El juez levanta la orden de alejamiento entre los progenitores de Colmenar Viejo acusados de maltrato a sus ocho hijos
La mujer solicitó que se eliminara esta medida cautelar y el instructor lo autoriza porque no se ha probado “riesgo presente y objetivo” de peligro para ella, no así para los menores
El juez de Colmenar Viejo (Madrid) que instruye la causa del presunto maltrato de un matrimonio contra sus ocho hijos ha levantado este martes la orden de alejamiento que existía entre los dos miembros de la pareja. En un principio se ordenó esta medida de los padres con respecto de los hijos y también entre ambos, al considerar que el progenitor también maltrataba a la madre. Ella los negó desde el primer momento y solicitó formalmente el 18 de abril que se suspendiera esta medida provisional. Algo que en lo que el juez le ha dado la razón, con la oposición del fiscal, que solicitó su mantenimiento.
El juez señala en el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS que no existe un riesgo “objetivo y presente” con respecto a la mujer y por ello autoriza el fin de esta medida cautelar, aunque advierte que “esto no podría decirse de cesar la protección de los menores frente a sus progenitores”. “Lo único que se atisba es”, prosigue el titular del juzgado de instrucción número 1, de Colmenar, “una mejor coordinación en su estrategia defensiva frente al proceso que se cierne frente a ellos por el delito de violencia doméstica y frente al señor S. frente al delito de violencia doméstica”. Ambos padres están defendidos por el despacho del penalista Juango Ospina. La representación legal de la mujer la ha asumido la letrada de este bufete, Beatriz Uriarte.
El auto destaca también el “esfuerzo del Ministerio Público” para impulsar diligencias de investigación para determinar si la voluntad de la madre está “viciada” por su marido. “En este momento contamos con la firme decisión de la misma”, recalca el escrito. El juez recuerda que la mujer también pretendió personarse como acusación particular y ha negado cualquier vejación sobre ella o sus hijos y señala que imputa el peso de la investigación a la “fabulación” de los menores. El juez resalta que la mujer ha expresado su deseo de que acabe la orden de alejamiento contra su marido “sin titubeos” sin que se pueda entrar en un “juego de presunciones” de que “no sabe lo que hace”.
El matrimonio fue detenido a finales de marzo acusado del “maltrato y desnutrición” de sus ocho hijos entre 4 y 14 años. Fue la hija mayor la que denunció la situación en la que vivían en su casa en Colmenar Viejo después de ponerse a llorar en el colegio en presencia de dos agentes de la Guardia Civil que habían ido al centro educativo a dar una charla sobre bandas juveniles. Según la información facilitada por la Guardia Civil, cuando entraron en la vivienda unifamiliar hallaron suciedad por toda la casa, excepto en el despacho del padre, un baño completamente inutilizado y una habitación con una cama y dos literas en la que dormían todos los niños. Dos de las hijas mayores ya han declarado en sede judicial en la que han ratificado los maltratos y han aportado nueva información que incrimina al padre, no así a la madre, a la que dicen “querer”. Los testimonios de los hijos mayores señalan que eran castigados en el sótano de la casa durante horas, que tenían prohibido estar en el salón y que recibían golpes y gritos.
Desde principios de abril se toma declaración a los menores y a diversos testigos del centro educativo y del entorno familiar de los padres. Las dos hijas mayores han prestado declaración en una cámara Gessel, unas instalaciones especialmente acondicionadas para los interrogatorios de víctimas especialmente vulnerables, como son los niños. Desde el día de la detención, la Comunidad de Madrid se hizo con la tutela de los menores y los trasladó a un centro de acogida.
Los agentes encontraron también en la casa varios palés con material médico y medicamentos, que el progenitor en un principio no pudo justificar, pero que posteriormente indicó que respondía a la “paranoia” después de haber trabajado durante la pandemia del coronavirus. El padre es médico en el hospital Gregorio Marañón, donde sigue ejerciendo con normalidad. Sanidad anunció una investigación interna sobre el posible robo de este material del centro público por parte del facultativo, pero desde entonces no ha dado más detalles sobre el avance de estas pesquisas.
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