La falta de ayudas municipales lastra la retirada del amianto en las viviendas de Madrid

En la azotea de uno de los bloques del barrio de San Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal, hay un cartel que recomienda llevar mascarilla. No es por la covid, sino por la presencia de una sustancia cancerígena que preocupa a los residentes: “Al pisar el suelo se levanta mucho polvo y puede contener amianto”. Desde allí se observan los tejados repletos de placas de uralita. Son tres mancomunidades que suman 582 viviendas, construidas en 1981. Cuarenta años después, los vecinos intentaron acogerse al plan del Ayuntamiento para recibir las ayudas para rehabilitar los edificios. Pero les faltaba un año para cumplir la antigüedad requerida para conseguir la cuantía máxima. Algunos de ellos han ido poniendo parches al problema en los últimos años. “Hemos tenido que ir reparando el tejado con tela asfáltica y pintura por nuestra cuenta”, comenta el vecino Pedro García, de 73 años.

Para ser declarada zona de especial transformación urbana y obtener el 75% de la subvención (10.000 euros por vivienda), la edificación debía ser anterior a 1980, según el Plan Rehabilita Madrid de 2020. “Aunque nosotros lo quitemos, si en el barrio hay más también nos afecta porque las esporas se extienden y lo respiramos todos”, añade el madrileño. El piso de García se encuentra en una de las comunidades afectadas, que salvaguarda un patio central circular, atestado por malas hierbas y grafitis que decoran las paredes de cemento. “Con el 40% de ayudas en este barrio la gente no se puede pagar la obra”, explica García, que junto a sus compañeras de la asociación vecinal recorre el barrio portal por portal con el fin de averiguar dónde hay uralita. Durante meses de mapeo, explican que han surgido nuevos casos que no tenían controlados. Como el de Nuria Serrano, de 41 años, que explica su resquemor: “Queremos deshacernos de la uralita porque afecta a nuestra salud”.

“Te da miedo que cause un cáncer”, lamenta María Jesús Peña, de 55 años, que vive en un cuarto piso con su marido y sus dos hijos, sobre el tóxico que tiñe su tejado. La madrileña pidió presupuesto a una empresa especializada para quitarlo en su edificio: 42.000 euros. Pero ni ella ni sus vecinos podían desembolsar el dinero para aprobar la derrama, ya que muchos de ellos son pensionistas.

La escasez de recursos para financiar el desamiantado se extiende a otros distritos de la capital. Una situación similar viven en el Poblado Dirigido de Fuencarral, que cuenta con un centenar de viviendas con uralita construidas en los años cincuenta. Fernando Martín, presidente de la Asociación Familiar Ur, explica que, al vivir en una zona protegida, los trámites administrativos para conseguir las ayudas se complican: “Es muy caro hacer las cosas aquí. Si alguien ha hecho una ventana más grande y tú quieres acceder al plan, como tienes que pedir permiso, te exigen que vuelvas a cambiar la dimensión de la ventana”. Y alerta de que se trata de un problema de salud pública porque las fibras de los tejados se están deteriorando.

“La uralita de las planchas de fibrocemento, que se colocaron hasta los años ochenta, empieza a rajarse. El polvo cancerígeno se escapa y tú lo respiras. Es ahora cuando empieza a ser un auténtico peligro. Hay barrios en el que la uralita es visible en las fachadas y otros que tienen amianto en las bajantes de los edificios, que está más extendido y es más difícil de detectar. Sería muy necesario tener un mapa y un diagnóstico para poder operar”, explica Vicente Pérez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que lleva reclamándolo desde 2018. Ante la ausencia de datos oficiales que registren el número de viviendas con uralita en la capital, la organización recoge los reclamos de los vecinos que quieren deshacerse del tóxico que cubre sus casas. A las de Ciudad Lineal y Fuencarral, se suman otras 180 en Vicálvaro, según los residentes.

En estos bloques, levantados en la calle de Villablanca hace tres décadas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), hay placas de uralita que están agujereadas. “El problema es que la incidencia de cáncer en estas viviendas es muy alta. Y sigue creciendo. No tenemos manera de demostrar que hay una relación directa con el amianto, pero es evidente que es uno de los factores que está agravando la situación”, denuncia Jesús María Pérez, de 64 años. El vecino cuenta que en 2019 se llegó a un acuerdo con la gerencia del organismo para llevar a cabo una obra de sustitución de los tejados.

Tres años después, no se han acometido ninguna de las actuaciones prometidas. “Hace un mes tuvimos una reunión con ellos y quedamos en que nos mandarían el presupuesto. Pero ya no nos fiamos. Cada vez que hay un cambio de gerencia, hay que empezar de cero”, se queja el residente. Ahora, están a la espera de la redacción del proyecto para pedir las subvenciones al Consistorio: “No se ha podido solicitar porque no está en marcha el proyecto de rehabilitación”.

Aunque no existe un plan específico para el desamiantado de viviendas, las comunidades de vecinos pueden solicitar subvenciones para acometer obras de rehabilitación. Desde el Área de Vivienda avanzan que tienen actuaciones previstas tanto en el barrio San Pascual como en el Poblado Dirigido de Fuencarral para final de mandato. “En Vicálvaro dependerá de las solicitudes que haya en la convocatoria 2022 porque en las anteriores no hubo ninguna”, explica una portavoz. Tampoco hay un registro que permita esclarecer los datos de desamiantado por distritos hasta la fecha. Pero, según el Consistorio, la uralita se ha retirado en 3.000 viviendas con las subvenciones del Plan Adapta en dos años. Del Metro a los colegios públicos de Madrid, la preocupación por la uralita se extiende hasta meterse dentro de las casas de los vecinos de los barrios madrileños, que esperan subvenciones para deshacerse de la sustancia cancerígena que tienen encima.

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