.

Antes de marcharse, derrotados tras el espectáculo macabro de tratar de amedrentar a una señora de 67 años, enferma del corazón (tiene una miocardiopatía hipertrófica), superviviente de un cáncer de mama, con más de una veintena de agentes de la Policía Nacional y sin ninguna justificación legal, les lanzaron una advertencia: “Ustedes mismos. Tienen 48 horas”. La policía permitió que entrara Desokupa hasta la puerta mientras un equipo de sanitarios del Summa 112 esperaba desde fuera para poder asistirla. “Los individuos de Brigada Desokupa, varios de ellos provistos de chalecos antibala, se colocaron en el portal de mi casa, escoltados por los funcionarios policiales”, reza la denuncia que ha presentado.

Todo lo ha documentado en un escrito donde ha agregado mensajes de WhatsApp con un representante de la empresa que avisaba de lo que iba a suceder ese día, vídeos, imágenes, informes médicos, para mostrar la “pesadilla” en la que se ha convertido su vida en las últimas semanas en las que trata de no abandonar la vivienda y si lo hace, se aleja apenas unos metros para sacar a sus perros. Ha sido asistida por una abogada que colabora con la plataforma, pues trató el viernes de denunciar los hechos en una comisaría y volvió a casa con las manos vacías.

La última batalla de Amparo se detonó a las puertas de una comisaría de Vallecas, según ha descrito en la denuncia presentada el domingo. “El 4 de agosto, a las 16.50 horas, acudí a la comisaría de distrito de Puente de Vallecas, situada en la calle Peña Trevinca, 1, a denunciar lo sucedido, pero los funcionarios de policía que se encontraban en la misma no me dejaron acceder a la comisaría a interponer denuncia, tratándome de okupa”, reza parte del documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Ha bastado exponer mínimamente lo sucedido para que su reacción haya sido la de impedirme el acceso a un recinto público y a un servicio público, faltándome al respeto e impidiéndome el ejercicio del derecho a poner en conocimiento de las autoridades unos hechos que considero delictivos”, señala el texto.

El domingo por la mañana, antes de salir a los juzgados, Amparo Espino recibía una llamada inesperada. No imaginó que del otro lado del teléfono, con todo lo que había vivido estos días, una persona con uniforme le hablaría por primera vez en tono conciliador. Ya no había gritos ni cuestionamientos. Un responsable de la unidad de la Policía Nacional de Puente de Vallecas, en la calle Peña Trevinca de Madrid, le ofreció poner a su disposición un acompañamiento y se interesó por su caso, según relata Amparo. También, unos agentes que se identificaron como policía judicial han acudido al domicilio para “investigar los hechos”, cuenta.

El caso de Amparo ha abierto un debate sobre cómo operan este tipo de empresas antiocupación, que a golpe de músculos, gritos y amenazas tratan de sacar a inquilinos de una vivienda sin una orden judicial. Estas firmas prometen al cliente buscar cualquier resquicio, o bien legal o bien a través de conseguir con su presencia el abandono voluntario de la vivienda, para saltarse los pasos de la justicia. Y, si es posible, como en esta ocasión, tomársela por su mano.

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