Así expulsa una residencia de mayores a una residente “incómoda”: “La relación de confianza contigo es inexistente”

El día que le entregaron la orden de expulsión de la residencia, María V. tuvo apenas cinco segundos para hacer un gesto muy valioso. Acababa de recoger de la máquina del pasillo un café americano, cuando una empleada se inclinó a la altura de su silla de ruedas para decirle que fuera al despacho de dirección, a muy pocos metros de donde se encontraba. María giró su silla para acompañar a la trabajadora y quedó tan confundida que se olvidó el café en una mesa. Pero cuando vio que dentro de la oficina la esperaban el dueño, su hijo y tres empleadas, tuvo la agilidad suficiente para apretar el botón de la grabadora de su móvil. Se temía algo malo.

Clic. Grabando.

Lo que se escucha se parece más al despido de un empleado que a la manera de echar de su hogar a una persona con una discapacidad del 80%.

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Conversación entre María V., residente de la residencia ‘Maravillas’, y Tomás Bruna y Diego Bruna, fundador y gerente de la residencia

Tomás Bruna, gerente e hijo del dueño, la saluda y le dice que ha invitado a las empleadas como testigos: “Creo que es evidente que la relación de confianza que puede haber aquí a día de hoy entre nosotros, contigo es inexistente”.

“La decisión se viene meditando desde hace tiempo y nosotros nos hemos guiado por lo que nos han indicado las autoridades administrativas. Entonces, como estamos en una entidad privada, vamos a hacer ejercicio de nuestro derecho a rescindir el contrato contigo de este centro. Así que simplemente vamos a notificártelo. Aquí tienes la carta de rescisión de contrato y lógicamente tienes unos días para que te puedas organizar”.

María responde que todo son calumnias. “Yo molesto, claro que molesto. Tú lo sabes y no eres tonto”. Ella no dice el motivo, pero aparentemente lo saben todos. Se refiere a que la residencia no quiere tener a una persona lúcida, capaz de ver carencias de recursos o malos cuidados.

El propio Tomás reconoce que no tienen razón para echarla: “No te estamos acusando de nada. Simplemente, se te está notificando la rescisión de un contrato. No se te está acusando de nada”.

El progenitor, Diego Bruna, es un hombre orondo de edad avanzada que durante siete minutos permanece callado. Suena hastiado cuando interrumpe las protestas de María: “Vamos a ver. ¿Me escucha usted? Esto hay que terminarlo porque yo me tengo que llegar a la oficina. Tristemente, por bien o por mal, se ha tomado una decisión como empresa privada. Si no la entiende, yo le pido personalmente disculpas. Usted, como ha estado al frente de empresas, ha tomado a veces decisiones. Unas veces habrá acertado... Lo que está claro es que la decisión está tomada. Y ya a partir de aquí, me tengo que ir”.

La conversación tuvo lugar el 25 de enero en la residencia Maravillas, en Cadalso de los Vidrios, un pueblito madrileño de 3.193 habitantes cercano a la provincia de Ávila. A María le daban hasta el 8 de febrero, miércoles pasado, para “dejar libre su habitación”. Pero decidió quedarse y, a la publicación de este artículo, seguía sin desocupar su dormitorio. Otro residente en silla de ruedas y con plena lucidez, Emilio Gamella, de 63 años, fue llamado a dirección después de María y recibió una notificación semejante. Él sí se ha ido porque, asegura, no soportaba que le acusaran injustamente.

María tiene 60 años y trabajaba de secretaria en un despacho de abogados de Barcelona hasta que en 2018 se retiró por unos graves problemas musculares que la dejaron postrada en silla de ruedas. Acabó en la región de Madrid porque aquí viven un hermano suyo y varias amigas. No quería incomodar a sus cuatro hijos, ya independientes y repartidos por el mundo. La residencia de Cadalso, donde paga algo más de 1.400 euros al mes, se ajustaba a su presupuesto (la media en Madrid es 1.903 euros más IVA). Se la recomendó una amiga que conocía a Tomás, con quien había estudiado Económicas. Allí se mudó el 20 de junio del año pasado.

