Los taxistas de Madrid votan en referéndum la liberalización del sector: “Las condiciones que propone la Comunidad son tercermundistas”

Decenas de taxis entran y salen sin parar del aparcamiento del estadio Civitas Metropolitano de Madrid. En uno de los extremos, hay montados cuatro toldos verdes con mesas de plástico debajo. En cada una de ellas, un ordenador y una urna, cada vez más llena. En frente, colas de taxistas, papeleta en mano. Todos los conductores están allí por el mismo motivo: votar a favor o en contra de la liberalización del sector en la comunidad. El referéndum, organizado por principales asociaciones de taxistas, que representan al 60% del gremio, busca encontrar una postura común frente nuevo reglamento anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La normativa, que sustituye a la aprobada en 2005, propone, entre otros puntos, aumentar el número de licencias por conductor ―de tres a 50―, liberalizar los horarios y eliminar las tarifas fijas.

“Las condiciones que propone la Comunidad de Madrid no son nada buenas. Son tercermundistas”, critica Francisco Yuste, taxista de 55 años que lleva más de 30 en el sector. Yuste, que trabaja sobre todo en la periferia de la ciudad, ha votado “en contra” del aumento en el número de licencias por titular: “Aquí somos todos autónomos. Los únicos que pueden tener tantas licencias son las empresas. No vamos a poder competir con eso”. Se refiere a compañías como Uber, Cabify o Bolt, conocidas como VTC, vehículos de transporte con conductor.

En 2018, el Consejo de Ministros aprobó el llamado decreto Ábalos, impulsado por el entonces ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, y con el que se establecía un plazo de cuatro años para que los VTC dejaran de realizar trayectos interurbanos. Una vez terminado el plazo, serían las comunidades las encargadas legislar al respecto, con la condición de mantener la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. El tiempo se ha consumido y la legislación madrileña es la más laxa. Este verano, se aprobó, con los votos del PP y de Vox, una modificación en la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes que permite a los VTC seguir operando en los trayectos interurbanos. La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), que aglutina a la mayor parte del sector, ha presentado un recurso a la norma de la ante el Tribunal Constitucional. Todavía no hay nuevo reglamento para los servicios de transporte público urbano, pero sus líneas generales fueron avanzadas a principios de año.

La federación considera que la normativa que defiende el Gobierno de Ayuso ofrecerá más ventajas a los VTC en detrimento de las condiciones de los taxistas. Uno de los perjuicios es la propuesta de ampliar el horario de trabajo a las 24 horas los 365 días del año. “Rompe una estructura que funciona desde hace décadas. Ahora los horarios son de 16 horas con dos días libres a la semana. Si nos permiten trabajar todo el día, habrá más taxis en la calle para el mismo número de personas. Eso es menos trabajo”, se queja Julio Sanz, presidente de la FPTM.

Boli en mano y en cinco filas, el goteo de taxistas es constante desde que se han montado los toldos para la votación a las nueve de la mañana. Están convocados a las urnas unos 16.000 titulares de licencia y 5.500 asalariados y autónomos colaboradores (aquellos que conducen un vehículo, pero no tienen la licencia). Las urnas estarán abiertas este jueves y viernes hasta las ocho de la tarde y los conductores solo necesitan el DNI y número de licencia para participar. Unos, los titulares, rellenan una papeleta blanca con cuatro cuestiones: la desregulación de las tarifas, mantener el régimen de libranza, los horarios de 24 horas y el aumento de licencias. “¿Está usted a favor?”, y dos cuadrados: sí o no. Otros, los asalariados y colaboradores, rellenan una papeleta azul y solo reflejan su postura sobre horarios y días libres. Los votos de ambos grupos también se registran en un ordenador, para evitar que los conductores acudan dos veces a las urnas.

Elena Sánchez, de 47 años, ha marcado la casilla del no. “Todo se nos va a complicar. La mayoría estamos intentando llevar el pan a casa. No podemos estar todos en la calle a la vez porque así no hay negocio. Es trabajar más horas para ganar menos” opina Sánchez, titular de una licencia desde 2016, “por herencia”. El taxi que conduce es de su hermano y es más grande de lo normal, porque está habilitado para llevar a personas en silla de ruedas. “Él lo cogió cuando se jubiló y se empeñó en que tenía que ser así”, recuerda. Su hermano falleció hace unos años y ahora ella lo conduce “en su honor”. Aunque ha venido a votar, no tiene esperanza en que el resultado sirva para cambiar las cosas: “Acabaremos en manos de grandes empresas”.

La mayoría de papeletas a pie de urna son como la de Sánchez y Yuste. Es difícil encontrar a alguien de las asociaciones a favor del nuevo reglamento, que representan a un 38% de los taxistas según el presidente de la FPTM, que insiste en que todos están convocados a reflejar su postura, sea cual sea. El recuento de votos está previsto que termine la madrugada del sábado, pero la sensación generalizada es una victoria del no a la liberalización del sector. Jesús Fernández, vicepresidente de la federación, considera fundamental el referéndum: “Es una consulta a todo el colectivo, para recuperar la representatividad, porque la comunidad no dialoga. El sector, en general, lo que pide es que se regularicen los VTC ¿Cómo va a competir un taxista de Getafe con una multinacional como Uber?”.

“No vamos a aumentar ganancias y, si lo hacemos, será a costa de trabajar más horas”, lamenta Raúl Hernández, taxista de 25 años. Es crítico con lo que dijo la presidenta regional al anunciar la propuesta de liberalización del sector. Entonces, Ayuso aseguró que, con los cambios en la normativa, los conductores de taxi “podrían recaudar un 60% más” de lo que cobran y que se crearían más empleos. “Por más que tengas más tiempo, la oferta no va a crecer. Solo empeora la calidad del servicio de taxi”, señala Hernández. Es titular de dos licencias, ambas heredadas de su padre el pasado julio, y considera que regular horarios, licencias y, sobre todo, tarifas, es una forma de “proteger” al usuario: “Es como si subes al autobús y te cuesta más porque hay más gente”. Él ya ha dejado la papeleta en la urna y tiene que volver al taxi para seguir con la jornada.

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