Ruptura irreconciliable entre los doctores de primaria de Madrid y su colegio de médicos: “Es el brazo ejecutor de la Consejería de Sanidad”

Dos días pasaron entre la multitudinaria asamblea del sábado que reunió a más de 1.000 doctores de atención primaria (según el cálculo de los presentes) en el aula magna del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) para debatir sobre la situación que los tiene en huelga desde el 21 de noviembre y el comunicado “de la traición” del propio colegio de médicos. La institución pedía el lunes por la noche a través de un escrito público dirigido a los médicos que desconvocaran los paros porque daba por buenas las ofertas del Gobierno de Ayuso, cuando los representantes de la institución habían asegurado previamente ―por escrito y verbalmente― que no se posicionarían ni a favor ni en contra. 48 horas después, todo ha saltado por los aires. La ruptura entre los médicos y su colegio en estos momentos es irreconciliable.

Desafección. Indefensión. Soledad. Los doctores no escatiman en apelativos. Primero, contra la Comunidad de Madrid, que lleva sin convocar el comité de huelga desde el 2 de diciembre para avanzar en las negociaciones. Pero también critican de una forma descarnada a la institución que, consideran, debería defender sus derechos y a la que pagan de forma obligatoria entre 80 y 90 euros al trimestre si quieren ejercer la profesión. “Siempre han estado escorados, pero ahora ya se han convertido en el brazo ejecutor de la Consejería de Sanidad”, lamenta Paloma Galán, médica de familia de Móstoles, presente el sábado en aquella reunión “tensa y desagradable” en el Icomem por la postura “tibia y de perfil” que ha mantenido hasta el momento en un conflicto que viene de lejos. “Es una pena que el colegio no reme en la misma dirección que sus colegiados”, continúa Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico Amyts. Parece, insisten unos y otros, que el colegio se ha arrogado el papel negociador de un sindicato. Eso sí, sin consultar con las bases el resultado de sus pactos de despacho.

Esa sensación de hastío ya se palpaba en el ambiente el sábado, minutos antes de que comenzara una asamblea considerada histórica, aunque los propios representantes del Icomem rebajan el número de los asistentes, sin especificar cuántos afectados se reunieron. Los propios colegiados llegaron al Icomem en guardia. Una docena de los presentes con los que ha hablado este periódico describen una sala a rebosar, médicos de pie porque no cabían, muchas ganas de hablar, de aparcar la idea de que estaban politizados y de expresar por qué no pueden aceptar “las migajas” que hasta el momento ha ofrecido Sanidad. “Mira, no, ya está bien. Somos un sector que no se moviliza nunca, que siempre piensa en el bien de los pacientes. Hay más votantes de Ayuso que de ningún otro partido. Pero no quita que esto se esté haciendo fatal y que los propios médicos del PP lo digan sin tapujos”, comenta uno de ellos.

Tras tres semanas de huelga y ningún avance, lo cierto es que necesitaban poner las cartas sobre la mesa, aunque el encuentro se produjera en mitad de un puente. Amyts había mediado con el Icomem para organizarlo en alguna de sus salas. Al fin y al cabo, era “la casa de los médicos”. Hubo tensiones, tiras y aflojas y, finalmente, un pacto: se organizaría allí, pero con las reglas del propio colegio.

En ese momento empezó a correr como la pólvora un audio del vocal de la mesa de atención primaria del Icomem, Rafael C. Ortega, que animaba a todos los afectados a acudir al encuentro a expresarse libremente. A nadie se le escapaba que Ortega había formado parte de las listas del PP en Galapagar en 2011 y 2015. Y que ha sido uno de los cuatro candidatos que aspiraban a hacerse con la gerencia del Summa 112. “¿Es alguien que se va a enemistar con la Consejería de Sanidad en estos momentos? Lo dudo”, insisten los afectados.

De una forma u otra, en el audio que Ortega mandó para calmar los ánimos se lo oía prometiendo que el Icomem abriría las puertas a todo el que quisiera ir. Aseguraba que habría debate abierto y, sobre todo, que el colegio no haría después ningún comunicado a favor o en contra de la huelga porque se debía a su papel institucional y a todos las sensibilidades de sus colegiados.

Cuando comenzó el encuentro, que finalmente duró cuatro horas, los médicos recibieron a Ortega con abucheos.

―Vamos a grabar esta reunión, propuso el vocal nada más comenzar.

Y se negaron en masa. Lo que pasara ahí dentro, se quedaría ahí dentro. Él aceptó de aquella manera y cada vez que abría la boca, recibía un aluvión de abucheos a los que respondía con una media sonrisa. “La bomba estaba al caer”, admite ahora Galán. Y la bomba llegó dos días después, en forma de comunicado: “El Colegio se ha reunido con la Consejería de Sanidad para valorar el estado de las respuestas a las demandas planteadas y ha podido constatar que la Consejería ha realizado avances significativos para conseguir los estándares de excelencia que necesita la Atención Primaria”.

El Icomem ha recibido un aluvión de cartas pidiendo una rectificación. Incluso la dimisión de su presidente, Manuel Martínez-Sellés, que asumió el puesto en agosto de 2020 con un 6% de los votos y una participación del 13% de los colegiados. En él seguirá hasta 2024. “Se dijo que no se haría un comunicado tras la reunión en el colegio”, ha admitido Ortega a EL PAÍS. “Pero no que no se pueda hacer un comunicado de las gestiones posteriores que hace el colegio en beneficio de los colegiados. Faltaría más”, ha insistido. “El colegio no solo no se está planteando rectificar, sino que continúa haciendo gestiones con la Comunidad de Madrid para avanzar en mejoras concretas para los pediatras y médicos de primaria”, ha rematado.

La Comunidad de Madrid solo ha puesto sobre la mesa propuestas que ya prometió en el pasado o que en realidad son de obligado cumplimiento por imposición de Europa o del Estado: por ejemplo, el Gobierno de Ayuso ha prometido que va a renovar a los 2.000 sanitarios eventuales que acaban su contrato el 31 de diciembre 2022 y hacerlos interinos, algo a lo que en realidad está obligada por una normativa estatal si quiere mantenerlos en sus puestos; también pretende bajar la temporalidad de interinos y eventuales (otra medida impuesta por la UE); recuperar compromisos incumplidos desde 2007 (como incentivar económicamente las plazas de difícil cobertura, como las del turno de tarde) o mejorar medidas que ya se aplican (como pagar más a los médicos que atienden a más pacientes). A su vez, ha aceptado bajar la carga asistencial de los médicos de familia (de los 50 o 60 pacientes al día que ven ahora, asistirán a 34) y de los pediatras (de 50 bajarán a 24), pero no han explicado qué pasará con el paciente número 35 (o 25) en adelante. “¿Quién los atenderá? ¿Volvemos a la voluntariedad?”, ironizan. El secreto mejor guardado de Sanidad, que no responde a esa pregunta, los lleva al miedo que ha provocado una propuesta del PP valenciano a otro problema de listas de espera: cuando se superen los 50 días, serán derivados por ley a la sanidad privada.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.