El negocio ruinoso de Madrid: vende edificios para hacer caja y en ocho años ya se ha gastado el 54% en alquileres

La Comunidad de Madrid ha gastado 69,3 millones de euros desde 2014 en pagar el alquiler de ocho edificios que vendió el Gobierno de Ignacio González, y en los que la Administración ha seguido operando como arrendataria del comprador. Se trata de una operación inmobiliaria ruinosa. Primero, porque afectó a inmuebles emblemáticos. Segundo, porque la salida del patrimonio autonómico supuso una descapitalización del sistema público. Y tercero, porque la apuesta por vender edificios para luego operar desde ellos a cambio de un alquiler ha provocado que la Administración se haya gastado en menos de 10 años el 54% de lo que ingresó. El Gobierno regional percibió 128.469.346 euros con las compraventas y habrá pagado 69.344.550,05 en alquileres cuando acabe 2022, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia.

Carrera de San Jerónimo. Chamberí. Gran Vía. Zurbano. Cuando los edificios públicos salen a subasta, en 2013 y 2014, despiertan inmediatamente el apetito de los inversores. Están en algunas de las calles más solicitadas en la capital, y el mercado inmobiliario al completo sabe que la Comunidad necesita vender como sea.

“No tenemos ni un puto duro”, había dicho ya en 2011 la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en un desliz que retrata una época de angustias presupuestarias derivadas de la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, su sucesor al frente del Gobierno regional, Ignacio González, tiene claro cómo salir del agujero.

Vende, por ejemplo, una promoción de 2.935 viviendas públicas por 201 millones. Saca al mercado múltiples propiedades públicas diseminadas por toda la región. Y, finalmente, da una doble pirueta con varias de ellas, que la Comunidad quiere seguir usando tras venderlas. En el argot inmobiliario se dice sale and lease back, aunque lo habitual es incluir una opción de recompra. Es decir, el Gobierno regional cobrará del comprador con una mano, y con la otra le irá devolviendo el dinero año a año en forma de alquiler. Para los inversores, un caramelo. Para la Administración, un negocio ruinoso.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya se ha gastado 17.472.163,81 millones de euros en alquilar el edificio de Vía Lusitana 21 que le vendió en mayo de 2014 a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid por 16.697.836 euros. Dicho de otra forma: la Administración ya se ha gastado en alquilar un edificio que era suyo 774.000 euros más de lo que ingresó por venderlo.

No parece que vaya a ser un caso único. Cuatro edificios más de los ocho vendidos para luego alquilarlos llevan el mismo camino: en tres la Comunidad ya se ha gastado en arrendamientos cerca del 60% de lo que ingresó hace menos de una década, y en uno ha llegado al 50%. El Ejecutivo no aclara cuánto tiempo más seguirá de alquiler en estas condiciones, pero documentación a la que accedió EL PAÍS refleja que está contractualmente comprometida a permanecer en uno de ellos hasta 2027. Tiempo de sobra para el pelotazo de los compradores.

Además, un noveno edificio fue vendido en 2014 por 17,9 millones y bajo la misma fórmula de venta y alquiler. La Administración no ha detallado cuánto se ha gastado en su arrendamiento, con el argumento de que el alquiler de las instalaciones de la calle ce Embajadores 181 no las paga la Comunidad directamente, sino una entidad dependiente (la Agencia para la administración digital de la Comunidad de Madrid). Las cuentas del arrendador, consultadas por este diario, reflejan unos ingresos por alquiler en ese inmueble que rondan el millón y medio de euros anual, lo que elevaría la factura total de Madrid por usar edificios que eran suyos, y vendió, hasta casi 86 millones, cerca del 60% de lo que ingresó.

—¿Por qué prefiere la Comunidad pagar estos alquileres en edificios que eran suyos en lugar de mudar esas dependencias a otros edificios sin uso y de propiedad pública por los que no tendría que pagar nada?

—¿Qué ventajas tiene para la Administración pagar el alquiler de edificios que eran suyos, lo que está permitiendo al comprador de los mismos recuperar su inversión?

—¿Cuántos años más se plantea seguir pagando estos alquileres?

—¿Qué valoración se hace de la pérdida patrimonial que ha supuesto a todos los madrileños perder estos edificios?

—¿Considera el actual Gobierno que la decisión de venta y alquiler que tomó el Ejecutivo de Ignacio González responde a los principios de eficiencia y eficacia?

Esta es la respuesta de la Administración a esas cinco preguntas: “Actualmente, la Comunidad de Madrid no dispone de edificios de titularidad pública que reúnan las características adecuadas para albergar la sede de organismos oficiales como una consejería”, justifica un portavoz gubernamental. “En el caso de los arrendamientos, la Comunidad de Madrid realiza siempre una intensa labor de búsqueda de los espacios más adecuados por su ubicación, y precio”.

Desde que Madrid vendió los edificios para luego quedarse dentro, muchas cosas han cambiado. Ha habido cuatro presidentes autonómicos nuevos, todos del mismo partido, el PP: Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, el interino Pedro Rollán, e Isabel Díaz Ayuso. La región ha vivido su primer Ejecutivo de coalición, el que formaron el PP y Cs entre 2019 y 2021. Y ha dado tiempo para que la crisis que provocó aquellas ventas diera paso a un periodo de relativa bonanza que ahora de nuevo deja paso a una nueva crisis provocada por la invasión de Ucrania por Rusia. Sin embargo, en medio de todos esos cambios, la política de permitir al comprador recuperar su inversión gracias a los pagos del alquiler ha seguido inmutable salvo en tres casos.

Así, por los inmuebles de la primera planta de Zurbano 56, solo se pagaron tres anualidades, que fueron cuatro en el caso de Gran Vía 18, y seis en el de Gran Vía 20. En el resto de edificios, la Comunidad sigue pagando a particulares por usar lo que antes era suyo, y como suyo, de todos los madrileños.

Metodología. Los edificios estudiados son aquellos en los que la Comunidad de Madrid figuraba como arrendataria en un contrato de arrendamiento con una empresa pública en el momento de la compraventa, y la sociedad compradora pasó a ser la nueva arrendadora por subrogación. La información del precio de compraventa y la cifra desembolsada por la Comunidad de Madrid en alquileres ha sido facilitada por la Dirección General de Patrimonio. Las cantidades pagadas por alquiler se han reducido proporcionalmente en aquellos años en los que la compraventa se produjo a mitad de año.

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