Cuenta que sus problemas empezaron a los dos meses. Vio cómo un cuidador “cargaba como un saco de patatas” a una mujer frágil, que reaccionó espantada. Otro día, una empleada lanzó a un sillón a una anciana, que se puso a llorar. “Como llores te parto la cara”, le respondió. María fue al despacho de una responsable. La acusaron, según relata, “de ir diciendo que la residencia era mala”.

La residencia tiene muchas carencias, según la versión de la propia María. Por ejemplo, asegura que la calefacción no funcionó durante cinco días de diciembre. O que la comida es la misma para todo el mundo, sin considerar las necesidades de residentes enfermos. Esto también lo ha confirmado por teléfono Rosa Espejo, una exempleada que trabajó en la cocina el año pasado. “Cuando se lo dije a la directora me respondió: ‘es lo que hay y punto”. Ella admite que también observó cuidados deficientes: “Dejan solos a los mayores. No les ponen los baberos...”.

El otro expulsado, Gamella, dice que, con su dulzura y empatía, María se ganó el favor de muchos mayores. “Todos los abuelitos le contaban sus historias y ella les alentaba y trasladaba sus quejas y eso a la residencia no le gustaba”, afirma. “Como yo me juntaba con ella, nos pusieron en la mira”.

“Pensamos, razonamos y decidimos. Y eso no les interesa”, añade.

Las acusaciones en su contra figuran en el documento que le entregaron el 25 de enero. Se la culpa de trato despectivo a los empleados, de difundir información falsa a familiares y terceros, de incumplir horarios o de tomar y divulgar fotos de otros residentes. Ella lo niega todo. También la acusan de ir al médico del centro de salud de Cadalso, como si por estar en la residencia hubiera perdido ese derecho.

Hostilidad “insoportable”

Decidió retar a la residencia después de recibir ese escrito. Contactó a Pladigmare, una asociación madrileña de derechos que ha combatido otras expulsiones en residencias. Su presidente, Miguel Vázquez, cree que este caso es similar al de otras residencias que se han deshecho de residentes tachados de incómodos, simplemente por tener la capacidad de defender su bienestar.

A veces, sus métodos son crueles. Hace dos años, una residencia de Madrid llamó a la policía para expulsar por la fuerza a Pilar Larena, una mujer que fue abandonada al sol de agosto en la calle. Más tarde, fue llevada de urgencias a un hospital.

Vázquez habló con la Consejería de Políticas Sociales, a la que advirtió de que la residencia incumplía el protocolo que la Comunidad elaboró tras el caso de Larena. Según ese protocolo, los afectados deben defenderse por escrito, algo que incumplió el centro. Además, la ley 11/2002, que regula las residencias en la comunidad, da a los residentes el derecho a permanecer en un centro, solo limitable por resolución judicial o administrativa. Aunque una nueva ley madrileña ha limitado ese derecho, la jurisprudencia del Constitucional ha interpretado que debe intervenir un juez siempre que alguien sea forzado a abandonar su residencia, aunque esta no sea una vivienda al uso.

Cuando llegó el día límite, a María la volvieron a llamar al despacho. Ella no se iba.

La residencia dice que va a pedir un desahucio. Su abogado, Roberto Canzobre, asegura que es su primera expulsión en 20 años. Según él, no debería darse la misma protección a María, “en régimen privado puro”, que a otros residentes que tienen plazas financiadas por la Comunidad. Muestra a este periódico una lista de 16 firmas de empleadas que, asegura, amenazan con irse si no se la expulsa. Según su versión, ella incumple la ley al tener en su dormitorio una webcam que graba a las empleadas que entran a limpiarla o asearla (María asegura que está en su derecho y lo hace porque sufrió un robo).

Pladigmare ha pedido a la consejería que paralice la expulsión y sancione a la residencia. Pero la consejería asegura a este periódico que la residencia actúa correctamente: “El estudio de la documentación remitida confirma que se cumplen los requisitos para la rescisión del contrato”, afirma un portavoz.

María dice sufrir una hostilidad insoportable: “Me ha dicho una auxiliar que la orden es que no me saluden, no me hablen, y que la que le toque asearme que me saque toda la información que pueda”. Su esperanza está en que a finales de mes un juzgado le reconozca una pensión de discapacidad, unos ingresos extra que le permitirían irse. Ha decidido hablar para ayudar a otros: “Ahí dentro hay mucha gente sufriendo. Ojalá más gente se atreva a hablar”.

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