La Comunidad de Madrid rompe el contrato de la residencia de mayores gestionada por el Padre Ángel

Nueve meses después de la concentración que se llevó a cabo delante del Centro Alzheimer Reina Sofía, donde el actor y director español Tristán Ulloa leyó un manifiesto, la Comunidad de Madrid ha iniciado este jueves los trámites administrativos para resolver el contrato de gestión del hogar situado en Vallecas y corregir las “incidencias” detectadas, especialmente relacionadas con falta de personal. Este centro público que hasta ahora gestiona la ONG Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, ha estado cedida al sector privado desde sus orígenes, pero ha tenido problemas para encontrar candidatos que se ocuparan de sus operaciones. La consejera de Familia y Políticas Sociales, Concepción Dancausa, se encargó este jueves de comunicar la noticia a Paloma Juanas, una representante de los familiares, según ha sabido EL PAÍS. La noticia “les da esperanza” y confían que con este trámite empiece el “cambio real” que se merecen los pacientes. “Es que no son solo personas mayores, necesitan una atención constante porque no se pueden valer por si solos”, lamenta Juanas.

El padre Ángel solicitó el fin del contrato cuando en 2022 se produjo la concentración a las puertas de la residencia causada por el malestar de los familiares de los pacientes del centro. La Comunidad no lo permitió y le impuso la presencia de un supervisor que vigilaría que se cumplían las obligaciones, según informó EL PAIS en junio del pasado año. Según indicó la Comunidad de Madrid en aquel momento, la ONG del padre Ángel debía quedarse en la residencia al menos hasta noviembre de 2023.

Juanas explica que, a raíz de las protestas y las reuniones mensuales con la Comunidad, no solo se decidió mandar a un interventor, sino que además ha habido inspecciones rutinarias en el centro. “Nuestra sorpresa fue ver que ni siquiera las condiciones mínimas se cumplían”, se queja. Y añade que en ese momento la Comunidad les obligó a contratar a más personal para respetar el pliego.

A pesar de la negativa inicial, la Comunidad de Madrid ha tomado la iniciativa de acabar la relación con Mensajeros de la Paz. La resolución ha sido aceptada por Mensajeros de la Paz, según han informado a la agencia Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

También se ha comenzado a tramitar el procedimiento de urgencia de un nuevo contrato de gestión de esta residencia, que actualizará la dotación económica para adaptarla a la situación actual y poder incrementar el personal de atención directa, prestando atención a la especificidad de estas instalaciones que, según las mismas fuentes, es “referencia nacional” en el tratamiento de personas con alzhéimer. Juanas subraya que “no se puede presumir de un centro referente en Alzheimer a nivel europeo donde realmente uno se puede fiar ni siquiera de lo que comen los pacientes”.

El problema del centro radica en que la Comunidad de Madrid ofrecía un precio demasiado bajo para que la gestión sea atractiva. Desde su inauguración 2007, la residencia ha sido gestionada por Clece, una empresa dedicada a los cuidados, la limpieza y la hostelería y propiedad de Florentino Pérez. El contrato, de 4,4 millones de euros anuales, se mantuvo durante 14 años tras un par de prórrogas. En total, 63,5 millones de euros. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, la Comunidad propuso los nuevos términos para la renovación y la empresa de Pérez respondió que no estaba interesada. Los costes habían subido, las exigencias también (por ejemplo tres cuidadores extra), pero el precio que proponía la Comunidad apenas se había movido.

A finales de 2020, la Comunidad abrió el plazo para un concurso que levantó ampollas en el sector de los cuidados. El presupuesto anual estimado por el Gobierno regional era de 4,8 millones de euros, un pago que muchos consideraron irrisorio si se tenían en cuenta los precios del mercado. El sindicato Progreso y la patronal Asade recurrieron y el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública desestimó ambas reclamaciones.

La asociación del padre Ángel ganó ese concurso con un contrato de casi 25 millones de euros hasta 2026. Aunque la cifra no es nimia, el contrato establece que debe haber a jornada completa 64 cuidadores (23 en turno de mañana, 22 de tarde y 9 de noche), cinco enfermeras (dos de mañana, dos de tarde y una de noche) y tres médicos (uno de ellos geriatra). Solamente contaban con una plantilla de 274 trabajadores. Además, la ONG debía garantizar la presencia de lunes a viernes de dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales, un trabajador social, un psicólogo y un ingeniero industrial especialista en mantenimiento de instalaciones.

La consecuencia de un precio tan bajo para costes tan altos es que las cuentas no salen. “Tiene que haber responsables de departamento que elijan y se aseguren del cumplimiento correcto de las normas, porque los que están dentro no pueden decir nada de lo que les pasa”, asevera Juanas, que se asegura de visitar a su madre, paciente del centro, todas las semanas.

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